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Este viernes se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre el Ejército, el Ministerio de Defensa, la Presidencia de la República y el brigadier general (r) John Jairo Rojas, quien busca retornar a las filas castrenses, de las cuales fue removido en medio de señalamientos en su contra por, supuestamente, tener nexos con grupos criminales. Según dice, todo se trató de un plan por parte de comandantes del Ejército para enlodar su nombre con denuncias que no tienen ningún sustento. Además, la polémica se acrecentó, después de que el Comando del Ejército presentara una denuncia contra Rojas en la Fiscalía, en la cual señaló, entre otras cosas, que el uniformado en retiro habría pagado a la emisora W Radio para que hablaran bien de él públicamente. Sin embargo, no presentaron ninguna prueba de esa grave afirmación.
La conciliación entre el militar en retiro y el Estado fracasó y Rojas seguirá peleando su reintegro a las filas. Desde septiembre del año pasado, el exalto oficial está siendo investigado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por presuntos actos delictivos en los cuales habría incurrido cuando se desempeñó como comandante del Comando Conjunto No. 2 Suboccidente del Ejército. El ente investigador adelanta en su contra tres líneas de investigación: la primera estaría relacionada con actos de corrupción en el ejercicio de su cargo en Argelia (Cauca), donde habría tenido nexos con la estructura Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia. La segunda línea se refiere al acoso sexual del que habrían sido víctimas varias oficiales del Ejército por parte de Rojas. La tercera, por el presunto favorecimiento a organizaciones criminales.
Aun así, Rojas ha alegado que las denuncias que lo sacaron de las filas hacen parte de un complot liderado por la propia cúpula del Ejército, basado en chismes y en mentiras. Además, afirma que todo se habría tratado de una estrategia liderada desde el Comando General, pues la denuncia que reposa en la Fiscalía está basada en informes del general Luis Ospina, comandante del Ejército; el general (hoy retirado) Raúl Vargas, excomandante de la Tercera División; y del general Federico Mejía, actual comandante del Comando Específico del Cauca.
Adicionalmente, el caso de Rojas escaló al punto de que el Ejército llegó a manifestar que el uniformado pagó a la emisora W Radio para que hicieran publicaciones hablando a su favor. Durante su época como soldado activo, Rojas lideró algunos programas de paz en distintos territorios, por lo cual el medio de comunicación publicó una nota en la que lo bautizó como “el general de la paz”. Por esa publicación es que el Ejército señaló en la denuncia que, supuestamente, el general (r) Rojas dio dádivas a W Radio “para lavarle la cara”. No obstante, el Ejército no entregó prueba alguna para soportar su grave aseveración y, a la fecha, no lo ha hecho.
Los señalamientos hechos en contra de la emisora en los documentos presentados por el general Federico Mejía al ente investigador generaron reacciones en el medio de comunicación. Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, le pidió públicamente al general Mejía que entregue pruebas de los supuestos pagos que le habrían entregado a la emisora. Sánchez Cristo manifestó que, en caso de que el Ejército logre probar que hubo dádivas de por medio para hablar bien de Rojas, renunciaría a su cargo como director de La W. Sin embargo, dijo que si no había prueba alguna, Mejía sería quien tendría que abandonar las filas.
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En medio de la tensión, la emisora se comunicó con el general Mejía, quien aseguró que no hablaría públicamente del tema. Además, manifestaron los periodistas, el uniformado aseguró que no fue él quien redactó el informe presentado a la Fiscalía, en la que se habla de los supuestos pagos para hacer publicaciones a su favor. Por ahora, el uniformado guardará silencio, mientras que Rojas seguirá adelante con el litigio con el que espera que se le reintegre al Ejército y se limpie su nombre.
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