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Durante 2023, desde el grupo investigativo contra los delitos sexuales de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía (Dijín), Daniela Londoño Franco, su directora, ha liderado importantes investigaciones que dan cuenta del preocupante panorama que se mantiene al respecto de la trata de personas con fines de explotación sexual en el país. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en Colombia solo en 2022 se registraron 111 casos de trata de personas y, en el panorama general, el 62% de las víctimas son explotadas sexualmente.
Estos datos se evidencian en el Reporte Global sobre Trata de Personas de 2022, que dan cuenta de que el 87% de personas víctimas de trata en Colombia son mujeres. Para entender cómo han sido las más recientes investigaciones sobre este delito, el desmantelamiento de las organizaciones y el tratamiento a las víctimas que son liberadas de las estructuras organizadas que delinquen en la trata de personas con fines de explotación sexual, El Espectador habló con la directora Londoño.
(En contexto: Así está el panorama de trata de personas en Colombia y el mundo)
Este grupo de investigación en el encargado de indagar, especialmente, sobre los temas relacionados con violencias basadas en género, que se dividen en varios delitos: el feminicidio, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar, las lesiones con sustancias químicas y los homicidios a mujeres. Sin embargo, la línea investigativa fuerte es la trata de personas con todas sus modalidades, entendiendo que la trata de personas no solamente es explotación sexual, pero es esta la modalidad de la trata que más se vive en Colombia.
La capitana afirma que se mantiene en el cargo porque lo hace con amor, se refiere específicamente a la atención de las víctimas que logran liberar de estructuras delictivas, sean locales o internacionales. “Seguramente hay muchas personas a las que les da pereza atender a estas mujeres, porque resulta que atender una víctima de trata y un delito sexual no es lo mismo que tener una víctima de hurto o tener una investigación del narcotráfico. Es totalmente diferente y usted debe ser un ser humano diferente para evitar una revictimización y llevar un proceso investigativo exitoso”, asegura y añade que, todas las víctimas de trata en modalidad de explotación sexual “son personas sumamente vulnerables”.
En febrero de este año, la Policía en trabajo con Migración Colombia, el consulado de Grecia y la organización Operation Underground Railroad, acompañaron el rescate de tres mujeres colombianas que eran, supuestamente, víctimas del delito de trata de personas en Grecia. La estructura criminal que las había cooptado a 13 mujeres más de diferentes nacionalidades. ¿Cómo llegan ustedes a este tipo de casos?
En este caso puntual de Grecia se da por una víctima: ella logra alertar a las autoridades de lo que está ocurriendo y desde allí se da la repatriación. Automáticamente, se activa toda una ruta de atención a ella e investigativamente a la organización criminal, directamente desde ese país. En este caso puntual surge por la valentía de una víctima que habla.
¿Es usual que las víctimas sean las que hablen?
Sí, realmente sí es común, aunque quisiéramos que fuera más, porque existe un subregistro gigante de trata de personas, pero sí son muchas las víctimas que hablan y se atreven, que se escapan, que se cansan de lo que están viviendo, que logran avisar a un familiar o a través de las herramientas digitales logran dar aviso a las autoridades. Así se inician los procesos investigativos o de rescate, según corresponda. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama LibertApp y en febrero de este año logramos rescatar a más de cinco mujeres en Perú, porque se habían conectado por ese medio.
¿Cómo funciona la atención posterior a un rescate de las víctimas de trata con fines de explotación sexual?
Antes de hacer el operativo hay unas actividades de coordinación que se deben realizar. No es solamente que entren los policías, porque nosotros tenemos una competencia. Pero hay otras entidades que se encargan de esa atención inmediata y de tenerles, por ejemplo, un lugar cómodo donde ellas puedan estar después del rescate: que si se quisieran duchar, que si tienen ropita limpia, que si no tienen ropa o comida.
Esa es la atención primaria que se les da, luego se les brindan los auxilios psicológicos. Siempre hay personal experto en psicología que está pendiente de ellas, que habla con ellas, que está como muy pendiente de ese momento de rescate, porque incluso hay muchas que no se sienten víctimas, ya están tan dominadas por la organización que usted habla con ellas y no se sienten víctimas.
¿Cuándo dice que hay víctimas que no se han asumido con tales, debido a la dominación tan fuerte de la organización o un putero, de alguna manera y frente a lo que viene después, hay alguna pedagogía del delito?
