Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En la mañana de este 4 de febrero hubo una reunión con representantes de instituciones del Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el objetivo de adelantar los recursos necesarios para la imposición y cumplimiento de las sanciones propias por parte de quienes llevan procesos judiciales ante ese tribunal de cierre.
En la reunión participaron el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas; la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller; el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli; y el secretario ejecutivo de ese tribunal, Harvey Suárez.
Durante la reunión, en la que buscaron “articular las entidades de cara a la implementación de sanciones propias y proyectos restaurativos”, la JEP y los representantes del Gobierno Nacional llegaron al acuerdo de crear un comité de impulso que permitirá mantener la conversación fluida y permanente entre esas tres instituciones, la Agencia de Renovación del Territorio y el Ministerio de Hacienda.
Contenido relacionado: Necesitamos confirmar que las sanciones se pueden cumplir: presidente de la JEP
El director del Dapre anunció también que sostendrá próximamente una reunión con la cartera de Hacienda, con el objetivo de revisar el dinero disponible por parte del Gobierno Nacional para que el trabajo del tribunal de cierre pueda seguir adelante. Especialmente para aquellas gestiones relacionadas con la disposición de proyectos para el cumplimiento de las sanciones propias.
Jorge Rojas (@jorgerojas2022), director del @DapreCol, ratificó el compromiso del Presidente de la República en la articulación y la obtención de los recursos necesarios para la imposición de las #SancionesPropias que deberán cumplir los máximos responsables de graves crímenes en… pic.twitter.com/q1i0G9KvQE
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 4, 2025
Esta reunión se da justo después de que el gobierno norteamericano anunciara la suspensión de los fondos de su Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), por un período de 90 días, en tanto el gobierno del recién posesionado presidente Donald Trump revisa su política de cooperación internacional.
En su momento, el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno colombiano asumiría la responsabilidad de proveer los recursos suspendidos por los Estados Unidos. En diálogo con El Espectador, el magistrado Ramelli dijo que aguardaban a que se tratara de una decisión temporal: “Esperamos que sea provisional, que esa decisión se reconsidere y descongelen los recursos. Nos interesa seguir manteniendo una relación de colaboración armónica con Estados Unidos”.
Le puede interesar: La chiva bomba, una de las tomas guerrilleras por la que exFarc responderán en JEP
Y dio un parte de tranquilidad sobre la continuidad inmediata de las labores del tribunal de cierre: “La congelación de los recursos de Estados Unidos, que no sé si será provisional o definitiva, sí impacta algunos casos que veníamos trabajando. Pero no quiere decir que se vayan a paralizar o que entonces nunca va a haber sentencia. La JEP sigue andando y nosotros tenemos igualmente otra cooperación internacional que es muy importante”.
El presidente de la JEP también señaló que, pese a las presiones para que el tribunal de cierre empiece a emitir las sanciones propias, lo más importante para el equipo de magistrados es garantizar que existan los recursos, espacios y proyectos para que esas sanciones se cumplan. Aseguró que carece de validez emitir las sentencias si estas han de quedar en letra muerta y no se ejecutan por no tener dispuestos los recursos necesarios para hacerlo.
“Estamos haciendo un trabajo muy importante en ajustar la demanda y la oferta que tenemos, respecto a las sanciones que podemos emitir. Necesitamos tener claros esos proyectos porque de ellos dependen las sanciones. (...) Si sacamos esas sentencias sin hacer este segundo trabajo de verificar que sí se puedan cumplir, pues no tiene sentido”, dijo el magistrado Ramelli.
Lea también: Estamos en diálogo con justicia indígena por sanciones propias: magistrado de JEP
Ahora se espera que tras la reunión que se desarrolle con el Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional defina cuál será la cantidad de recursos concreta que destinará a las funciones de la JEP. Mismas que, tras la decisión de los Estados Unidos, representan afectaciones estimadas de entre $15.000 y $16.000 millones que cuesta el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en el país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
