Gobierno no acoge medidas cautelares de la CIDH en caso Petro: Santos
El ministro de trabajo, Rafael Pardo, asumirá como alcalde encargado.
El Espectador
El presidente Juan Manuel Santos, anunció que el Gobierno no acoge las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y confirmó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En una alocución el mandatario señaló que Petro tuvo todas las oportunidades para defenderse en la Justicia colombiana y nombró como alcalde encargado de Bogotá al ministro de Trabajo, Rafael Pardo.
El argumento principal del presidente de la República para no acatar lo solicitado por la CIDH radica en que el alcalde Petro, según explicó, aún tiene instancias posibles dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Sólo se acoge los mandamientos internacionales cuando las instancias nacionales se han agotado, fue lo que explicó Santos.
“El Consejo de Estado ha señalado que Petro aun dispone de mecanismos ante la jurisdicción colombiana. En ese caso es evidente que la justicia colombiana no solo ha actuado sino que lo ha hecho de manera transparente. El gobierno entiende la importancia y ha defendido el sistema interamericano de derechos humanos, sin embargo considera que este papel es complementario y por lo tanto solo debe funcionar si se debe y se da una falla en el sistema interno”, explicó el mandatario.
Este es el último trámite previsto en el proceso tras el fallo del miércoles del Consejo de Estado que rechazó todas las tutelas que buscaban suspender la destitución e inhabilitación de Petro y con lo que se agotaron las instancias legales contra la sanción. (Lea: Consejo de Estado dejó en firme destitución de Gustavo Petro)
"Desde que el Procurador General de la Nación anunció la sanción de destitución del señor Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijimos clara y tajantemente que tanto el proceder del Presidente como el del Gobierno sería el de cumplir con la Constitución y las leyes, y defender las instituciones. Al mismo tiempo, solicitamos que al alcalde Petro se le respetaran sus derechos y se le permitiera usar todos los recursos legales a su disposición. Así hemos procedido al pie de la letra y así ha sucedido. Fueron más de 300 tutelas que la Justicia tuvo que resolver, ante los jueces, en los tribunales y las altas cortes", agregó Santos.
La Procuraduría falló en contra del alcalde bogotano en diciembre pasado por el mal manejo de una crisis de basuras en la capital a finales de 2012 tras el cambio de un modelo privado a uno público.
Después de un periplo de más de tres meses por las instancias colombianas, la CIDH dictó la noche del miércoles medidas cautelares a favor de Petro en las que solicita que se suspenda la aplicación del fallo, que hoy Santos decidió no acatar. (Lea: Este fue el último recurso de la defensa de Petro ante la CIDH)
La decisión del Consejo de Estado
Con una votación de 15 votos a favor y ocho en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado rechazó las 25 tutelas radicadas en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
En la sesión celebrada este martes, los magistrados avalaron los argumentos de la ponencia del togado Alfonso Vargas Rincón que indicaba que la Procuraduría General tenía las facultades para investigar y sancionar disciplinariamente a un funcionario público elegido por voto popular.
Igualmente se indicó que no se pudo evidenciar que se le vulnerara el derecho a los accionantes a elegir y ser elegidos. En esta decisión se tumbaron las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió provisionalmente los alcances del fallo sancionatorio. Además se suspende la fecha de la revocatoria del mandatario distrital que estaba fijada para el próximo 6 de abril.
En la primera sesión celebrada en la mañana de este martes, el alto tribunal anuló las pretensiones de ocho acciones de tutela al considerar que se presentó una falta de legitimidad en las mismas, ya que no se pudo demostrar la vulneración de sus derechos como electores.
En este punto se estableció que los accionantes no habían ejercido su derecho al voto en las elecciones celebradas en septiembre de 2011, entre los casos se destaca el de un joven que para esa fecha no tenía ni cedula de ciudadanía por lo que no podía participar en los comicios.
El presidente Juan Manuel Santos, anunció que el Gobierno no acoge las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y confirmó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En una alocución el mandatario señaló que Petro tuvo todas las oportunidades para defenderse en la Justicia colombiana y nombró como alcalde encargado de Bogotá al ministro de Trabajo, Rafael Pardo.
El argumento principal del presidente de la República para no acatar lo solicitado por la CIDH radica en que el alcalde Petro, según explicó, aún tiene instancias posibles dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Sólo se acoge los mandamientos internacionales cuando las instancias nacionales se han agotado, fue lo que explicó Santos.
“El Consejo de Estado ha señalado que Petro aun dispone de mecanismos ante la jurisdicción colombiana. En ese caso es evidente que la justicia colombiana no solo ha actuado sino que lo ha hecho de manera transparente. El gobierno entiende la importancia y ha defendido el sistema interamericano de derechos humanos, sin embargo considera que este papel es complementario y por lo tanto solo debe funcionar si se debe y se da una falla en el sistema interno”, explicó el mandatario.
Este es el último trámite previsto en el proceso tras el fallo del miércoles del Consejo de Estado que rechazó todas las tutelas que buscaban suspender la destitución e inhabilitación de Petro y con lo que se agotaron las instancias legales contra la sanción. (Lea: Consejo de Estado dejó en firme destitución de Gustavo Petro)
"Desde que el Procurador General de la Nación anunció la sanción de destitución del señor Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijimos clara y tajantemente que tanto el proceder del Presidente como el del Gobierno sería el de cumplir con la Constitución y las leyes, y defender las instituciones. Al mismo tiempo, solicitamos que al alcalde Petro se le respetaran sus derechos y se le permitiera usar todos los recursos legales a su disposición. Así hemos procedido al pie de la letra y así ha sucedido. Fueron más de 300 tutelas que la Justicia tuvo que resolver, ante los jueces, en los tribunales y las altas cortes", agregó Santos.
La Procuraduría falló en contra del alcalde bogotano en diciembre pasado por el mal manejo de una crisis de basuras en la capital a finales de 2012 tras el cambio de un modelo privado a uno público.
Después de un periplo de más de tres meses por las instancias colombianas, la CIDH dictó la noche del miércoles medidas cautelares a favor de Petro en las que solicita que se suspenda la aplicación del fallo, que hoy Santos decidió no acatar. (Lea: Este fue el último recurso de la defensa de Petro ante la CIDH)
La decisión del Consejo de Estado
Con una votación de 15 votos a favor y ocho en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado rechazó las 25 tutelas radicadas en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
En la sesión celebrada este martes, los magistrados avalaron los argumentos de la ponencia del togado Alfonso Vargas Rincón que indicaba que la Procuraduría General tenía las facultades para investigar y sancionar disciplinariamente a un funcionario público elegido por voto popular.
Igualmente se indicó que no se pudo evidenciar que se le vulnerara el derecho a los accionantes a elegir y ser elegidos. En esta decisión se tumbaron las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió provisionalmente los alcances del fallo sancionatorio. Además se suspende la fecha de la revocatoria del mandatario distrital que estaba fijada para el próximo 6 de abril.
En la primera sesión celebrada en la mañana de este martes, el alto tribunal anuló las pretensiones de ocho acciones de tutela al considerar que se presentó una falta de legitimidad en las mismas, ya que no se pudo demostrar la vulneración de sus derechos como electores.
En este punto se estableció que los accionantes no habían ejercido su derecho al voto en las elecciones celebradas en septiembre de 2011, entre los casos se destaca el de un joven que para esa fecha no tenía ni cedula de ciudadanía por lo que no podía participar en los comicios.