Luego de conocerse que un grupo de ciudadanos con el aval de la Presidencia, logró una tregua entre las dos alas de la ‘Oficina de Envigado', lideradas por Sebastián y Valenciano, el director de la Policía, general Oscar Naranjo, manifestó que para la institución no existen acuerdos que no correspondan a la obligación legal de aplicar la ley.
"Para la Policía el único acuerdo posible de cumplir, es el que tiene que ver con el acatamiento irrestricto a la ley", señaló el alto oficial al considerar que los líderes de estas organizaciones delincuenciales primero deben someterse a la justicia.
Desde finales de 2009 un grupo de ‘Notables', conformado por ciudadanos que han participado en negociaciones con paramilitares, guerrilleros y delincuencia organizada, le formuló a la Presidencia de la República una propuesta para posibilitar una tregua entre Sebastián, Valenciano y Don Mario, los señalados capos responsables de la guerra que se libra en la ciudad desde mediados de 2008 por el control del territorio y la economía ilegal que se deriva del narcotráfico.
"Para la Policía Nacional no existen acuerdos, ni convenios, ni pactos que no correspondan a nuestra misión constitucional y a nuestra obligación legal de aplicar la ley", explicó.
Por su parte, el Obispo de Montería dijo que el presidente Uribe lo autorizó para comenzar un proceso de negociación con algunas de las principales bandas emergentes del paramilitarismo y el narcotráfico.
"Ellos están dispuesto a iniciar un acercamiento con cese de hostilidades y también con diálogo. Ayer el presidente estuvo aquí en la Conferencia y nos dio el aval para continuar con estos diálogos y acercamientos porque los deben llegar a un sometimiento a la justicia, donde el gobierno les abra un espacio de reconciliación", dijo monseñor Julio César Vidal en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá.
Los Rastrojos y Los Paisas entrarían dentro de este pacto que también habría sido avalado por Daniel Rendón, alias ‘Don Mario', detenido en la cárcel de Cómbita (Boyacá), con el fin de disminuir los índices de criminalidad y homicidio que azotan a Medellín.
Por Redacción judicial/Elespectador.com
