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Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos escucha en declaración al excomandante del Ejército, general (r) Manuel José Bonnet en el marco de la investigación de los hechos que se conocen como la masacre de Trujillo. Entre 1986 y 1994 los paramilitares comandados por alias 'El Alacrán' asesinaron, torturaron y desaparecieron a un grupo de campesinos acusados de ser colaboradores de la guerrilla.
Según la investigación de la Fiscalía General, los 'paras' contaron con el apoyo y la complicidad de miembros de la Fuerza Pública, principalmente del Ejército Nacional, quienes conocieron de primera mano los atentados contra la integridad de estas personas que hacían parte del programa "tejido social" liderado por el padre Tiberio Fernández, quien también fue asesinado acusado de tener relación con el ELN.
Se ha podido determinar que el ente investigador quiere establecer la participación de altos mandos del Ejército Nacional con estos hechos. En 1995 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que existió una participación de los miembros de la Fuerza Pública con dichas matanzas, hecho por el cual el presidente Ernesto Samper Pizano ofreció excusas públicas.
El modus operandi era casi siempre el mismo: con lista en mano llegaron a los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar acusándo a los pobladores de colaborar y tener nexos con los grupos guerrilleros. Acto seguido los torturaban, mutilaban, descuartizaban y sus restos eran arrojados al Río Cauca. Las mujeres eran secuestradas y violadas.
Henry Loaiza, alias 'El Alacrán' fue sentenciado a 30 años de prisión. Los hechos que rodearon esta masacre han sido catalogada como de lesa humanidad, hecho por el cual no prescribe.