“Grupos armados siguieron reclutando niños durante la pandemia”: defensor del Pueblo

Según cifras del Ministerio de Defensa, desde agosto de 2002 hasta abril de 2020, 5.521 niños y niñas se han desvinculado de grupos armados ilegales / Archivo El Espectador.

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Aunque la pandemia por Covid-19 paró decenas de actividades en Colombia, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes siguió presentándose como una problemática de especial atención. En un trabajo colaborativo entre las 38 Defensorías Regionales y los despachos delegados para la Infancia, Juventud y el Adulto Mayor y para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos, la institución asegura que, durante la emergencia por coronavirus, se registró un total de 83 casos por parte de grupos armados ilegales.

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La Defensoría encontró que las disidencias de las Farc son el grupo que mayor número de infantes ha reclutado, con 54 casos que representan el 63% de la totalidad. Luego de ellos se encuentran grupos armados de crimen organizado con cinco; disidencias de las Autodefensas Unidas de Colombia con cinco; Ejército de Liberación Nacional (Eln) con seis; disidencias de los Grupos Armados Organizados Residuales con 2; Autodefensas Gaitanistas de Colombia con uno; y aún se investigan otros diez expedientes.

La institución asegura que, desde el 17 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020, la región más golpeada por este flagelo es Caquetá, con un total de 21 casos registrados. Luego de ese departamento le siguen Cauca con 19; Putumayo con ocho; Antioquía con siete; Arauca con seis; Chocó con cuatro; Amazonas y Córdoba con tres respectivamente; Huila, Meta, Vichada y Nariño con dos; y Bolívar, Tolima, Boyacá y Cundinamarca con un solo expediente cada uno. “El 80% ocurrieron en zonas rurales”, aseguró el defensor Carlos Camargo.

De acuerdo con la investigación, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en el país va de la mano con otros delitos. La Defensoría encontró que en la mayoría de los casos las víctimas entran a grupos armados ilegales tras ser desplazados de sus viviendas o amenazados de muerte por las mismas organizaciones criminales. Incluso, según la alerta, en dos casos hubo episodios de violencia sexual.

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“Es urgente formular estrategias de generación de ingresos que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas tanto de menores de edad, como de sus familiares y cuidadores. También ampliar la oferta de oportunidades desde la legalidad, permitiendo generar proyectos de vida posibles y adecuados a sus expectativas. Es la única solución definitiva a este infame desangre de talento y asesinato del futuro de Colombia”, concluye el defensor Carlos Camargo.

Entre 2017 y 2019, la Defensoría del Pueblo emitió 108 alertas tempranas en las que ha advertido sobre el riesgo de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en 182 municipios de Colombia. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “a los niños generalmente les encomiendan labores ligadas a actividades de vigilancia, transporte de armas y droga, y cobros de extorsión. Con las niñas y adolescentes se suman otro tipo de violencias, especialmente las basadas en género”, describieron en un informe publicado el 8 de octubre pasado.

De acuerdo con la FIP, las víctimas de las comunidades étnicas, por su parte, son vinculados a los grupos armados ilegales para que presten labores de seguridad y para aprovechar su conocimiento de los territorios. Por otro lado, según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el problema habría escalado a menores migrantes, quienes son vistos como “manos de obra de bajo costo en comparación con la población colombiana”, asegura la institución.