A esta hora el director de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, y el jefe (e) de ese ente acusador, Guillermo Mendoza Diago, dilucidan la posibilidad de suspender todas las labores de exhumación que se vienen adelantando a lo largo y ancho del país, ante la falta de garantías de seguridad que enfrentan los funcionarios encargados de esta labor.
De hecho, el organismo ya ordenó la para de actividades de esa naturaleza en los departamentos de Antioquia y Nariño, tras la presencia latente de grupos armados al margen de la Ley que amenazan la vida y la integridad de médicos forenses y otros servidores comisionados para adelantar tales diligencias.
La decisión se produjo luego de que una delegación de Justicia y Paz fuera objeto de un atentado el sábado anterior, cuando se disponía a recuperar los despojos mortales de un grupo de víctimas del paramilitarismo en el departamento de Antioquia.
Durante la acción armada murió un agente de Policía judicial que acompañaba a la delegación, luego de que un grupo de guerrilleros del quinto frente de las Farc abrieran fuego en contra de la camioneta en la cual se movilizaban.
En el hecho también resultaron heridos un agente del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, y otro más de la Policía Nacional.
El hecho se produjo en la vereda Armenia, camino al municipio de Dabeiba, Antioquia, donde fue identificada la ubicación de una fosa común con los restos de vecinos de la zona que fueron desaparecidos desde hace varios años por grupos paramilitares.
Este es el cuarto atentado del que son blanco integrantes de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, y de ahí la preocupación que invade al jefe (e) del organismo, Guillermo Mendoza Diago, señaló RCN La Radio en la mañana de este martes.