Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El domingo pasado la Fiscalía General adelantó una diligencia de inspección en las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de proveer esquemas de seguridad —escoltas, medios de transporte, entre otros— a dirigentes políticos, funcionarios, y líderes sociales. Según pudo confirmar este diario, por lo menos un funcionario de la entidad estaría filtrándole información a grupos criminales sobre estos esquemas.
El asunto cayó en manos del ente investigador por una denuncia del propio director de la UNP, Pablo Elías González. A oídos del funcionario, al parecer, llegó información que grupos delincuenciales (no se tiene certeza aún de cuáles) conocerían con precisión cómo están compuestos algunos esquemas de seguridad (aunque no se sabe bien de quiénes). Esta información reposa en los archivos de la UNP, a los que solo pueden acceder empleados de la entidad.
González reportó lo que había escuchado a la Fiscalía y fue así como, el pasado domingo, llegaron agentes del CTI a las instalaciones de la UNP de Bogotá. Con autorización y acompañamiento de González, realizaron el allanamiento al parecer en cuarto piso del edificio, según informó la entidad en su cuenta de Twitter:
Según le confirmaron a este diario fuentes la entidad, la información que habría sido filtrada no puede ser asociada a ningún atentado o hecho violento reciente que hayan sufrido personas con esquemas de seguridad. Es decir, hasta el momento, no habría víctimas fatales por estas filtraciones.
Por su parte, líderes sindicales de la UNP denunciaron a través de sus redes sociales que se podría tratar de falsos positivos judiciales. Según trinos del Sindicato de trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, varios funcionarios de la entidad fueron citados a las instalaciones de Bogotá el domingo “con engaños para luego presentárselos a la Fiscalía y obligarlos a rendir declaraciones juramentadas”.