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Hace ya cuatro meses que se supo que el Ejército venía recopilando información de 130 personas entre ellas periodistas que hicieron revelaciones sobre irregularidades al interior de la Fuerza Pública, políticos, militares, entre otras personalidades. Durante este tiempo la Fundación para la Libertad de Prensa le ha hecho seguimiento al caso durante este tiempo a las acciones judiciales, disciplinarias ,entre otras, sobre este escándalo que fue una de los tantos que tuvo el Ejército entre 2019 y comienzos de 2020. Sin embargo, la organización hace un balance preocupante sobre el expediente que tiene bajo la lupa a varios militares que se desempeñaron en inteligencia durante años.
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El pasado 20 de mayo, la Procuraduría General llamó a juicio disciplinario a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a diferentes unidades de inteligencia militar. Sin embargo aún no se ha determinado cuándo va empezar esa audiencia. “La FLIP valora positivamente que, una vez el Ministerio Público asumió competencia de este caso, se adoptaron decisiones de fondo, lo que no ocurrió mientras el Comando General de las Fuerzas Militares estuvo a cargo de la investigación”, señala la fundación.
La Flip también conoció que hay un informe de la investigación realizado por el Inspector General del Comando General de las Fuerzas Militares y que habría sido remitido a la Fiscalía y a la Procuraduría. En cuanto a las actuaciones del ente investigador la organización señala que el pasado 4 de mayo, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que desde enero de este año inició una investigación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso ilícito de equipos trasmisores, entre otros delitos, y que dentro de este expediente sería citado a interrogatorio el general en retiro y exocomandante del Ejército Nicacio Martínez. “Cuatro meses después, dicha diligencia no se ha realizado”, asegura la FLIP.
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El ente investigador ha señalado que adelanta una investigación “minuciosa” ordenando entrevistas a integrantes de las Fuerzas Militares, también que cuenta con la información de los equipos incautados en el allanamiento ordenado por la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en diciembre de 2019 y que realizó una inspección judicial a la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría. “A pesar de esta positiva autocalificación, a la fecha, no se conocen vinculaciones formales al proceso”, aseguró la FLIP a través de un comunicado de prensa.
Otro aspecto que le resulta preocupante a la organización es el acceso a la información de los. “Una respuesta del pasado 11 de agosto de la Fiscalía a un derecho de petición enviado por la FLIP, donde afirma que, contrario a lo publicado en Revista Semana, 'no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los 20′. La Fiscalía no informó los nombres de los periodistas víctimas, tampoco brindó detalles de cómo identificó a las víctimas, ni de los criterios que utilizó para afirmar que el número de víctimas es considerablemente menor”, apunta la FLIP.
Y añadió que “La FLIP no ha recibido información sobre el alcance de los perfilamientos y los responsables a pesar de que se ha insistido recurrentemente(...). Si bien el cuestionario tuvo un trámite formal ante distintas entidades del Gobierno, se ofrecieron respuestas parciales que no resuelven de fondo los interrogantes planteados. En varias ocasiones la petición fue trasladada de una dependencia a otra aumentando los tiempos y sin que el traslado implicara el pleno cumplimiento de los estándares de acceso a la información”.
Ante las críticas que suscitó el caso de las carpetas secretas, el pasado 2 de mayo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que once militares fueron retirados del servicio activo. En un comunicado posterior, explicó que esa decisión se fundamentó en “las necesidades del servicio y conveniencia institucional”, pero, manifiesta la FLIP, no se refirió a las razones de manera “clara, ni explicó la relación con las investigaciones que se adelantan por los hechos de perfilamiento a periodistas”.
El ministro también anunció en su momento que se iban a tomar medidas para evitar los perfilamientos. El Comando General de las Fuerzas Militares realizó un proceso de revisión estratégica de capacidades de inteligencia, “cuyas conclusiones fortalecerán las capacidades y controles a las actividades de inteligencia y contrainteligencia”. Dicho diagnóstico, asegura la FLIP, es de carácter reservado, razón por la cual “no se conocen los pormenores de las medidas que se adoptarán para que se respeten los estándares de protección de derechos humanos. El despliegue de actividades de inteligencia militar contra la prensa no es un fenómeno nuevo, y a pesar de que cada vez se anuncian medidas para evitar que los hechos se repitan, se ha demostrado que son insuficientes".
El 19 de agosto de 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno de Iván Duque su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo del ejercicio periodístico. Además, solicitaron al Estado colombiano información para aclarar los hechos: detalles de las investigaciones que se han adelantado y de las actividades de prevención que se han desplegado.
Según la FLIP, en una comunicación del 5 de agosto, el Estado “contestó algunas de las preguntas y omitió resolver de manera integral y completa todos los interrogantes planteados por los expertos independientes de Naciones Unidas y de la CIDH”. Así mismo, algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos llamaron la atención sobre el caso, por el uso indebido de los recursos de ayuda internacional para fines “ilegítimos”.
“Se ha forjado un ambiente gubernamental de superación del fenómeno que no pasa por la garantía del derecho a la justicia. Las investigaciones penales y disciplinarias se deben adelantar con celeridad y sancionar ejemplarmente a los responsables, de lo contrario anticipamos un alto riesgo de impunidad para estos hechos. Para la FLIP es preocupante que los avances frente al caso de perfilamientos son mínimos y no proporcionan garantías para la libertad de prensa ni para la protección a las fuentes. Las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para esclarecer de manera pronta la verdad sobre las vigilancias del Estado ni para prevenir que vuelvan a ocurrir”, puntualizó la FLIP.