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Durante un congreso nacional de la Unidad de Restitución de Tierras en Cali, la exalcaldesa de Apartadó (Antioquia) y directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, dio a conocer imágenes nunca antes vistas de la concentración de la tierra de la agrícola El Retiro: una empresa que en los noventa fue filial de la multinacional bananera Chiquita Brands y que está reseñada por la Fiscalía y en la Comisión de la Verdad como presunta financiadora de las Autodefensas Unidas de Colombia.
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“Voy a presentar un mapa que nos lleva a pensar para qué sirve la memoria, para qué sirven los procesos del catastro multipropósito en un ejercicio real desde el Acuerdo de Paz. El catastro multipropósito no es solo para cobrar impuestos, es la riqueza maravillosa que nos permite entender donde están esos lugares con sospechas de minas, donde están los desaparecidos. No hay restitución posible si no miramos a los lados, abajo, arriba. En lo rojo se evidencian los predios que la Fiscalía y los jueces deberán investigaren el Urabá”, dijo Gloria Cuartas.
En rojo se observa lo que serían los predios de la agrícola El Retiro en el Urabá:
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Y agregó Cuartas: “Estos bienes deberán ser devueltos a las comunidades. Pero, ¿cómo se devuelve un bien cuando al frente ustedes ven Puerto Antioquia (el puerto comercial más grande después de Buenaventura que está a punto de operar). Por eso la geografía del crimen ayuda a entender las categorías de tiempo y espacio. No basta con devolver la tierra. El problema no es el desarrollo en los territorios. El problema es que tenemos que restituir para volver a empezar, porque el modelo de desarrollo económico en los departamentos, municipios, tiene que redireccionarse para que se incluya a la gente".
El pasado 23 de julio, el juzgado sexto penal de circuito de Antioquia condenó a siete altos ejecutivos de Chiquita Brands y su filial más rentable en Colombia, Banadex, por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre ellos gerentes, representantes legales y tesoreros de alto nivel de ambas empresas, incluidos los norteamericanos John Paul Olivo y Charles Denis Keiser. Para la época de los hechos, antes de 2004, la agrícola El Retiro era “propiedad de Chiquita Brands”, como lo sentenció la jueza.
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En la sentencia, de 172 páginas, se menciona que la agrícola El Retiro hizo pagos a las convivir: los organismos de seguridad por medio de la cual, bajo legalidad otorgada por el Estado, las empresas bananeras financiaron los grupos paramilitares de la Casa Castaño. Según se explica en la sentencia, “existe un documento sobre pagos a las Convivir desde el año 1997 hasta 2004 (...) donde se establece un valor de $4.695’607.222 efectuados por Agrícola El Retiro a la Convivir Papagayo”.
Ese documento, entre otros cientos incluidos en el expediente, sirvió de soporte para realizar el acuerdo de culpabilidad de Chiquita Brands en Estados Unidos en febrero de 2003. Luego, en 2007, el Departamento de Justicia confirmó la financiación por parte de esta multinacional a las autodefensas por US$ 1,7 millones. Con esa base, el año pasado, una corte del distrito sur de la Florida, en Estados Unidos, condenó a la empresa a indemnizar a un grupo de víctimas nacionales de los paramilitares, dado que esa financiación fue gasolina que avivó el poder de los Castaño.
De acuerdo con investigadores asociados a Gloria Cuartas, la Agrícola El Retiro habría adquirido alrededor de 3.749 hectáreas en el Urabá antioqueño. Ello corresponde a 5.250 campos de fútbol profesionales. En 2019, la agrícola El Retiro fue una de las empresas que se asoció con la gobernación de Antioquia, entonces administrada por Luis Pérez Gutiérrez, para entregar predios en calidad de utilidad púbica, para la construcción de Puerto Antioquia.
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De otro lado, la Comisión de la Verdad, en su capítulo “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá: surgimiento, transformación, consolidación y financiación 1994-1998, también se refiere a la agrícola El Retiro. De acuerdo con el documento público, esta empresa habría financiado al Frente Alex Hurtado de las Autodefensas, como habría quedado comprobado en los documentos encontrados en el Parqueadero Padilla, en Medellín en 1998, donde se ubicaba en secreto el centro contable de esa agrupación ilegal.
La sentencia
El pasado 23 de julio, el juzgado sexto penal de circuito de Antioquia ordenó la captura y fijó una condena de 11 años y tres meses de cárcel en contra de siete antiguos altos funcionarios de la empresa estadounidense, Chiquita Brands, y de su filial más rentable en el país, Banadex.
A través de un documento de 170 páginas, conocido por El Espectador, la justicia, al menos en primera instancia, consideró que los millonarios pagos de este próspero conglomerado, que cayeron en manos de las autodefensas de la Casa Castaño, fueron ilegales y que nunca correspondieron a cobros extorsivos.
La sentencia es el resultado de una investigación de la Fiscalía que inició en 2007, justo después de que el Departamento de Justicia estadounidense sancionara con US$ 25 millones a Chiquita, tras aceptar su financiación a las AUC. La multinacional desembolsó pagos a bolsillos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a pesar de que en 2001 el gobierno norteamericano puso a esa agrupación armada en la lista de terroristas extranjeros.
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Según los libros contables de la multinacional, entre 1997 y 2004 entregaron hasta US$ 1,7 millones a los paramilitares, sin contar el dinero entregado previamente a las guerrillas. Aunque en la justicia norteamericana la empresa fue condenada el año pasado a reparar a un grupo de víctimas nacionales, es la primera vez que se declara responsabilidad penal individual por la financiación.
Los condenados son:
- Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, exasesor jurídico de Chiquita Brands para Colombia.
- John Paul Olivo; contralor de Chiquita Brands para Norteamérica y quien actuó como contralor para Banadex, desde 1996 hasta 2001.
- Álvaro Acevedo González, exgerente de Banadex.
- Charles Dennis Keiser, quien dirigió las operaciones de Chiquita en Colombia entre 1987 y 2000.
- José Luis Valverde Ramírez, ciudadano costarricense y exrepresentante legal de Banadex, entre 2000 y 2002.
- Víctor Julio Buitrago Sandoval, quien fuera jefe de seguridad de Banadex para las regiones de Santa Marta y Urabá, desde 1999 hasta 2004.
- Fuad Alberto Giacoman Hasbún, ciudadano hondureño y excontralor de Chiquita Brands en Colombia, desde 2002 a 2004.
El juzgado no encontró prueba de que los altos directivos de la empresa hubieran adoptado políticas corporativas de “cero tolerancia” a quienes colaboraban con grupos armados, a pesar de que en Estados Unidos existen en casi todas las compañías. En palabras de la jueza del caso, Diana Lucía Monsalve, “no hubo ninguna medida por parte de la compañía para mitigar el riesgo”.
Para la jueza, no es cierto que los altos ejecutivos de la noche a la mañana sintieran una fuerza que anulaba su voluntad, pues, además de que habían ya pagado a las guerrillas, tenían pleno conocimiento de los grupos armados que controlaban la zona. A pesar de ello, no hay prueba de que hayan alertado con urgencia a las autoridades.
De hecho, en la sentencia se les reprocha por no haber acudido a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, la cual hubiera autorizado los pagos, supuestamente extorsivos, mientras la empresa salía del país de manera segura.
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