El fiscal del caso indicó que existen pruebas y méritos para asegurar que el actual gobernador del departamento de Amazonas, que ejerció también a mediados de la década pasada, celebró 68 contratos y 49 órdenes sin haber convocado a licitación pública, todos para la reparación de una misma carretera.
Al parecer Felix Acosta Soto habría fraccionado el contrato para la reparación de la carretera Leticia-Tarapacá, que en total valía $1000 millones, en 68 contratos y 49 órdenes, los primeros con un valor cercano a los $15 millones y las segundas costando algo menos de $60 millones. Según Invías, subrayó el fiscal delegado, esa obra sólo podía haberse dividido, a lo sumo, en 2 tramos, y no 68 como lo hizo Acosta.
En 1999 fue la Contraloría la que denunció las presuntas irregularidades, y posteriormente la Fiscalía hizo la acusación en contra del gobernador, por el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo.
"La fiscalía cree sin duda en grado de certeza, que fueron desconocidos los requisitos, por ejemplo el de la licitación pública. La contratación pública no es una aventura, es el resultado de un proceso reglado y sometido al principio de legalidad", le dijo el Fiscal a los magistrados de la Sala Penal, con ponencia de Javier Zapata.
"Esa suma supera de manera abismal el monto que para entonces podía contratar por menor cuantía, que en ese entonces era de 29 millones. La superación de la menor cuantía no solo se provoca el monto total, sino también de la multiplicidad de contratos para lograr la incursión del mismo", puntualizó en últimas el Fiscal, que pidió sentencia condenatoria para Félix Francisco Acosta.
La Fiscalía indicó de igual forma que no es admisible la excusa del gobernador de justificar el fraccionamiento del contrato en su intención "altruista" de generar empleo, porque por encima de todo están las reglas de contratación pública.
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Por El Espectador
