Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en contra de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), por su presunta participación en el millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd). Al sustentar su solicitud, el ente investigador señaló que el exfuncionario podría entorpecer las investigaciones y que, además, su paradero es desconocido.
No obstante, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien lleva el expediente, puso de presente un informe de investigación informática del CTI de la Fiscalía, del pasado 21 de mayo, cuando se le imputaron cargos a Carlos Ramón González, en el que se darían algunas luces de su ubicación: estaría, según el informe, en la ciudad de Managua (Nicaragua).
Durante esa diligencia, precisó la fiscal Patiño con base en el mencionado informe, “una vez verificados los usuarios (...) bajo el criterio de búsqueda ‘Carlos’ se encontraron dos usuarios a saber”. El primer conectado bajo ese nombre, dice el ente investigador, sería un periodista que estuvo conectado menos de dos minutos a la audiencia virtual.
El segundo, por el contrario, sería una persona identificada como “usuario anónimo”, y se conectó a las 9:28 de la mañana a la diligencia, en la que estuvo cerca de hora y media, entre esa hora y las 10:57 de la mañana, “tiempo que corresponde con la presencia virtual del imputado, conectado desde un celular (...) ubicado en la ciudad de Managua, Nicaragua”.
Para la Fiscalía, ese “usuario anónimo” podría corresponder al propio Carlos Ramón González. Otra pista que sigue la Fiscalía se basa en la información entregada por Migración Colombia. Esa entidad le entregó al ente investigador información de que, para esas fechas, el exdirector del Dapre habría viajado a Costa Rica, país fronterizo con Nicaragua.
Además, la Fiscalía fue enfática en señalar que las constantes salidas del país de González Merchán son un riesgo para su comparecencia ante la justicia, pues, desde la diligencia de arraigo que se le hizo el 7 de octubre de 2024, su esposa le dijo a las autoridades que “él viene y va”. Para entonces, se conoció que el exfuncionario estaba entre España e Italia.
Ante el escenario migratorio del exfuncionario, la fiscal Patiño señaló que él “se abstuvo de avisar a la Fiscalía sobre su salida del país y mucho menos de su regreso. Si bien frente a este argumento podría oponerse que González Merchán no tiene restricción para salir del país, su comportamiento es indicativo de que no quiere que la administración de justicia tenga conocimiento de su ubicación material”. Y agregó que, en este momento, el exdirector tiene un “arraigo aparente y no real”.
Para los investigadores del caso, el exfuncionario “carece de asentamiento en un lugar determinado”, y, aunque atiende las diligencias de forma remota, “no cuenta con presencia corporal que permita eventualmente su conducción inmediata a un centro de reclusión en caso de que así lo ordene su señoría”.
La fiscal Patiño, durante su intervención al referirse a la situación de González, también exdirector nacional de Inteligencia, le envió un contundente mensaje al magistrado que atiende el caso: “Si su señoría no actúa con determinación en este momento, el mensaje sería devastador. Sería suficiente con conectarse a una audiencia por internet para blindarse de la acción inmediata de la justicia penal”.
Y agregó: “Eso no solo erosiona la autoridad del juez, sino la naturaleza del proceso mismo, pues aunque se presente virtualmente, no se conoce su paradero actual, y por tanto no está a disposición física del aparato judicial (...) Ningún procesado puede tener más poder que la administración de justicia”.
Carlos Ramón González fue imputado por los delitos de de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos. De acuerdo con la Fiscalía, el exdirector fue uno de los cerebros del desfalco a la Ungrd y habría sido el determinador de la entrega de sobornos a los expresidentes del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, por $4.000 millones, con el fin de que ambos le dieran trámite célere a las reformas y proyectos del gobierno en el Congreso.
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