Fiscalía pide imputar a directivos de Odebrecht así ellos no se presenten a la audiencia
Los implicados son Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Antonio Martonelli, Luiz Bueno Junior (presidente de Odebrecht en Colombia), Luiz Darocha Soarez, Yesid Arocha (representante legal en Colombia), Amilton Hideaki Senday, Luiz Batista Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenes y Luiz Claudio Texeira.
Ocho meses después de que el exfiscal general Francisco Barbosa anunciara que iba a imputar cargos a los directivos de Odebrecht, hoy por fin la nueva administración del ente investigador llamó a los estrados judiciales a 11 exdirectivos de la corrupta multinacional brasilera Odebrecht. En la mañana de este 22 de abril, el ente investigador le pidió a un juez que los declarara en contumacia.
Es decir, que se les pudiera imputar cargos por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir así ellos ya fueran debidamente notificados y no se hayan presentado a la audiencia.La audiencia se realizó de manera reservada, aún no se sabe por qué motivos, pero el próximo 26 de abril se conocerá la decisión del juez.
Los implicados en este asunto, que por fin avanza luego de 7 años de haber estallado el escándalo, son Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Antonio Martonelli, Luiz Bueno Junior (presidente de Odebrecht en Colombia), Luiz Darocha Soarez, Yesid Arocha (representante legal en Colombia), Amilton Hideaki Senday, Luiz Batista Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenes y Luiz Claudio Texeira.
La línea de investigación anunciada por la Fiscalía se basa en un asunto que era más que conocido desde 2017, cuando estalló el escándalo: Desde la sede de Odebrecht en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, el cual se dedicó a distribuir en distintos niveles los sobornos con los que lograban adueñarse de grandes proyectos de infraestructura y financiar campañas políticas en Colombia y Latinoamérica.
Según el ente investigador, en el caso colombiano, el dinero se movió a través de las compañías Klienfield Services Limited y Intercorp Logistics Ltd, empresas off shore de Odebrecht.
La decisión es clave porque desde que estalló el escándalo había claros indicios de que los empresarios de Odebrecht en Colombia fueron pieza clave en la red de corrupción. En 2019, Leonardo Espinosa, el entonces fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, fue uno de los primeros en advertir sobre el papel clave de los ejecutivos de Odebrecht y en cuestionar por qué nunca se les imputó cargos.
Lea además: Odebrecht debe pagar $305.000 millones en impuestos por corrupción: DIAN
El primer gran entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia habría sido la suscripción del contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol II, suscrito el 14 de enero de 2010 por valor de 2 billones de pesos. Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 Odebrecht logró a través de dos congresistas firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindo beneficios tributarios por más de 145.000 millones de pesos en tres años.
Ya en desarrollo del proyecto, según la Fiscalía, nuevamente buscaron la manera de modificar las condiciones contractuales iniciales. Es así como entre los años 2013 y 2014 se suscriben 10 otrosíes. Con dos de ellos, se aprobó la construcción del tramo Ocaña – Gamarra, obra ilegal por no formar parte del objeto inicial y con los restantes se determinó brindar flujo de caja; es decir, eliminar y adicionar obras. En este contexto y durante cinco años, de acuerdo con la investigación, la multinacional Odebrecht se habría apropiado de recursos públicos, destinados para el pago de dádivas por 80.000 millones de pesos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Ocho meses después de que el exfiscal general Francisco Barbosa anunciara que iba a imputar cargos a los directivos de Odebrecht, hoy por fin la nueva administración del ente investigador llamó a los estrados judiciales a 11 exdirectivos de la corrupta multinacional brasilera Odebrecht. En la mañana de este 22 de abril, el ente investigador le pidió a un juez que los declarara en contumacia.
Es decir, que se les pudiera imputar cargos por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir así ellos ya fueran debidamente notificados y no se hayan presentado a la audiencia.La audiencia se realizó de manera reservada, aún no se sabe por qué motivos, pero el próximo 26 de abril se conocerá la decisión del juez.
Los implicados en este asunto, que por fin avanza luego de 7 años de haber estallado el escándalo, son Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Antonio Martonelli, Luiz Bueno Junior (presidente de Odebrecht en Colombia), Luiz Darocha Soarez, Yesid Arocha (representante legal en Colombia), Amilton Hideaki Senday, Luiz Batista Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenes y Luiz Claudio Texeira.
La línea de investigación anunciada por la Fiscalía se basa en un asunto que era más que conocido desde 2017, cuando estalló el escándalo: Desde la sede de Odebrecht en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, el cual se dedicó a distribuir en distintos niveles los sobornos con los que lograban adueñarse de grandes proyectos de infraestructura y financiar campañas políticas en Colombia y Latinoamérica.
Según el ente investigador, en el caso colombiano, el dinero se movió a través de las compañías Klienfield Services Limited y Intercorp Logistics Ltd, empresas off shore de Odebrecht.
La decisión es clave porque desde que estalló el escándalo había claros indicios de que los empresarios de Odebrecht en Colombia fueron pieza clave en la red de corrupción. En 2019, Leonardo Espinosa, el entonces fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, fue uno de los primeros en advertir sobre el papel clave de los ejecutivos de Odebrecht y en cuestionar por qué nunca se les imputó cargos.
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El primer gran entramado de corrupción de Odebrecht en Colombia habría sido la suscripción del contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol II, suscrito el 14 de enero de 2010 por valor de 2 billones de pesos. Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 Odebrecht logró a través de dos congresistas firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindo beneficios tributarios por más de 145.000 millones de pesos en tres años.
Ya en desarrollo del proyecto, según la Fiscalía, nuevamente buscaron la manera de modificar las condiciones contractuales iniciales. Es así como entre los años 2013 y 2014 se suscriben 10 otrosíes. Con dos de ellos, se aprobó la construcción del tramo Ocaña – Gamarra, obra ilegal por no formar parte del objeto inicial y con los restantes se determinó brindar flujo de caja; es decir, eliminar y adicionar obras. En este contexto y durante cinco años, de acuerdo con la investigación, la multinacional Odebrecht se habría apropiado de recursos públicos, destinados para el pago de dádivas por 80.000 millones de pesos.
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