Fiscalía pide cárcel para expresidente de Reficar por posible obstrucción a la justicia
Reyes Reinoso Yáñez, que fue presidente de la refinería entre 2012- 2016, es investigado por hechos se relacionan con irregularidades registradas en los estados financieros entregados y firmados en desde el año 2013 al 2015.
Redacción Judicial
Por ser el presunto autor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y varios concursos de falsedades ideológicas en documento público, la Fiscalía General de la Nación pidió al Juzgado 16 Penal Municipal de Bogotá, con función de garantías, privar de la libertad de manera preventiva al expresidente de la Refinería de Cartagena, Reyes Reinoso Yáñez.
Yañez, que fue presidente de la refinería entre 2012- 2016, es investigado por hechos se relacionan con irregularidades registradas en los estados financieros entregados y firmados en desde el año 2013 al 2015.
De la misma manera, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez imponer medida de aseguramiento en un centro carcelario contra el empresario estadounidense Massoud Deudehban, quien para la época de los hechos fungía como representante legal CB&I., presuntamente involucrado en el desfalco a Reficar a través de la modernización de su infraestructura, en la cual se ocasionaron sobrecostos por un valor superior a los $610.140 millones. Lea también: Cúpula de Reficar se declaró inocente por millonarios sobrecostos de la refinería
“Existió el direccionamiento de la contratación para beneficiar a CB&I, violando el régimen de contratación aplicable para la época, no obstante de entidad pública con recursos de los colombianos”, agregó el delegado de la Fiscalía General.
Para tomar la decisión, el fiscal del caso mostró en audiencia pública una serie de audios y declaraciones de testigos que los involucran aparentemente en los hechos anteriormente anotados.
En el mismo sentido, el ente acusador pidió privar de la libertad al vicepresidente jurídico, Felipe Arturo Laverde Concha, quien responderá en juicio penalmente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros e enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
En contexto: Reficar, el desfalco del siglo
Según informó la fiscalía en un comunicado, "estas personas podrían incurrir en obstrucción a la justicia y el evidente riesgo de no comparecer al llamado de la administración de justicia por la gravedad y cantidad de los delitos".
De otro lado, ante el juez de garantías le fue pedida la restricción de la libertad al expresidente de Reficar S.A. Orlando José Cabrales. A su turno en juicio deberá responder el miembro de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales Navarro, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Los empresarios están vinculados a la investigación por la suscripción de dos contratos, acuerdos y enmiendas con la firma CB&I, supuestamente, sin el cumplimiento de los requisitos legales de contratación administrativa y estatal, en hechos ocurridos desde el 20 de enero de 2009 hasta diciembre de 2010.
Es decir, los señores Cabrales, Laverde Concha y Rosales Navarro no verificaron el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato EPC de 2007, toda vez que no lo liquidaron como debió ser de acuerdo con la ley de contratación estatal, según evidencia la investigación.
El juzgado programó para el 14 y 15 de noviembre del año en curso las audiencias para definir la petición del ente acusador.
Por ser el presunto autor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y varios concursos de falsedades ideológicas en documento público, la Fiscalía General de la Nación pidió al Juzgado 16 Penal Municipal de Bogotá, con función de garantías, privar de la libertad de manera preventiva al expresidente de la Refinería de Cartagena, Reyes Reinoso Yáñez.
Yañez, que fue presidente de la refinería entre 2012- 2016, es investigado por hechos se relacionan con irregularidades registradas en los estados financieros entregados y firmados en desde el año 2013 al 2015.
De la misma manera, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez imponer medida de aseguramiento en un centro carcelario contra el empresario estadounidense Massoud Deudehban, quien para la época de los hechos fungía como representante legal CB&I., presuntamente involucrado en el desfalco a Reficar a través de la modernización de su infraestructura, en la cual se ocasionaron sobrecostos por un valor superior a los $610.140 millones. Lea también: Cúpula de Reficar se declaró inocente por millonarios sobrecostos de la refinería
“Existió el direccionamiento de la contratación para beneficiar a CB&I, violando el régimen de contratación aplicable para la época, no obstante de entidad pública con recursos de los colombianos”, agregó el delegado de la Fiscalía General.
Para tomar la decisión, el fiscal del caso mostró en audiencia pública una serie de audios y declaraciones de testigos que los involucran aparentemente en los hechos anteriormente anotados.
En el mismo sentido, el ente acusador pidió privar de la libertad al vicepresidente jurídico, Felipe Arturo Laverde Concha, quien responderá en juicio penalmente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros e enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
En contexto: Reficar, el desfalco del siglo
Según informó la fiscalía en un comunicado, "estas personas podrían incurrir en obstrucción a la justicia y el evidente riesgo de no comparecer al llamado de la administración de justicia por la gravedad y cantidad de los delitos".
De otro lado, ante el juez de garantías le fue pedida la restricción de la libertad al expresidente de Reficar S.A. Orlando José Cabrales. A su turno en juicio deberá responder el miembro de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales Navarro, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Los empresarios están vinculados a la investigación por la suscripción de dos contratos, acuerdos y enmiendas con la firma CB&I, supuestamente, sin el cumplimiento de los requisitos legales de contratación administrativa y estatal, en hechos ocurridos desde el 20 de enero de 2009 hasta diciembre de 2010.
Es decir, los señores Cabrales, Laverde Concha y Rosales Navarro no verificaron el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato EPC de 2007, toda vez que no lo liquidaron como debió ser de acuerdo con la ley de contratación estatal, según evidencia la investigación.
El juzgado programó para el 14 y 15 de noviembre del año en curso las audiencias para definir la petición del ente acusador.