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En la mañana de este miércoles 15 de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento dentro de la acción popular promovida por el abogado Ramiro Bejarano y la Fundación DILO Colombia, en la que se cuestionan las reiteradas afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral. Ahora el proceso avanzará a la etapa de práctica de pruebas.
La audiencia, presidida por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, tenía como objetivo establecer si las partes podían llegar a un acuerdo que pusiera fin al proceso. Sin embargo, al no encontrarse una fórmula de arreglo, el Tribunal dio por terminado el intento de conciliación y ordenó que el expediente continúe su trámite ordinario.
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Durante el trámite, el magistrado Lasso consultó al apoderado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, si “existe la disposición del presidente de la República en el sentido de aceptar esos resultados de la segunda vuelta”. En respuesta el abogado señaló: “¿Acaso la demanda dice que el presidente tiene que reconocer al candidato que quedó elegido? ¿En que parte, señor magistrado?“.
Línea seguida, señaló que la defensa del presidente ha evidenciado un “sesgo” por parte del magistrado, pues, según dijo, “no evalúa a la parte demandada, sino que solo considera lo que dice la parte demandante”. Sin embargo, durante su intervención, Alejandro Carranza afirmó: “Le decimos que coincidimos en que el actor popular tiene razón al decir que debe velarse por la transparencia del sistema y le empiezo a mostrar que nosotros, contundentemente, entendemos que así debe ser”.
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Asimismo, sostuvo: “Efectivamente, esa transparencia se dio y, por el contrario, la Registraduría Nacional del Estado Civil entró en el debate público, lo que echa por tierra todas las pretensiones de esta demanda, porque la opinión consultiva lo que dice es que, frente a esta clase de debates, no debe haber censura, sino más debate”.
Entre sus argumentos, el abogado del presidente Petro también cuestionó: “¿Ganó el candidato del progresismo, que tenía una línea ideológica compartida con el presidente Petro? ¿O ganó un candidato de la extrema derecha y opositor? Ahí es donde se ve que el sistema electoral funciona, es transparente y que las advertencias lo que hacen es enriquecer el debate”.
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Durante la audiencia, el magistrado Lasso le hizo un llamado de atención verbal a Alejandro Carranza para que moderara el tono “agresivo” de sus intervenciones y se abstuviera de realizar señalamientos contra funcionarios durante el trámite judicial. Esto ocurrió luego de que el abogado del presidente señalara a la Procuraduría General de la Nación de “confabularse” para actuar en contra del jefe de Estado.
La acción popular interpuesta por Ramiro Bejarano cuestiona las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien, incluso antes de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales de 2026, tanto en primera como en segunda vuelta, se refirió a un presunto fraude electoral, la supuesta manipulación del software electoral, irregularidades en los formularios y riesgos asociados con el kit de votación.
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En ese sentido, el proceso busca determinar si esos mensajes pusieron en riesgo la confianza ciudadana, la transparencia del sistema electoral y otros intereses colectivos. Tras declararse fallida la audiencia de pacto de cumplimiento, el paso a seguir es la etapa de decreto y práctica de pruebas solicitadas por las partes. En esa fase, el presidente Gustavo Petro y su abogado deberán sustentar cuáles son las supuestas evidencias del presunto fraude electoral al que han hecho referencia.
La audiencia en el Tribunal se originó por los señalamientos que, durante meses, el presidente Petro ha realizado contra el registrador nacional, Hernán Penagos, y el proceso electoral. Por ejemplo, durante una manifestación convocada el pasado 19 de febrero en la Plaza Bolívar, en Bogotá, con el objetivo de defender el aumento del salario mínimo, el jefe de Estado afirmó que existía un “100 % de riesgo de fraude electoral” para los comicios.
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