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En la mañana de este 16 de enero llegó el nuevo procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, para dar inicio a su período al frente del ente de control. Esto, luego de que el día de ayer la saliente procuradora, Margarita Cabello, le entregara en un acto protocolario el informe final de empalme de la entidad.
Desde la Procuraduría, Eljach dio un discurso en el que se refirió a temas claves para el Ministerio Público, como su competencia para sancionar y destituir a funcionarios de elección popular, asunto sobre el cual el Consejo de Estado tomó una decisión a inicio de diciembre.
También aseguró que no presentará proyectos ante el Congreso de la República, con el fin de crear nuevos cargos en el Ministerio Público. La entidad, según él, tiene al personal necesario para cumplir con sus objetivos.
Minutos antes de que iniciara la intervención del procurador Eljach, se confirmó también su decisión de designar a Néstor Osuna, exministro de Justicia del gobierno Petro, como nuevo procurador delegado para los Derechos Humanos. Este es uno de los primeros nombramientos que se dan a conocer.
Sobre las funciones de la Procuraduría
Uno de los asuntos en los que mayor énfasis hizo el procurador Eljach fue la definición de las funciones y competencias de la Procuraduría, tema que ha estado a la orden del día por el efecto que causó la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Petro Urrego vs Colombia”, sobre sanción y destitución de funcionarios de elección popular.
“En principio, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de establecer que la Procuraduría no sancionara a funcionarios públicos elegidos por voto popular tiene un buen propósito: que los órganos de control no distorsionen los procesos electorales”, señaló.
Pero, a renglón seguido, dijo que esto se debe interpretar desde la realidad colombiana, donde una buena parte de los hechos de corrupción involucran a funcionarios de elección popular. “Una aplicación radical, mecánica, de la sentencia podría entenderse mal como una talanquera en la cabal lucha contra la corrupción por parte del Ministerio Público”, dijo.
En contexto: Procuraduría sí podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular
Además, resaltó los avances de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado al tomar decisiones al respecto. La más reciente fue en diciembre de 2024, cuando el Consejo de Estado determinó que el Ministerio Público sí podrá aplicar ese tipo de sanciones, que estarán sujetas a revisión. Pero será el Congreso de la República el que resuelva el problema de fondo.
“Las funciones de la Procuraduría y del Ministerio Público están claramente regladas en la Constitución y en la ley. Me ceñiré con estricto rigor a esos mandatos”, dijo. Y agregó que trabajará de la mano de las altas cortes, el Congreso y los demás sectores de la sociedad para lograr la articulación institucional y el consenso necesarios para el país.
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Burocracia en la entidad
Otro tema destacado en la intervención de Eljach fue la prevalencia de la burocracia y las ferias de contratos, comunes en las entidades públicas. Aseguró que durante su administración no se ampliará la lista de cargos con la que actualmente funciona el Ministerio Público.
“Yo no me propongo hacer cambios estructurales”, dijo. Aseguró que al diseño actual de la entidad no es necesario hacerle cambios, solo ajustes y actualizaciones tecnológicas que no modifiquen sus alcances de fondo ni afecten sus funciones: “no hay necesidad de introducir reformas”.
Y agregó: “Yo no voy a proponerme llevar al Congreso de la República proyecto alguno para crear cargos en la Procuraduría. Aquí está la gente suficiente e idónea. (...) No todo es creando cargos ni cambiando estructuras, lo mejor es trabajar”.
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Finalmente, puso en la lista de prioridades de su gestión el fortalecimiento del diálogo social, la ampliación de la presencia regional de la Procuraduría, la acción directa contra la corrupción y la atención a campesinos, grupos étnicos, niñas, niños y adolescentes. Estos últimos amenazados de forma particular por la realidad del reclutamiento forzado por parte de grupos armados.
“Si bien la política tiene su dinámica y sus actores propios en un sistema democrático y la Procuraduría General de la Nación, como órgano de control, no debe intervenir en la política, en casos de polarización o radicalización sí tiene la responsabilidad de decirle a la sociedad cuáles son los mínimos que deben ser respetados o restablecidos”, concluyó.
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