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En fallo de segunda instancia, la Contraloría General de la República (CGR) encontró culpables a 18 personas del detrimento patrimonial causado a la Licorera del Valle. Entre los responsables del desfalco se encuentran Juan Carlos Abadía, exgobernador de ese departamento, al alcalde de Florida (Valle) Doney Ospina Medina, y Héctor Fabio Useche, actual gobernador del Valle, quien para la época de los hechos (2010) se desempeñaba como secretario de Salud del departamento.
La CGR halló también responsables a varios excolaboradores de Abadía, como el asesor del despacho del Gobernador, Juan Pablo Muñoz; el secretario de Hacienda de la Gobernación del Valle del Cauca, Ezequiel Lenis Ramírez; el secretario de Planeación Departamental, Luis Humberto Castrillón; los representantes personales del exgobernador Abadía (principales y suplentes), Raimundo Tello Benítez, Luis Telmo Rojas y Luis Alfredo García.
Este proceso de responsabilidad fiscal se originó luego de que la Contraloría General de la República atendiera una solicitud de control excepcional sobre un contrato que se suscribió, en abril de 2008, la Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A., cuyo objeto era la distribución de aguardiente, convenio que terminó favoreciendo los intereses del contratista. En el contrato, que fue ampliado de 2010 hasta 2014, se incrementaban los ingresos al comercializador, de un 4% al 8%; sin ningún fundamento, además porque las ventas de trago decrecían.
La decisión que profirió Sandra Morelli Rico, contralora General de la República, deja sin piso la elección de Useche. Morelli le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le advierte la inhabilidad que le sobreviene al actual gobernador del Valle. Además se tomó la decisión que los 18 culpables del detrimento a la licorera deberán pagar de forma compartida la suma de $40.767 millones.
Al abrir el proceso de responsabilidad fiscal, la CGR estableció un presunto detrimento patrimonial por $107 mil millones. Sin embargo, en el fallo de primera instancia, presidido por la contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Luz Ángela Martínez, se determinó un presunto menoscabo por $122 mil millones. Pero en el fallo de segunda instancia que profirió la Contralora Sandra Morelli Rico se determinó una pérdida por $40.767 millones.
En la audiencia de primera instancia la responsabilidad fiscal cobijó a los exgerentes de la Licorera del Valle Ruth Sofía y Roberto Villamizar, así como el senador por el PIN, recientemente fallecido, Juan Carlos Rizzeto. Sin embargo, los tres quedaron sin responsabilidad en el último fallo. Así las cosas, será el presidente de la República quien defina la suerte de Useche quien, a juicio de la Contraloría, está inhabilitado para ejercer como gobernador.
Por El Espectador
