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Gobernador de Vichada devolvió favores a financiador político y lo destituyeron

Por irregularidades en el contrato de suministro de alimentos para población vulnerable, por $1.714 millones de pesos, quedó firmemente inhabilitado y destituido por la Procuraduría el gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Florez.

Redacción Judicial

24 de octubre de 2023 - 10:59 a. m.
Destituido e inhabilitado gobernador de Vichada Álvaro León Flórez
Foto: Cancillería
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El gobernador de Vichada, Álvaro Arley León, quedó formalmente destituido e inhabilitado por ocho años por la Procuraduría General de la Nación. La decisión fue tomada luego de que se conocieran las irregularidades en el proceso de contratación del plan de suministro de alimentos para la población vulnerable, por valor de $1.774 millones de pesos, durante abril de 2020.

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El funcionario habría contratado a Jorge Eliécer Forero Gaitán, aunque este se encontraba inhabilitado por haber superado el máximo de aportes permitidos en la campaña política de 2019 que llevó León a ganar la gobernación. Durante esa campaña, Forero superó el porcentaje máximo de aportes que se permiten, los cuales no deben ser superiores al 2% del tope de gastos que tengan los candidatos.

Según ente de control, en su fallo en segunda instancia, el gobernador vulneró el principio de igualdad, pues el proceso de contratación no siguió el debido proceso, sino que se realizó de manera directa, por lo que otras personas que se encontraban interesados en participar no tuvieron las mismas condiciones y oportunidades de acceder a él. Con el agravante de que el contratista seleccionado se encontraba inhabilitado.

“Desconoció, sin justificación alguna, sus deberes funcionales, en particular, acatar de manera irrestricta el régimen de inhabilidades en materia de contratación estatal, con la consecuente transgresión del principio de igualdad que debe observar todo servidor público en el desempeño de su función”, afirmó el Ministerio Público sobre el gobernador León.

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Por medio de las inhabilidades, la Procuraduría busca que el financiamiento de las campañas electorales no sea un factor determinante para la elección de contratistas. Medida que podría evitar beneficios en contratos estatales o exenciones tributarias.

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