General (r) Uscátegui no será víctima en proceso por falsas víctimas de masacre de Mapiripán
Un juez de la República consideró que no cumplen con los requisitos exigidos.
El Espectador
El juez 29 de conocimiento no aceptó los argumentos esgrimidos por el representante del general (r) Jaime Humberto Uscátegui para que fueran avalados como víctimas dentro del proceso penal que se adelanta contra tres personas calificadas de ser “falsas víctimas” de la masacre de Mapiripán.
En su intervención, el funcionario judicial consideró que no se cumplen con los requisitos que se exigen para dar este aval, en este proceso se están procesando a tres personas por los delitos de fraude procesal y estafa agravada y no por el cargo de falso testimonio como se argumentó en la petición.
“No es sustancial el caso no tiene que ver con el falsos testimonio que llevó a que se emitiera una condena contra el general”, precisó el juez quien aseguró que consideró que desde el punto de vista moral y las circunstancias fácticas no se puede acreditar la calidad de víctimas del oficial del Ejército.
El juez reiteró que su marco de acción es el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General en el cual en ningún momento se hace mención al delito de falso testimonio, ni al hecho de que estas declaraciones fueran la base para la condena contra el general Uscategui emitida por el Tribunal Superior de Bogotá ni la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)
“Los falsos testimonios a los que se hace alusión fueron hechos en la ley 600 (…) No está en discusión los falsos testimonios para que se diera el remate final en la sentencia contra un general y la Corte Interamericana”, precisó el administrador de justicia.
Sin embargo, si avaló la petición del representante del Ministerio de Defensa para que se avalaran como víctima en este caso. En este punto señaló que se puede inferir claramente que la cartera fue la encargada de pagar la indemnización a un grupo de personas que fueron presentadas como víctimas de la denominada masacre.
En su exposición el abogado del Ministerio señaló que se presentó una afectación patrimonial superior a los 3.242 millones de pesos por lo que pide que se reintegren dicho dinero ya que está demostrado que estás personas no eran víctimas y se basaron de artimañas y engaños para resultar beneficiados con esta indemnización.
El juez 29 de conocimiento no aceptó los argumentos esgrimidos por el representante del general (r) Jaime Humberto Uscátegui para que fueran avalados como víctimas dentro del proceso penal que se adelanta contra tres personas calificadas de ser “falsas víctimas” de la masacre de Mapiripán.
En su intervención, el funcionario judicial consideró que no se cumplen con los requisitos que se exigen para dar este aval, en este proceso se están procesando a tres personas por los delitos de fraude procesal y estafa agravada y no por el cargo de falso testimonio como se argumentó en la petición.
“No es sustancial el caso no tiene que ver con el falsos testimonio que llevó a que se emitiera una condena contra el general”, precisó el juez quien aseguró que consideró que desde el punto de vista moral y las circunstancias fácticas no se puede acreditar la calidad de víctimas del oficial del Ejército.
El juez reiteró que su marco de acción es el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General en el cual en ningún momento se hace mención al delito de falso testimonio, ni al hecho de que estas declaraciones fueran la base para la condena contra el general Uscategui emitida por el Tribunal Superior de Bogotá ni la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)
“Los falsos testimonios a los que se hace alusión fueron hechos en la ley 600 (…) No está en discusión los falsos testimonios para que se diera el remate final en la sentencia contra un general y la Corte Interamericana”, precisó el administrador de justicia.
Sin embargo, si avaló la petición del representante del Ministerio de Defensa para que se avalaran como víctima en este caso. En este punto señaló que se puede inferir claramente que la cartera fue la encargada de pagar la indemnización a un grupo de personas que fueron presentadas como víctimas de la denominada masacre.
En su exposición el abogado del Ministerio señaló que se presentó una afectación patrimonial superior a los 3.242 millones de pesos por lo que pide que se reintegren dicho dinero ya que está demostrado que estás personas no eran víctimas y se basaron de artimañas y engaños para resultar beneficiados con esta indemnización.