La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció sobre la orden de inspección judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación al medio Casa Macondo y señaló que es una acción que pone en riesgo las garantías del trabajo periodístico, así como la confidencialidad que lo ampara. La orden se conoció luego de que propio medio se pronunció para rechazar el hecho.
En un artículo, Casa Macondo explicó que la orden de inspección judicial pretende examinar documentos y comunicaciones que respaldan una investigación periodística, pero aún no saben de cuál se trata. Los detalles señalan que el pasado 28 de agosto, Laura Milena Fuentes Cerquera, funcionaria de la Fiscalía, firmó la orden de Policía Judicial para adelantar dicha diligencia.
Según detalló el medio, la investigación señala presuntas calumnias sobre el abogado Francisco Bernate, pero Casa Macondo explicó que el jurista nunca ha estado mencionado en sus publicaciones. La Fiscalía le señaló al medio que la diligencia busca establecer veracidad de información, así como obtener correos, documentos de soporte, comunicación, entre otros.
"Aunque la orden advierte que no se exigirá identificar fuentes protegidas, sí pretende acceder a materiales que forman parte de nuestro trabajo periodístico. El anonimato de fuentes protegidas no elimina el riesgo de que los documentos, correos y comunicaciones permitan establecer su identidad. La Fiscalía deberá explicar cómo concilia esta actuación con la protección constitucional de la reserva periodística", explica Casa Macondo.
Uno de los puntos que resalta el medio para rechazar la orden es que esa diligencia iría en contravía de una directiva en la que se señala que los funcionarios de la Fiscalía están llamados a proteger el secreto de los periodistas y abstenerse de ordenar allanamientos e inspecciones a los medios de comunicación.
La Directiva 003 de 2023 de la propia Fiscalía establece que sus funcionarios deben abstenerse de ordenar actividades investigativas que pongan en peligro el secreto periodístico, incluidas las inspecciones a medios de comunicación.
Frente a estos hechos, la Flip solicitó la revisión del caso ante la Fiscalía. "El alcance de este requerimiento es especialmente grave porque permite a la autoridad investigadora acceder a elementos del proceso de reportería que pueden estar amparados por el secreto profesional. Los documentos y las circunstancias en que fueron recibidos pueden revelar el origen de la información, incluso si no se solicita expresamente el nombre de quien la entregó. Por eso, la aclaración de la orden sobre no exigir la identificación de fuentes protegidas no elimina el riesgo".
La FLIP pide a la Fiscalía una respuesta de fondo a la solicitud presentada, la revisión inmediata de la orden y que se dejen sin efecto los requerimientos que comprometan información protegida por el secreto profesional.
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