Gobierno Santos no podría firmar contrato para recuperar galeón San José: Procuraduría

La pelea por recuperar el considerado último tesoro que la corona española pretendía sacar de América, y que un barco inglés hundió hace 309 años, tiene enfrentados a los gobiernos de Colombia y España. Los europeos aprovechan cada oportunidad para criticar el proceso que ha defendido el presidente Juan Manuel Santos: sacar los objetos preciados del mar con una asociación público privada (APP). Por su parte, el ejecutivo colombiano asegura que su único interés es proteger el patrimonio de la Nación. A esta puja se le acaba de sumar la Procuraduría, quizás la única entidad que puede mediar entre ambas naciones para, de una vez por todas, rescatar el tesoro del Galeón San José.

En una carta de cinco páginas, que firmó el propio procurador general, Fernando Carrillo, el Ministerio Público consignó siete puntos claves que debe tener en cuenta el Ministerio de Cultura a la hora de firmar el contrato con la empresa que sacará las piezas, avaluadas en por lo menos US$10 mil millones. El primero de ellos, y quizás el más preocupante, es que el tiempo para firmar el convenio estaría por terminarse. Según la Procuraduría, ni el Ministerio de Cultura ni el jefe de Estado pueden firmar una asociación de este tipo faltando tan solo 100 días para que acabe el período presidencial. Si quisiera hacerlo, de acuerdo con lo que dice la Ley 996 de 2005, debería haber firmado el contrato cuatro meses antes de salir del cargo.

(Le puede interesar: Ministro de Cultura de España pulla al gobierno colombiano por el galeón San José)

Se trata, en todo caso, de una advertencia alarmante, pues es precisamente Juan Manuel Santos quien ha impulsado la APP. Desde 2015, cuando anunció el hallazgo del galeón, el Gobierno hizo una alianza con la empresa británica Maritime Archaeology Consultins Switzerland AG (MACS) con el fin de empezar la investigación de campo para el rescate del oro, plata y piedras preciosas. Dado que había sido el único participante de la licitación, todo indicaba que serían ellos los ganadores. Sin embargo, a último minuto apareció Géminis Consultores SAS, con la intención de ganarles a los ingleses. El Ministerio de Cultura anunció que ampliarían un mes el proceso para darles la oportunidad de pelear el premio.

La nueva fecha pactada para adjudicar la licitación quedó programada para el próximo 25 de mayo, fecha en la que ya, según la Procuraduría, ningún ente estatal puede firmar un contrato. Otra de las alertas que lanzó el Ministerio Público tiene que ver con el acuerdo de pago que se habría pactado para la APP. Según la carta, las autoridades involucradas en el asunto deben revisar las normas que existen a la hora de reglamentar contratos que, en lugar de negociarse con dinero, se pagan con bienes materiales. En palabras sencillas: que se revise si en el caso del galeón San José es válido pagarles a los contratistas con bienes que se recuperan del fondo del mar, en lugar de con dinero en efectivo.

Aunque la Procuraduría aclara que la negociación de la APP establece que esos bienes para pago no pueden ser del patrimonio de la Nación, es claro que el llamado de la Procuraduría apunta a evitar un saqueo de lo encontrado por parte de cazatesoros, que abundan en casos como este. A esta problemática también se han referido varios estudiosos del tema que temen que Colombia pierda lo que las altas cortes del país ya han ratificado como bienes de la Nación. Esta semana, precisamente, el Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Unesco emitió una resolución en la que acusa al gobierno de Santos de feriar el tesoro. Una acusación que coincidió con un reportaje publicado por el diario español ABC, en el que se analizaron los intereses ocultos en la APP.

(En contexto: Los descubridores del galeón San José)

“Los despojos del galeón San José serán objeto de reparto con los cazatesoros y después su huella desaparecerá en un entramado de empresas que conduce a un paraíso fiscal bajo dominio británico como son las Islas Caimán”, dice la publicación periodística, que se basó en una investigación desde 2015 para sustentar sus argumentos. A la Procuraduría, además, le preocupa el hecho de que hasta esta semana solo hubiera un participante en la licitación y llamó la atención del Ministerio de Cultura en su carta para que reconsiderara a otros oferentes. En este sentido, el Ministerio Público también mencionó la necesidad de hacer de este proceso un evento público, pues así está previsto en la Constitución.

Lo único que no puede ser público en este caso, dice la carta, son las coordenadas y especificaciones de los elementos del patrimonio cultural sumergido. Además del llamado para imponerle transparencia a la licitación, la Procuraduría agregó otra observación. Para el Ministerio Público, la Presidencia y el Ministerio de Cultura deben tener en cuenta desde ya las implicaciones jurídicas que la adjudicación de la APP podría traerle a Colombia. Por eso, la recomendación del procurador es que se establezca una estrategia con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para estar preparados ante cualquier acción judicial que pueda impactar el ritmo de la ejecución del proyecto.

