Desde un hotel en el norte de Bogotá, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dio a conocer el más reciente informe de esta organización no gubernamental, titulado "La guerra en el Catatumbo. Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia". En entrevista con este diario, Vivanco explica por qué la situación en la frontera colombo venezolana es dramática, donde los desplazamientos, asesinatos y desapariciones forzadas han aumentado de manera exponencial. El narcotráfico es el punto de partida y de llegada.
Pareciera haber un recrudecimiento de la violencia especialmente en la frontera colombo venezolana. ¿Cómo entenderlo?
La situación en la frontera entre Colombia y Venezuela es muy grave. Los grupos se están disputando las rutas de narcotráfico a Venezuela y cuentan con la ventaja de que pueden cruzar la frontera para usar el territorio venezolano como retaguardia.
¿Qué dinámicas ilegales confluyen en la frontera?
Los abusos de los grupos armados se han disparado en el Catatumbo tras la salida de las Farc. Antes de la desmovilización de esa guerrilla había una división del territorio entre las Farc, el Eln y el Epl. Pero con el acuerdo de paz, el Eln y el Epl comenzaron una guerra brutal por el control del territorio y de las rutas de narcotráfico a Venezuela. Además, contribuyó a esta situación que, tras la muerte, en 2015, de “Megateo”, el líder histórico del EPL en el Catatumbo, quedaron como lideres del grupo algunos comandantes con menor “formación política” que estaban más dispuestos a entrar en confrontaciones con el Eln. En el contexto de esta guerra, el Eln y el Epl, así como una disidencia del Frente 33 de las FARC, han cometido todo tipo de abusos en contra de la población civil.
¿Cuáles son los principales abusos que se están cometiendo y por qué los grupos armados están recurriendo a esos abusos en específico?
En este contexto, los grupos armados están cometiendo abusos brutales, tales como, asesinatos, desapariciones, secuestros, violaciones sexuales y reclutamiento de menores. Las cifras son verdaderamente dicientes. Desde 2017, se han desplazado, según cifras oficiales de la unidad de víctimas, más de 40.000 personas en el Catatumbo. Además, la Fiscalía está investigando más de 180 casos desapariciones, 17 casos de reclutamiento forzado y cerca de 1.000 amenazas.
¿Hay control territorial?
Los grupos armados ejercen un control muy claro sobre la población. Obligan a las comunidades a seguir sus reglas y caprichosos. De hecho, son los propios grupos armados los que establecen controles migratorios para los migrantes venezolanos. Solo permiten que ingresen los venezolanos que tienen una “recomendación” de un local. Y si el inmigrante no trabaja o comete alguna infracción a las normas de los grupos armados, la persona que lo recomendó debe “rendir cuentas”.
¿Están los Estados colombiano y venezolano respondiendo?
Del estado venezolano no se puede esperar nada porque está controlado por una mafia corrupta. En cuanto al gobierno colombiano, el abandono histórico de esta zona es muy grave. Nosotros hemos documentado en terreno enormes deficiencias para proteger a la población civil y a los lideres sociales; prevenir abusos; otorgar asistencia humanitaria a los desplazados; y garantizar que las victimas tengan justicia.
La enorme mayoría de los abusos quedan en la impunidad. Ello ocurre en parte porque no hay fiscales e investigadores suficientes para investigar y procesar los crímenes de los grupos armados. En Tibú, por ejemplo, hay apenas tres fiscales de los cuales uno tienen 2.400 casos. La enorme mayoría de los municipios de Catatumbo no cuentan con ni siquiera un solo funcionario de CTI.
De manera similar, la asistencia a los desplazados ha sido lenta e insuficiente. Cientos de civiles han vivido en albergues temporarios improvisados por las comunidades. Algunos albergues no tenían ni siquiera muebles ni agua corriente.
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Por Redacción Judicial
