Funcionarios del ICA, señalados de facilitar el contrabando de ganado desde Venezuela

Diez funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) han sido capturados, luego de que se determinara que harían parte de una organización dedicada a falsificar documentos para traer ganado de manera irregular desde Venezuela. En lo corrido del año se han decomisado 93 toneladas de carne a punto de ser vendida que habrían sido ingresados al país bajo esta modalidad, según información de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Fiscalía General.

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La investigación inició cuando funcionarios del propio ICA le reportaron a la Polfa que los inventarios de algunos ganaderos de Villavicencio reportaban un aumento “anormal”. Las autoridades iniciaron las indagaciones y pudieron determinar que todos los que reportaban esos aumentos eran miembros o cercanos a la familia Quenza, un poderoso clan ganadero de Arauca, lo que despertó las alarmas.

Las pesquisas de la Polfa lograron encontrar el origen de la anomalía: la familia Quenza estaría trayendo ganado de Venezuela. La finca de casi 500 hectáreas que tienen en la vereda Feliciano de Arauca y que limita al norte con Venezuela para habría sido protagonista del contrabando. La familia habría usado vías terciarias y caminos de herradura para cruzar la frontera a pie con “el ganado hasta lograr asentamiento en sus predios y, posteriormente, distribución a otros ganaderos de la región”, informó la Polfa.

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Camilo Humberto Martínez Quenza, María Luisa Quenza Jiménez, Aura Lucía González Quenza y José Alejandro Martínez González ya están vinculados a la investigación, pues según las autoridades habrían sido ellos quienes generaron los cupos ganaderos para hacer pasar por legal el ganado de contrabando. Los cuatro tendrán que enfrentar a la justicia por los delitos de favorecimiento y facilitación del contrabando, falsedad material en documento público y concierto para delinquir.

Sin embargo, las autoridades determinaron que los ganaderos no actuaron solos, pues según la Policía “contaron con la colaboración de funcionarios del ICA, con el fin de insertar datos falsos y obtener guías de movilización para dar apariencia de legalidad al ganado”. Al parecer, los empleados públicos expidieron permisos y hasta expidieron certificados de vacunación sin que los datos del ganado o las fincas mencionadas coincidieran con la realidad.

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Por estos hechos, fueron vinculados a la investigación los servidores públicos Yudaise Meladis Gonzales y Rosmira Kimberly Caile, funcionarias del ICA; Jennifer Andrea Cadena, Diana Yaneth Beltrán, Iván David Ruiz, Rafael Ricardo Cadena, Laura Carolina Giraldo y Osmany Mahecha, exfuncionarias de la misma entidad, y Edwin Fabián Vega y Helver León, vacunadores adscritos a Fedegan.

Todos los empleados públicos, según las autoridades, se habrían aprovechado de su condición para dar apariencia de legalidad al ganado que, a todas luces, era irregular. Por esto, serán judicializados por los delitos de favorecimiento y facilitación del contrabando y falsedad material en documento público.

Según datos de la Polfa desde el año 2018 se ha logrado el decomiso de 133.453 kilos de carne en camino a ser vendida por una suma que llegaría a los $1.249 millones. Y la fuerza advierte, además, que las alarmas deben permanecer encendidas por las irregularidades en la vacunación del ganado de contrabando: “Los bovinos ingresados de forma irregular pueden ser portadores de fiebre aftosa poniendo en riesgo la salud del consumidor final”.

Diez funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) han sido capturados, luego de que se determinara que harían parte de una organización dedicada a falsificar documentos para traer ganado de manera irregular desde Venezuela. En lo corrido del año se han decomisado 93 toneladas de carne a punto de ser vendida que habrían sido ingresados al país bajo esta modalidad, según información de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Fiscalía General.

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La investigación inició cuando funcionarios del propio ICA le reportaron a la Polfa que los inventarios de algunos ganaderos de Villavicencio reportaban un aumento “anormal”. Las autoridades iniciaron las indagaciones y pudieron determinar que todos los que reportaban esos aumentos eran miembros o cercanos a la familia Quenza, un poderoso clan ganadero de Arauca, lo que despertó las alarmas.

Las pesquisas de la Polfa lograron encontrar el origen de la anomalía: la familia Quenza estaría trayendo ganado de Venezuela. La finca de casi 500 hectáreas que tienen en la vereda Feliciano de Arauca y que limita al norte con Venezuela para habría sido protagonista del contrabando. La familia habría usado vías terciarias y caminos de herradura para cruzar la frontera a pie con “el ganado hasta lograr asentamiento en sus predios y, posteriormente, distribución a otros ganaderos de la región”, informó la Polfa.

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Sin embargo, las autoridades determinaron que los ganaderos no actuaron solos, pues según la Policía “contaron con la colaboración de funcionarios del ICA, con el fin de insertar datos falsos y obtener guías de movilización para dar apariencia de legalidad al ganado”. Al parecer, los empleados públicos expidieron permisos y hasta expidieron certificados de vacunación sin que los datos del ganado o las fincas mencionadas coincidieran con la realidad.

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Todos los empleados públicos, según las autoridades, se habrían aprovechado de su condición para dar apariencia de legalidad al ganado que, a todas luces, era irregular. Por esto, serán judicializados por los delitos de favorecimiento y facilitación del contrabando y falsedad material en documento público.

Según datos de la Polfa desde el año 2018 se ha logrado el decomiso de 133.453 kilos de carne en camino a ser vendida por una suma que llegaría a los $1.249 millones. Y la fuerza advierte, además, que las alarmas deben permanecer encendidas por las irregularidades en la vacunación del ganado de contrabando: “Los bovinos ingresados de forma irregular pueden ser portadores de fiebre aftosa poniendo en riesgo la salud del consumidor final”.