Fracasó nuevamente conciliación entre Piedad Córdoba y Alejandro Ordóñez

Este viernes fracasó por tercera oportunidad la diligencia de conciliación entre la exsenadora liberal Piedad Córdoba Ruiz y el exprocurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado. La excongresista lo denunció por los delitos de injuria y calumnia al considerar que en el fallo disciplinario por medio del cual la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos fue acusada directamente por el entonces jefe del Ministerio Público de tener nexos con la guerrilla de las Farc.  

La base de la denuncia de Córdoba es el fallo del Consejo de Estado que tumbó la sanción disciplinaria. Para la exsenadora el máximo tribunal de lo contencioso administrativo concluyó que la decisión de la Procuraduría se basó en pruebas que no cumplieron la cadena de custodia, y que los archivos del computador del jefe guerrillero 'Raúl Reyes' habían sido manipulados.

"Yo no soy ni guerrillera, ni terrorista, ni colaboradora ni miembro de las Farc", precisó Córdoba al final de la diligencia que se llevó a cabo en el búnker de la Fiscalía General. Para la exsenadora, Ordóñez Maldonado debe retractarse públicamente de estas acusaciones, las cuales considera pusieron en riesgo su vida e integridad personal. 

La exsenadora aseguró que Ordóñez Maldonado inició una persecución política en su contra, en lo que consideró un "uso arbitrario de sus funciones", acusándola de ser un brazo político de dicho grupo guerrillero. "Me cansé de que este tipo donde fuera, inclusive después de la sanción arbitraria por parte del Consejo de Estado, siguiera insistiendo en que soy una criminal, un delincuente y lo va a tener que comprobar".

Córdoba Ruiz también instauró una acción de repetición para que sea el exprocurador General quien pague la indemnización por los daños y perjuicios que ordenó el Consejo de Estado en el fallo que anuló su sanción disciplinaria. "Que él pague, no tiene porque pagar el pueblo colombiano, ni ninguna persona de este país con sus impuestos". El fallo emitido en agosto de 2016 el Consejo de Estado ordenó pagarle a la excongresista el sueldo que dejó de percibir entre los años de 2010 y 2014, cifra que podría superar los mil millones de pesos.   

Por su parte, el exprocurador General aseguró que no se llegó a ninguna conciliación porque la excongresista liberal está pidiendo una retractación que no tiene relación con lo dicho por el Consejo de Estado. "La exsenadora pretendía una conciliacion dentro de una querella porque considera que la supuesta aseveración sobre sus relaciones de 'Teodora Bolívar' con las Farc". 

"El Consejo de Estado lo único que hizo fue decir que las pruebas del computador de 'Reyes' no se pueden valorar y en el proceso de la Procuraduría había un sinnúmero de pruebas independientemente al computador de 'Reyes' que permitieron tomar la decisión", precisó Ordóñez al señalar que será la Fiscalía General la que tome una decisión de fondo. 

Ordóñez manifestó que el fallo disciplinario se sustentó en otras pruebas documentales y testimoniales, como la del comandante del Frente 30 de las Farc y otras personas que estuvieron vinculadas a la guerrilla. "Le pedí al fiscal que siguiera actuando que recaudara las pruebas y elementos de juicio y por eso tengo toda la disposición para continuar en el proceso". 

Este viernes fracasó por tercera oportunidad la diligencia de conciliación entre la exsenadora liberal Piedad Córdoba Ruiz y el exprocurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado. La excongresista lo denunció por los delitos de injuria y calumnia al considerar que en el fallo disciplinario por medio del cual la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos fue acusada directamente por el entonces jefe del Ministerio Público de tener nexos con la guerrilla de las Farc.  

La base de la denuncia de Córdoba es el fallo del Consejo de Estado que tumbó la sanción disciplinaria. Para la exsenadora el máximo tribunal de lo contencioso administrativo concluyó que la decisión de la Procuraduría se basó en pruebas que no cumplieron la cadena de custodia, y que los archivos del computador del jefe guerrillero 'Raúl Reyes' habían sido manipulados.

"Yo no soy ni guerrillera, ni terrorista, ni colaboradora ni miembro de las Farc", precisó Córdoba al final de la diligencia que se llevó a cabo en el búnker de la Fiscalía General. Para la exsenadora, Ordóñez Maldonado debe retractarse públicamente de estas acusaciones, las cuales considera pusieron en riesgo su vida e integridad personal. 

La exsenadora aseguró que Ordóñez Maldonado inició una persecución política en su contra, en lo que consideró un "uso arbitrario de sus funciones", acusándola de ser un brazo político de dicho grupo guerrillero. "Me cansé de que este tipo donde fuera, inclusive después de la sanción arbitraria por parte del Consejo de Estado, siguiera insistiendo en que soy una criminal, un delincuente y lo va a tener que comprobar".

Córdoba Ruiz también instauró una acción de repetición para que sea el exprocurador General quien pague la indemnización por los daños y perjuicios que ordenó el Consejo de Estado en el fallo que anuló su sanción disciplinaria. "Que él pague, no tiene porque pagar el pueblo colombiano, ni ninguna persona de este país con sus impuestos". El fallo emitido en agosto de 2016 el Consejo de Estado ordenó pagarle a la excongresista el sueldo que dejó de percibir entre los años de 2010 y 2014, cifra que podría superar los mil millones de pesos.   

Por su parte, el exprocurador General aseguró que no se llegó a ninguna conciliación porque la excongresista liberal está pidiendo una retractación que no tiene relación con lo dicho por el Consejo de Estado. "La exsenadora pretendía una conciliacion dentro de una querella porque considera que la supuesta aseveración sobre sus relaciones de 'Teodora Bolívar' con las Farc". 

"El Consejo de Estado lo único que hizo fue decir que las pruebas del computador de 'Reyes' no se pueden valorar y en el proceso de la Procuraduría había un sinnúmero de pruebas independientemente al computador de 'Reyes' que permitieron tomar la decisión", precisó Ordóñez al señalar que será la Fiscalía General la que tome una decisión de fondo. 

Ordóñez manifestó que el fallo disciplinario se sustentó en otras pruebas documentales y testimoniales, como la del comandante del Frente 30 de las Farc y otras personas que estuvieron vinculadas a la guerrilla. "Le pedí al fiscal que siguiera actuando que recaudara las pruebas y elementos de juicio y por eso tengo toda la disposición para continuar en el proceso".