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El Gobierno Nacional desmintió que haya calificado de "criminal" al excomisionado de Paz, Luis C. Restrepo, a quien la semana pasada le fue levantada la medida de aseguramiento por el proceso por falsas desmovilizaciones.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que "nunca" le ha dado el Gobierno un tratamiento en ese sentido, al exfuncionario del gobierno Uribe.
"El Gobierno no califica las decisiones judiciales, de manera que sobre la providencia, tanto la que no le era favorable (medida de aseguramiento), como la que sí le es, no hemos emitido ningún pronunciamiento", enfatizó.
En el mismo sentido, Vargas dijo que "es su decisión" si regresa o no al país pero "de parte nuestra si decide volver tendrá la seguridad que ha solicitado".
"Nosotros hemos recibido una carta en la Agencia Nacional de Protección, en el momento que el doctor Luis C. Restrepo regrese al país podemos ofrecerle la protección adecuada (…) nosotros asumimos ese compromiso", aseguró el jefe de la cartera política.
Desde la clandestinidad, el excomisionado de paz, Luis C. Restrepo le envió una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en el que cuestiona seriamente los señalamientos que han hecho varios funcionarios del Gobierno, principalmente al presidente Juan Manuel Santos, al que señaló de condenarlo sin pruebas.
En uno de los apartes de la misiva de dos páginas, es claro en señalar que las declaraciones de Esguerra en las que lo invita a regresar al país, así como otros señalamientos de los que se ha notificado por los medios de comunicación son muestra del “asedio” que ha emprendido el actual Gobierno en su contra.
“Sus declaraciones, señor Ministro, carentes de todo soporte legal, son una muestra más del asedio al que me ha sometido el actual gobierno, que en cabeza del propio Presidente Juan Manuel Santos ha prejuzgado sobre mi comportamiento e intentado presentarme ante la opinión pública como un criminal”, precisó Restrepo.
Y es que Restrepo fue claro en señalar que asistió a todas las diligencias judiciales (entrevistas e indagatorias) a las que fue citado por la Fiscalía durante el año 2011, precisando que presentó todas las pruebas y declaraciones “en relación con las denuncias criminales sobre supuestas irregularidades en el exitoso procesos de desmovilización” el cual fue ejecutado durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
Por El Espectador
