Fiscalía ya asignó investigación contra “magistrados eternos” de la Judicatura

El fiscal Daniel Hernández será el encargado de llevar las pesquisas en contra de los magistrados Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El proceso nació por orden de la Corte Suprema de Justicia, que en octubre pasado se abstuvo de hacer caso a una sentencia en la que fue ponente Sanabria, pues estas personas “no ostentan la condición de magistrados”. Y, en cambio, pidió que se les investigara por permanecer en sus cargos.

(En contexto: Corte Suprema pide investigar a magistrados “eternos” de la Judicatura por no salir de sus cargos)

“Asignar especialmente al doctor Daniel Ricardo Hernández, fiscal 7 delegado ante el Tribunal, para que asuma hasta su culminación el conocimiento de la investigación, suscitada por lo dispuesto en la providencia de fecha 21 de octubre de 2020, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, se lee en un oficio firmado por el fiscal general Francisco Barbosa. El documento ordena, además, remitirle todas las pruebas que se hayan recopilado al fiscal Hernández.

La decisión de la Judicatura que levantó ampolla en la Corte le ordenaba al alto tribunal levantar unas medidas cautelares de embargo decretadas desde 2015 sobre predios que habían ofrecido los exjefes paramilitares conocidos como Los Mellizos, para reparación de las víctimas. Los propietarios registrados de los predios, Jaime Albeiro Alí Alí y Saidy Habib, alegaron que habían obtenido los bienes de forma lícita y, aunque Justicia y Paz y la Corte les negaron sus pretensiones, la Judicatura sí les dio la razón en una tutela con argumentos jurídicos cuestionables.

(Lea también: Tutela sobre bienes de “Los Mellizos” enfrenta a la Corte Suprema y la Judicatura)

Contrario a lo ordenado en las instancias anteriores, el magistrado Sanabria tumbó las medidas cautelares y se llevó por delante la decisión de la Corte Suprema. Dos magistrados de la propia Judicatura se apartaron del fallo y uno escribió en un salvamento de voto que el togado eterno “pudo extralimitarse”. En respuesta, la Sala Penal se manifestó para quitarle toda validez a la actuación del togado. “El texto remitido a esa Corporación no constituye providencia judicial, y del mismo, entonces, no puede derivarse ninguna orden”, señaló la Corte.

Y es que, para el alto tribunal, al revisar las hojas de vida de Garzón y Sanabria se observa que terminaron sus periodos de ocho años desde 2016, pero han seguido ejerciendo. Es decir, “se trata de dos particulares que no ejercen, a la fecha, el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuya participación en deliberación y votación de la ponencia no concurre, ni puede concurrir, a la conformación del quorum deliberatorio y decisorio de esa cédula judicial”, según escribió el alto tribunal en su providencia.

El fiscal Daniel Hernández será el encargado de llevar las pesquisas en contra de los magistrados Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El proceso nació por orden de la Corte Suprema de Justicia, que en octubre pasado se abstuvo de hacer caso a una sentencia en la que fue ponente Sanabria, pues estas personas “no ostentan la condición de magistrados”. Y, en cambio, pidió que se les investigara por permanecer en sus cargos.

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“Asignar especialmente al doctor Daniel Ricardo Hernández, fiscal 7 delegado ante el Tribunal, para que asuma hasta su culminación el conocimiento de la investigación, suscitada por lo dispuesto en la providencia de fecha 21 de octubre de 2020, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, se lee en un oficio firmado por el fiscal general Francisco Barbosa. El documento ordena, además, remitirle todas las pruebas que se hayan recopilado al fiscal Hernández.

La decisión de la Judicatura que levantó ampolla en la Corte le ordenaba al alto tribunal levantar unas medidas cautelares de embargo decretadas desde 2015 sobre predios que habían ofrecido los exjefes paramilitares conocidos como Los Mellizos, para reparación de las víctimas. Los propietarios registrados de los predios, Jaime Albeiro Alí Alí y Saidy Habib, alegaron que habían obtenido los bienes de forma lícita y, aunque Justicia y Paz y la Corte les negaron sus pretensiones, la Judicatura sí les dio la razón en una tutela con argumentos jurídicos cuestionables.

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Contrario a lo ordenado en las instancias anteriores, el magistrado Sanabria tumbó las medidas cautelares y se llevó por delante la decisión de la Corte Suprema. Dos magistrados de la propia Judicatura se apartaron del fallo y uno escribió en un salvamento de voto que el togado eterno “pudo extralimitarse”. En respuesta, la Sala Penal se manifestó para quitarle toda validez a la actuación del togado. “El texto remitido a esa Corporación no constituye providencia judicial, y del mismo, entonces, no puede derivarse ninguna orden”, señaló la Corte.

Y es que, para el alto tribunal, al revisar las hojas de vida de Garzón y Sanabria se observa que terminaron sus periodos de ocho años desde 2016, pero han seguido ejerciendo. Es decir, “se trata de dos particulares que no ejercen, a la fecha, el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuya participación en deliberación y votación de la ponencia no concurre, ni puede concurrir, a la conformación del quorum deliberatorio y decisorio de esa cédula judicial”, según escribió el alto tribunal en su providencia.