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La Fiscalía le solicitó al Tribunal Superior de Bogotá precluir la investigación que se venía adelantando contra Lilyan Jhoana Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao en Bogotá. Ella fue la responsable de otorgar la libertad de dos de los integrantes de la denominada Primera Línea, luego de que en diciembre de 2022 ordenara la libertad de Santiago Márquez y Adriana Bermeo, que posteriormente fueron nombrados como gestores de paz, por el gobierno de Gustavo Petro.
Por su decisión, la Procuraduría de Margarita Cabello interpuso una denuncia por los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública. Sin embargo, casi diez meses después, la Fiscalía General de la Nación solicitó ante el Tribunal una audiencia para pedir cerrar la investigación.
El fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá argumentó ante el Tribunal que había “atipicidad del hecho investigado”, es decir, que los hechos denunciados no configuran ningún delito por parte de la funcionaria Bastidas.
En su momento, el fiscal general Barbosa, fue uno de los más fervientes en denunciar la decisión de Bastidas y exigió explicaciones públicas sobre por qué en un caso posterior sí tomó la decisión de convocar a la respectiva audiencia de control de garantías. Sin embargo, ahora uno de sus funcionarios se echó para atrás y pide que la investigación contra la jueza se cierre.
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