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La Fiscalía General abrió una investigación preliminar para determinar los alcances de los indultos y amnistías otorgados a los guerrilleros del M-19. El jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre Lynett aseguró que el caso es complejo debido a la cantidad de problemas jurídicos que se presentan.
En rueda de prensa el jefe del ente acusador que la indagación tiene como objetivo “establecer cuáles fueron las decisiones de indulto y amnistía que se tomaron en el caso del M-19, cuáles fueron las decisiones de preclusión y cesación de procedimiento que se presentaron en la época (…) la decisión apunta a establecer los alcances de la cosa juzgada frente al M-19, vamos a determinar y buscar todos los actos administrativos que se emitieron”.
Aseguró que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no pueden recibir ningún tipo de beneficio jurídico hecho por el cual se deben analizar todos los casos que existen en contra de miembros del M-19 para establecer responsabilidades penales. Por esto se ordenó trasladar todos los procesos para verificar la situación jurídica.
“El caso del M-19 no ha sido cerrado aún por la justicia colombiana”, precisó el Fiscal General al citar el caso que se encuentra en apelación en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en contra del fallo que condenó a ocho guerrilleros del M-19 por la muerte de 30 personas, entre ellos dos magistrados, durante la toma del Palacio de Justicia.
Montealegre recordó que la justicia colombiana ha manifestado que durante la toma registrada hace 30 años se presentaron actos de lesa humanidad hecho por el cual son casos imprescriptibles. “Uno de los objetos de la apertura de investigación previa es establecer la prescriptibilidad o no de los hechos cometidos en el Palacio de Justicia”.
La decisión se toma tras la denuncia presentada por el hijo del capitán Talero, quien murió en el Holocausto del Palacio de Justicia. “Se cuestiona la legalidad de las amnistías y los indultos que se emitieron a favor de los guerrilleros del M-19 puesto que este es un caso de grave violación a los derechos humanos”.
“Los actos de barbarie, dar muerte a otra persona en estado de indefensión, las víctimas del Palacio de Justicia consideran que esas amnistías no tienen fuerza vinculante, contravienen la ley y la Constitución y el derecho internacional”, explicó.