Por eso existe ese acompañamiento psicológico y nosotros que somos personales expertos en el tema y en el manejo de estos escenarios. Lo que hacemos es preguntarle y explicarle lo que le pasaba y decirle que no es normal, que es una víctima. Las hacemos caer en la cuenta y les mostramos que estaban dominadas bajo una organización, bajo personas que simplemente las estaban cosificando como objetos sexuales. Eso lo hacemos con psicólogos y nosotros, que tenemos bastante experiencia y capacitación para poder abordar a las víctimas.
¿Hasta dónde va ese acompañamiento?
Hay una atención inmediata y una atención inmediata: la atención inmediata es la que se brinda en el momento, incluso si la víctima está en otro país y requiere retornar a su país, se hace la repatriación. Luego, hay una atención inmediata, es decir, es todo el apoyo psicológico, incluso económico. Para esto hay organizaciones o el mismo Gobierno si no tienen donde estar, hay casas, hogares de paso y apoyo jurídico. Es todo un tema de articulación para que haya una atención en diferentes ámbitos y es a largo plazo, hasta que la víctima lo requiera, o hasta que termine el proceso judicial.
En febrero de este año también se conoció del caso en Medellín, donde la madre y el padrasto de una menor de 14 años, ofrecían a la niña a cambio de dinero, según informó la brigadier general Olga Patricia Salazar, directora de la Dijin. “La adolescente, que hoy tiene 14 años, venía siendo accedida carnalmente desde que tenía 8 años, a los 10 quedó embarazada y su mamá la obligó a abortar y la siguió ofreciendo para ser abusada hasta tres veces al día, incluyendo el mismo padrastro”, dijo la oficial. ¿Cómo atienden una situación como esa en la que la explotación ocurre dentro del círculo y la intimidad familiar?
Realmente nosotros llegamos a este caso gracias a la valentía de la madrastra de la niña. Ella se da cuenta y denuncia. Si no hay una persona valiente que denuncie, para nosotros sería supremamente complicado llegar a estos casos que ocurren dentro de un núcleo familiar, de puertas de la casa para adentro, que a lo mejor no son solamente los espacios familiares donde se pueden dar de estas cosas también, sino también en el entorno educativo. Y en estos casos es supremamente complicado, muchas veces son los docentes los que denuncian.
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¿Cuáles son las ciudades donde más se evidencia esta problemática?
Tenemos unas ciudades priorizadas que son Cali, todo el sector del Eje Cafetero, Bogotá, Medellín, Cartagena y los Santanderes. Sin descartar que Guajira también está caracterizado por su condición de frontera, igual que el sector de Ipiales, pero donde tenemos los ojos puestos son en las primeras.
En enero de este año, la Procuraduría llegó hasta San José del Guaviare con una comisión extraordinaria de funcionarios para esclarecer los presuntos casos de explotación sexual a menores indígenas Nukak Maku. ¿Cómo han intervenido ustedes para garantizar los derechos de estas mujeres?
Realmente sí hay planes para trabajar en la zona, pero por la cantidad de víctimas o denuncias que se han presentado no es un sector priorizado. O sea, si vamos a mirar la cantidad de víctimas que se presentan en un sector de estos a comparación de Cúcuta, donde hemos hecho muchos esfuerzos. Sin embargo, como la Policía Nacional es nacional, en todos estos territorios apartados hay policía que también se encarga del tema.
¿De pronto cree que pueda existir como una naturalización de estos tipos de casos de explotación en el sentido de que hay mucha gente que no denuncia, como mencionaba usted anteriormente?
El primero es el desconocimiento del delito, que piensan que, en el caso de la explotación sexual, de pronto se está ejerciendo la prostitución sin problemas porque lo que la víctima no se considera víctima y la gente piensa que no es un delito. Entonces el desconocimiento del delito, tanto en las víctimas como las personas que la rodean y muchas veces en las mismas autoridades, que cuando alguien va a ir a denunciar no consideran que es una trata, sino que lo toman como una estafa o reciben el caso por otro delito. A veces hay una mala orientación por el mismo desconocimiento de lo que puede ser el delito. Incluso, muchas veces, las víctimas no denuncian por temor, porque están bajo amenazas o coacción de estas redes criminales, por el mismo miedo a que afecten a su familia.
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