(Más información: Rescate del galeón San José costará más de $197 mil millones)

El ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, Íñigo Méndez de Vigo, es uno de los delegados del gobierno español que con más ímpetu han tratado de mediar con Colombia para que a España se le reconozcan derechos sobre la embarcación. Hace dos días, el funcionario aprovechó la firma de un acuerdo de cooperación cultural con México para reiterar sus críticas al manejo que el gobierno Santos le ha dado al galeón San José. Recordó el pronunciamiento de la Unesco, pero su molestia fue aún mayor cuando se enteró de que la empresa que tiene más probabilidades de quedarse con la APP es de origen inglés. Eran ingleses quienes en 1708 hundieron el preciado tesoro. El próximo 25 de mayo podría resolverse, por fin, el responsable de sacarlo a la superficie. 

La pelea por recuperar el considerado último tesoro que la corona española pretendía sacar de América, y que un barco inglés hundió hace 309 años, tiene enfrentados a los gobiernos de Colombia y España. Los europeos aprovechan cada oportunidad para criticar el proceso que ha defendido el presidente Juan Manuel Santos: sacar los objetos preciados del mar con una asociación público privada (APP). Por su parte, el ejecutivo colombiano asegura que su único interés es proteger el patrimonio de la Nación. A esta puja se le acaba de sumar la Procuraduría, quizás la única entidad que puede mediar entre ambas naciones para, de una vez por todas, rescatar el tesoro del Galeón San José.

En una carta de cinco páginas, que firmó el propio procurador general, Fernando Carrillo, el Ministerio Público consignó siete puntos claves que debe tener en cuenta el Ministerio de Cultura a la hora de firmar el contrato con la empresa que sacará las piezas, avaluadas en por lo menos US$10 mil millones. El primero de ellos, y quizás el más preocupante, es que el tiempo para firmar el convenio estaría por terminarse. Según la Procuraduría, ni el Ministerio de Cultura ni el jefe de Estado pueden firmar una asociación de este tipo faltando tan solo 100 días para que acabe el período presidencial. Si quisiera hacerlo, de acuerdo con lo que dice la Ley 996 de 2005, debería haber firmado el contrato cuatro meses antes de salir del cargo.

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Se trata, en todo caso, de una advertencia alarmante, pues es precisamente Juan Manuel Santos quien ha impulsado la APP. Desde 2015, cuando anunció el hallazgo del galeón, el Gobierno hizo una alianza con la empresa británica Maritime Archaeology Consultins Switzerland AG (MACS) con el fin de empezar la investigación de campo para el rescate del oro, plata y piedras preciosas. Dado que había sido el único participante de la licitación, todo indicaba que serían ellos los ganadores. Sin embargo, a último minuto apareció Géminis Consultores SAS, con la intención de ganarles a los ingleses. El Ministerio de Cultura anunció que ampliarían un mes el proceso para darles la oportunidad de pelear el premio.

La nueva fecha pactada para adjudicar la licitación quedó programada para el próximo 25 de mayo, fecha en la que ya, según la Procuraduría, ningún ente estatal puede firmar un contrato. Otra de las alertas que lanzó el Ministerio Público tiene que ver con el acuerdo de pago que se habría pactado para la APP. Según la carta, las autoridades involucradas en el asunto deben revisar las normas que existen a la hora de reglamentar contratos que, en lugar de negociarse con dinero, se pagan con bienes materiales. En palabras sencillas: que se revise si en el caso del galeón San José es válido pagarles a los contratistas con bienes que se recuperan del fondo del mar, en lugar de con dinero en efectivo.

Aunque la Procuraduría aclara que la negociación de la APP establece que esos bienes para pago no pueden ser del patrimonio de la Nación, es claro que el llamado de la Procuraduría apunta a evitar un saqueo de lo encontrado por parte de cazatesoros, que abundan en casos como este. A esta problemática también se han referido varios estudiosos del tema que temen que Colombia pierda lo que las altas cortes del país ya han ratificado como bienes de la Nación. Esta semana, precisamente, el Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Unesco emitió una resolución en la que acusa al gobierno de Santos de feriar el tesoro. Una acusación que coincidió con un reportaje publicado por el diario español ABC, en el que se analizaron los intereses ocultos en la APP.

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“Los despojos del galeón San José serán objeto de reparto con los cazatesoros y después su huella desaparecerá en un entramado de empresas que conduce a un paraíso fiscal bajo dominio británico como son las Islas Caimán”, dice la publicación periodística, que se basó en una investigación desde 2015 para sustentar sus argumentos. A la Procuraduría, además, le preocupa el hecho de que hasta esta semana solo hubiera un participante en la licitación y llamó la atención del Ministerio de Cultura en su carta para que reconsiderara a otros oferentes. En este sentido, el Ministerio Público también mencionó la necesidad de hacer de este proceso un evento público, pues así está previsto en la Constitución.

Lo único que no puede ser público en este caso, dice la carta, son las coordenadas y especificaciones de los elementos del patrimonio cultural sumergido. Además del llamado para imponerle transparencia a la licitación, la Procuraduría agregó otra observación. Para el Ministerio Público, la Presidencia y el Ministerio de Cultura deben tener en cuenta desde ya las implicaciones jurídicas que la adjudicación de la APP podría traerle a Colombia. Por eso, la recomendación del procurador es que se establezca una estrategia con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para estar preparados ante cualquier acción judicial que pueda impactar el ritmo de la ejecución del proyecto.

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