Serias observaciones presentó el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado a los proyectos de implementación presentados por el Gobierno a la ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Según el jefe del Ministerio Público el formulario diseñado para el registro único de víctimas “presenta inconsistencias que constituyen un cuello de botella para el registro de las víctimas si no se toman los correctivos apropiados”.
Después de realizar un análisis, la Procuraduría manifestó que dicho formulario “es complejo de diligenciar, que requiere de las víctimas información que no es indispensable”, y que además de esto contiene definiciones jurídicamente inexactas, que tiene un enfoque orientado especialmente a las víctimas del desplazamiento y que establece requisitos que la Ley no ha previsto.
“El diligenciamiento de dicho formulario demanda aproximadamente entre una hora y media y dos horas, en promedio se elaboran cuatro al día, lo que retrasa la labor de registro de las víctimas”, precisa el Ministerio Público haciendo énfasis en que las víctimas no cuentan con recursos humanos y técnicos que le faciliten el registro.
Por El Espectador
