El juez 65 de control de garantías reprogramó para el próximo 9 de septiembre la audiencia de imputación de cargos contra el exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo; al exsecretario de prensa César Mauricio Velásquez y los abogados Sergio Augusto González y Diego Álvarez Betancourt por su presunta participación y conocimiento en las actividades ilegales adelantadas por agentes del DAS en contra de un grupo de personas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Esto tras hacer las averiguaciones para hacer la conexión con Roma (Italia) para realizar la diligencia vía teleconferencia con Cesar Mauricio Velásquez, quien vive allá desde hace cinco años. El despacho judicial avaló la solicitud del abogado del indiciado quien manifestó que su cliente tiene el interés para participar en la misma, sin embargo le queda imposible venir a Colombia por compromisos académicos.
La fiscal octava delegada ante la Corte Suprema le imputará los cargos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y peculado por apropiación. Mientras que los otros tres indiciados tendrán que responder por los cargos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
A su salida de la fallida diligencia judicial el exsecretario jurídico de la Presidencia leyó un comunicado en el cual manifiesta que no entiende las razones de esta imputación de cargos puesto que en junio 2009 la Fiscalía General archivó la investigación después de escucharlo en interrogatorio.
“Con sorpresa recibí la noticia de que después de más de 7 años de esa reunión, la Fiscalía reabre el caso sin nuevos elementos más allá de los estudiados y lo hace con audiencia de imputación de cargos. Sin embargo, sigo siendo respetuoso del Estado de Derecho y confío plenamente en la justicia de nuestro país”.
Del Castillo aseguró que desde un principio sus actuaciones en la reunión registrada en abril de 2008 en la Casa de Nariño con la presencia del excomandante paramilitar Antonio López Jiménez, alias ‘Job’ y el abogado Diego Álvarez, defensor de confianza de Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
“Ésta (reunión) se realizó por solicitud de dicho abogado, quien argumentó que tenía información que, al parecer, era muy importante en términos legales para el gobierno (…) A la reunión llegó el abogado Álvarez en compañía del señor Antonio López Jiménez, conocido con el alias de ‘Job’, sin que en mi calidad de Secretario Jurídico de la Presidencia hubiera sido notificado con antelación”, señaló el exfuncinario.
Recordó además que por estos mismos hechos se archivó la investigación disciplinaria adelantada por Procuraduría General en noviembre de 2013. “Como ciudadano y como funcionario público, siempre he actuado bajo el ordenamiento legal y cumpliendo fielmente con la Constitución colombiana”.
Por Redacción Judicial
