La viceministra del Interior, Viviana Manrique, manifestó que la Corte Constitucional ha dado muestra de no contar con toda la información de la manera como el Gobierno Nacional ha ido adelantando el proceso de restitución de tierras de las comunidades desplazadas de Jiguamiandó y Curvaradó, en el bajo Atrato (Chocó).
“No se trata de que digan mentiras o verdades. Creemos que les falta información y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy (…) Si es voluntad de la honorable Corte que se espere todavía un tiempo más para las restituciones, les solicitamos que designen un secuestre que sea garante de que realmente la propiedad colectiva le llegue a las comunidades negras”, señaló.
Aseguró que muchos de los pasos señalados por la Corporación para llevar a feliz término la entrega de las tierras a los afrodescendientes ya han sido cumplidos a cabalidad, y de ahí su extrañeza ante muchas de las indicaciones contenidas en el auto en que se orden la suspensión inmediata del proceso.
“Al revisar el auto, se parten de unos presupuestos que ni siquiera están acordes a la realidad de las comunidades negras. Nosotros somos garantes del goce efectivo de los derechos de las comunidades negras.”, denunció la alta funcionaria del Ejecutivo.
Agregó que no es cierto que actores ilegales siguieran manteniendo el control sobre las tierras, pues fue gracias al Gobierno que se llevaron a feliz término acuerdos de voluntades para que incluso los empresarios que todavía se encontraran en la zona la abandonaran sin tener que acudir a acciones legales.
Indicó que el censo y la revisión de la titulación de los predios sugeridos por la Corte Constitucional mediante la expedición del auto ya fueron cumplidos y que aún cuando no lo hubieran conseguido, no es razón suficiente para suspender la entrega de las cerca de 10 mil hectáreas que el Ministerio se disponía entregar a la comunidades negras.
Por El Espectador
