"Gobierno debe tramitar nuevo acuerdo militar con Estados Unidos"
Las actuales condiciones del convenio bilateral no cumplen con las exigencias estipuladas por la constitución, dice la Corte Constitucional.
El Espectador
El convenio que permitiría el ingreso de militares estadounidenses en siete bases castrenses colombianas debe volver al Gobierno Nacional para ser tramitado nuevamente, por determinación de la Corte Constitucional, afirmó el presidente de la corporación, Mauricio González Cuervo.
La Corporación sostuvo que aún cuando se trate de la presentación de un convenio simplificado su contenido tiene alcance de tratado internacional, y de ahí que haya la necesidad de reformularlo y presentarlo ante el Congreso de la República.
Una vez pasado el examen en el Legislativo, la iniciativa deberá volver a ser remitida a la Corte para que se estudie si se ajusta o no la Carta Política de 1991, según lo afirmó el magistrado González Cuervo.
El pacto firmado entre los dos Gobiernos en octubre de 2009 sufrió su primer descalabro luego de que el magistrado ponente Jorge Iván Palacio emitiera concepto desfavorable a su aprobación de parte de la Corte Constitucional.
Para el alto jurista, esa posibilidad requería dar curso a un nuevo acuerdo entre los dos países, por cuanto consideraba que la presencia de marines norteamericanos en Colombia, bajo tales condiciones, en inconstitucional, posición que fue acogida por la Sala Plena.
Con una votación de seis a dos, la Corte decidió no acoger la parte sustancial de la ponencia, debido a que carecía de competencia para pronunciarse de fondo en torno a un pacto que, presentado como un convenio que sigue los parámetros de los acuerdos bilaterales vigentes, ostentaba en su contenido las características de un tratado internacional que, en tanto tal, debía ser presentado ante el Legislativo.
La Sala de Consulta del Consejo de Estado había precisado la necesidad de que el acuerdo contara con el visto bueno de la Rama Legislativa, antes de que entrara en vigencia, por cuanto consideraba que las condiciones que lo rodeaban no estaban dentro de los parámetros fijados en los acuerdos de cooperación bilateral ya existentes entre Colombia y Estados Unidos.
Previo a este examen de constitucionalidad, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó a la Corte que se abstuviera de emitir un pronunciamiento de fondo, toda vez que consideraba que el organismo no contaba con la competencia para tramitar el estudio.
Entre tanto, activistas y defensores de derechos humanos de Colombia y Estados Unidos han venido haciendo presencia alrededor de las bases militares en las que harían presencia agentes castrenses del país del norte, en señal de protesta para con la materialización del convenio de cooperación militar.
El convenio que permitiría el ingreso de militares estadounidenses en siete bases castrenses colombianas debe volver al Gobierno Nacional para ser tramitado nuevamente, por determinación de la Corte Constitucional, afirmó el presidente de la corporación, Mauricio González Cuervo.
La Corporación sostuvo que aún cuando se trate de la presentación de un convenio simplificado su contenido tiene alcance de tratado internacional, y de ahí que haya la necesidad de reformularlo y presentarlo ante el Congreso de la República.
Una vez pasado el examen en el Legislativo, la iniciativa deberá volver a ser remitida a la Corte para que se estudie si se ajusta o no la Carta Política de 1991, según lo afirmó el magistrado González Cuervo.
El pacto firmado entre los dos Gobiernos en octubre de 2009 sufrió su primer descalabro luego de que el magistrado ponente Jorge Iván Palacio emitiera concepto desfavorable a su aprobación de parte de la Corte Constitucional.
Para el alto jurista, esa posibilidad requería dar curso a un nuevo acuerdo entre los dos países, por cuanto consideraba que la presencia de marines norteamericanos en Colombia, bajo tales condiciones, en inconstitucional, posición que fue acogida por la Sala Plena.
Con una votación de seis a dos, la Corte decidió no acoger la parte sustancial de la ponencia, debido a que carecía de competencia para pronunciarse de fondo en torno a un pacto que, presentado como un convenio que sigue los parámetros de los acuerdos bilaterales vigentes, ostentaba en su contenido las características de un tratado internacional que, en tanto tal, debía ser presentado ante el Legislativo.
La Sala de Consulta del Consejo de Estado había precisado la necesidad de que el acuerdo contara con el visto bueno de la Rama Legislativa, antes de que entrara en vigencia, por cuanto consideraba que las condiciones que lo rodeaban no estaban dentro de los parámetros fijados en los acuerdos de cooperación bilateral ya existentes entre Colombia y Estados Unidos.
Previo a este examen de constitucionalidad, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó a la Corte que se abstuviera de emitir un pronunciamiento de fondo, toda vez que consideraba que el organismo no contaba con la competencia para tramitar el estudio.
Entre tanto, activistas y defensores de derechos humanos de Colombia y Estados Unidos han venido haciendo presencia alrededor de las bases militares en las que harían presencia agentes castrenses del país del norte, en señal de protesta para con la materialización del convenio de cooperación militar.