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Sobre el mediodía de este martes 9 de junio, la Fiscalía General radicó un escrito de acusación en contra del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, por el delito de tráfico de influencias en servidor públicos. Dentro de otras cosas, a Roa se le investiga por la compra de un lujoso apartamento ubicado al norte de Bogotá y la presunta orden de amarrar contratos a favor de quien se lo vendió. El ente investigador está a la espera de que el caso sea repartido a un juzgado y se fije audiencia.
Roa fue imputado el pasado 11 de marzo ante el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá. La diligencia se adelantó virtualmente, después de varios intentos fallidos de imputarlo en fechas anteriores. Según la fiscal Claudia Emilia Garrido, el caso se remonta al año 2024, cuando Roa ya había sido nombrado presidente de Ecopetrol y Luis Enrique Rojas estaba al frente de Hocol, una filial de la empresa estatal que se dedica a actividades de extracción de petróleo y gas natural en el país.
Para esa fecha, dice el ente, estaban ocurriendo dos movidas de forma simultánea. Por un lado, Roa estaba negociando la compra de un apartamento en el edificio Entreparques, ubicado en el exclusivo sector del barrio El Chicó, en Bogotá. El inmueble era propiedad de la empresa Princeton International Holding y estaba avaluado en más de COP 2.700 millones para esa época.
De acuerdo con el ente investigador, el intermediario de ese negocio, de acuerdo con la Fiscalía, habría sido Juan Guillermo Mancera, por medio de la empresa Innova Mercadeo. Él habría sido el encargado de negociar con Roa y pactar la venta del apartamento en solo COP 1.800 millones. Al mismo tiempo, una de las filiales de Hocol, estaba negociando la operación del proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira.
Mancera, representante de Innova Mercadeo y quien negoció el apartamento con Roa, también era para entonces el representante legal de la empresa Gaxi SA ESP, interesada en hacerse al proyecto de Ecopetrol y Hocol en La Guajira. Según la Fiscalía, Roa le habría dado la instrucción el entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, para que direccionara ese contrato hacia la empresa representada por Mancera.
Su hipótesis apunta a que la indicación se la habría dado en dos oportunidades. La primera, en un encuentro en un restaurante en Bogotá; y la segunda, durante una reunión privada en las oficinas de Ecopetrol. Hocol y Gaxi incluso alcanzaron a firmar un memorando de entendimiento sobre ese negocio, pero en abril de 2025, Ecopetrol ordenó suspender la operación del proyecto de La Guajira.
La imputación fue criticada por el abogado Juan David León Quiroga, defensor de Roa, quien alegó que no era clara y que no estaba definido el presunto rol del presidente de Ecopetrol en los hechos. Sin embargo, el juez avaló la imputación y, al preguntarle al presidente de Ecopetrol si aceptaba o no los cargos, lo negó: “Su señoría, no acepto los cargos y me declaro inocente”.
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