La Contraloría General de la Nación abrió dos procesos por responsabilidad fiscal al Fondo de Reparación de Víctimas, debido a posibles irregularidades en la administración de 12 inmuebles que estaban a su cargo. Los procesos buscan esclarecer el posible daño patrimonial ocasionado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afectaciones que tendrían un valor aproximado de $16.100 millones.
Fue a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción que el órgano de control abrió los procesos, a raíz de una denuncia hecha el 28 de octubre de 2022 por la Unidad para las Víctimas. Estos procesos investigan a algunos coordinadores y funcionarios del Grupo Administrador del Fondo para la Reparación de Víctimas. Entre las presuntas irregularidades que se investigan está el no cobro de algunos cánones de arriendo, permitir por descuido el deterioro de los bienes, casi hasta llevarlos a ruina o amenaza de ruina.
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Por otra parte, también se investiga la venta de los bienes por un valor inferior al que tienen en el mercado, así como por su indebida administración y producción en temas relacionados con actividades agrícolas y forestales. Los bienes que son investigados fueron entregados por los desmovilizados de los grupos armados, dentro del marco de la ley de Justicia y Paz.
El Fondo se encarga de administrar y monetizar estos bienes, para así poder pagar las sentencias de los procesos de reparación integral que buscan ayudar a las víctimas del conflicto armado en Justicia y Paz transicional. Estas reparaciones fueron ordenadas mediante sentencia judicial.
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La Unidad para las Víctimas se pronunció sobre este hecho, especificando que esta investigación corresponde a una denuncia hecha por esta entidad desde 2022 en la que solicitaban una intervención fiscal sobre el manejo de los bienes del Fondo. “La Unidad destaca este hecho como el resultado de una de las primeras acciones de esta administración y del Gobierno del cambio en su lucha contra la corrupción y el impulso por la transparencia en la gestión pública”, añadieron.
El pasado 22 de noviembre la Fiscalía entregó un informe que documentaba la entrega, en los últimos cuatro años, de bienes por $1,7 billones al Fondo, en el marco de la implementación de la Ley de Justicia y Paz. En 2023, específicamente, se le entregaron al Fondo 600 propiedades que estuvieron vinculadas a estructuras paramilitares que ya se encuentran extintas.
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