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La Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), bajo la dirección de Jhon Camargo, radicó una denuncia penal en la Fiscalía por lo que considera una grave feria de delitos en el marco del caso denominado como Muelle 13. Se trata de un muelle del puerto de Buenaventura que, inicialmente, iba a ser ampliado y aprovechado por otros 20 años por el Grupo Portuario S.A. y cuyo proceso quedó frenado por orden de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La zona de ampliación afectaba los manglares de la región vallecaucana.
Los presuntos delitos advertidos por la Andje están relacionados con las actuaciones realizadas por el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura (EPA), encargado de administrar el ambiente y los recursos naturales renovables de la región. Para la Andje, esta última entidad habría realizado maniobras para favorecer específicamente al Grupo Portuario S.A., el cual buscaba hacer una inversión de US$10 millones para ampliar el Muelle 13 y renovar su administración por 20 años más, a partir de 2025.
Para entender el caso hay que remontarse a enero de 2022, cuando el Grupo Portuario S.A. solicitó al gobierno nacional la modificación del contrato que actualmente tiene en firme en el puerto de Buenaventura. Entre otras proyecciones, la idea era ampliar el Muelle 13 hasta 200 metros de longitud, permitiendo la llegada de buques mucho más grandes al puerto vallecaucano. El primero en oponerse fue la Dirección General Marítima (Dimar), que en octubre de ese año emitió un concepto no favorable.
El meollo está en que el director del EPA de Buenaventura, José Absalón Suárez, emitió una resolución en febrero de 2023, aprobando la modificación y actualización del plan de manejo ambiental del Muelle 13. Según la Andje, en su denuncia, lo que correspondía para una ampliación de esa magnitud era lograr una modificación a la licencia ambiental expedida años atrás por la ANLA, como órgano de carácter nacional, y no regional. Incluso, la solicitud y expedición de una nueva licencia ambiental.
Aun así, el director Suárez respondió al Grupo Portuario S.A. que había emitido un “concepto de legalidad y conveniencia” a favor de dicha empresa. No obstante, según encontró la Andje, ese concepto no tenía ninguna evaluación ni análisis del estudio de impacto ambiental. El acto administrativo del EPA era, prácticamente, según la Andje, la descripción del proyecto buscado por los inversionistas. Y, además, se autorizó la intervención de ecosistemas de manglares sin solicitarle concepto previo al Ministerio de Ambiente.
De acuerdo con la denuncia, el acto administrativo del EPA de Buenaventura no era una modificación de un plan de manejo ambiental, sino una figura que habría permitido una construcción adicional en el Muelle 13. Una situación que requería de todo el esfuerzo de la ANLA. Ante esas presuntas irregularidades, la Andje radicó una denuncia por los delitos de abuso en función pública, daños en los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica y los que considere la Fiscalía.
Cabe destacar que este lío es aún mayor, pues contiene, además, un reversazo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la autoridad nacional que define la ampliación de contratos como el del Muelle 13. El Grupo Portuario S.A. le solicitó la modificación y prórroga del proyecto a la ANI en 2022, ante lo cual el pasado 27 de diciembre la entidad le dio el “sí” a través de una resolución. No obstante, en cuestión de solo nueve días, el 5 de enero pasado, la misma ANI dio vuelta atrás a su decisión previendo “afectaciones ambientales”, a través de otra resolución.
El reversazo obligó a la Sociedad Portuaria S.A. a presentar una acción de cumplimiento ante la justicia. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les negó las pretensiones en abril pasado y le respondió que no puede hacer cumplir una resolución que no está vigente. Es decir, el Tribunal consideró que no puede ordenarle a la ANI que cumpla un acuerdo que ya no existe.
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