Guerra de acusaciones en Bolívar

El juicio que avanza en Cartagena contra nueve escrutadores, supuestamente por adulterar en 2010 el resultado de las elecciones a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar, se convirtió en un cruce de acusaciones entre el congresista Hernando Padauí Álvarez, al excandidato Germán Ordosgoitia, el fiscal Álvaro Hernández Pianeta y al procurador regional Édgar Pinilla Rueda.

Padauí ganó la curul a la Cámara al superar a Ordosgoitia en 27 votos. El perdedor denunció que hubo fraude y la Fiscalía le dio la razón al encontrar evidencias de la supuesta trampa en los escrutinios. Por eso acusó a nueve escrutadores y compulsó copias a la Corte Suprema y a la Procuraduría para que investigaran al congresista Padauí como posible determinador.

Desde entonces hay una guerra de acusaciones en el campo penal y disciplinario. El episodio más reciente fue el pasado 16 de marzo, cuando el fiscal Hernández Pianeta denunció ante el procurador general y la Corte que el representante Padauí Álvarez estaría interfiriendo de manera ilegal en la investigación que se adelanta en Bolívar por fraude electoral, con el propósito de desviarla y, de paso, hacerlo sacar del caso. En los oficios, conocidos por El Espectador, el Fiscal también acusó a la Procuraduría Regional de estar parcializada.

Al conocer la denuncia, el congresista Padauí rechazó los señalamientos e indicó que lo único que ha hecho es pedir una vigilancia especial “para garantizar la transparencia, ya que el fiscal ha sido denunciado por irregularidades. He estado al tanto del caso de los escrutadores, porque está relacionado con mi elección como congresista. Si no acudo ante estas autoridades, ¿ante quién acudo?”, dijo.

Choque

El origen del reciente cruce de acusaciones fue la reunión que tuvieron el pasado 13 de febrero la directora seccional de Fiscalías de Bolívar y el congresista Padauí Álvarez, en la que el congresista expresó su preocupación por la supuesta amistad que existía entre el denunciante Ordosgoitia y el fiscal de Cartagena que llevaba el caso de los escrutadores, según un informe de la Procuraduría Regional. También le expresó su inquietud por las denuncias contra el mismo fiscal por supuestas presiones a los procesados. Los detalles de la reunión se los comunicó la directora de Fiscalías al fiscal Hernández Pianeta a través de un oficio en el que le daba dos días para que le presentara un informe del caso.

Hernández Pianeta respondió el 17 de febrero y aclaró que no había ninguna amistad, sino la relación normal entre fiscal y víctima, ya que a Ordosgoitia los jueces lo habían reconocido como tal. Tras calificar la queja del congresista como un intento por desprestigiar el proceso, Hernández Pianeta cuestionó: “Si la investigación no es en su contra, ¿por qué (el congresista) se toma la vocería para hacer afirmaciones mentirosas? ¿Será que le preocupa que el fraude descubierto tiene directa relación con la investigación que adelanta la Corte, toda vez que la evidencia lo ubica como beneficiario del fraude?”.

Fiscalía vs. Procuraduría

Tras la respuesta a la directora de Fiscalías, Hernández Pianeta se trenzó en un cruce de oficios con el procurador regional Édgar Pinilla Rueda para indagar sobre el informe que el congresista Padauí mencionó. El 17 de febrero le escribió: “Como los informes de servicio son bajo juramento y soportan la consecuencia jurídica por faltar a la verdad, le ruego no sólo me informe lo anterior, sino las pruebas que soportan el señalamiento de mi supuesta amistad con Ordosgoitia”.

Pinilla Rueda le envió un oficio a Hernández Pianeta con una copia del informe que elaboró la funcionaria Patricia Lozano, quien relató que en una visita a la fiscalía seccional, llegó Ordosgoitia a reclamarle por la actuación de la Procuraduría frente a irregularidades en varios municipios de Bolívar en las elecciones de 2010. Lozano remató el informe expresando su preocupación “por el manejo que realiza el Ordosgoitia en la Fiscalía 16 y por la conversación en la que veladamente me quiso poner de presente tráfico de influencias con la magistrada de la Corte Suprema Margarita Cabello Blanco, el procurador general, el vicefiscal general y el ministro Germán Vargas Lleras”.

En el oficio que acompañaba el informe, el procurador Pinilla Rueda le dijo al fiscal Hernández Pianeta que le bajaran el tono al tema, ya que el problema entre las instituciones era producto de “la imprudencia de Ordosgoitia”, por lo que debían tener cuidado para no salir enredados con malos entendidos. “No debemos caer en la marrullera estrategia que el denunciante ha planteado, pues nuestra obligación es impartir justicia”. El oficio termina diciendo: “Sobre la amenaza de que soportemos consecuencias jurídicas por faltar a la verdad’, la recibo más como un acto de soberbia por el llamado de atención que le hicieron, razón por la cual lo dejo en libertad de proceder”.

Denuncia parcialidad

La respuesta del fiscal Hernández Pianeta no se hizo esperar y el 24 de febrero expresó su indignación por el informe, criticó la posición despectiva de la Procuraduría frente al denunciante Ordosgoitia y resaltó la parcialidad del Ministerio Público en el caso. “Sé que en su despacho avanza una investigación contra los escrutadores que están privados de la libertad. Desde ya esta Fiscalía expresa su prevención con el resultado que puede arrojar dicha investigación, pues la prueba para señalar su parcialidad es la respuesta que me dio cargada de subjetividad”.

El fiscal remató el oficio anunciando que pondría en conocimiento de la Procuraduría General y de la Corte las irregularidades en el proceso, debido a la “gravedad que esto puede implicar”. Y así lo hizo, con un oficio en el que relató paso a paso lo que hoy rodea este proceso en Cartagena. Además, calificó a la Procuraduría de estar a favor de los victimarios. “Los que hoy están detenidos en este proceso no es por la ‘evidente amistad’ con la víctima (denunciante), sino porque los jueces de garantías así lo han decidido. Nada de esto hubiera ocurrido si el doctor Padauí se hubiese mantenido al margen del proceso, así como de la actuación disciplinaria que adelanta la Procuraduría de Bolívar, donde obtuvo información privilegiada”.

Frente a estos episodios, Padauí le dijo a El Espectador que la reunión con la directora de Fiscalías de Bolívar, que desató el cruce de acusaciones, la pidió como un ciudadano y no como congresista, especialmente por el interés que le asiste en la transparencia en un caso. Frente a cómo consiguió el informe de la Procuraduría, dijo que lo obtuvo de manera legal a través de los investigadores que trabajan con sus abogados en su defensa.

“No trato de influir, sólo estoy pendiente. Todo esto es un tema de intereses políticos en Bolívar y los que están investigando son de Cartagena. Tengo derecho a que las cosas sean imparciales. Aunque este fiscal no me puede investigar, el proceso que adelanta sí tiene que ver conmigo y por eso estoy pidiendo mayor vigilancia. La sociedad de Bolívar estaría más tranquila si ese proceso lo traen para Bogotá”, concluyó.

Hoy todo el vaivén de acusaciones y el cruce de oficios, que ya están en manos de la Procuraduría y la Corte Suprema, pone en evidencia que detrás de esta guerra política hay un tema sensible en la justicia de Bolívar. En varios oficios que integran el paquete que llegó a Bogotá se nota cómo el cruce de cartas entre los involucrados sube cada vez más de tono.

Cruce de oficios

Tras la visita del congresista Hernando Padauí a la directora de Fiscalías de Bolívar, para solicitar vigilancia especial en el proceso contra escrutadores de Bolívar procesados por fraude electoral, se generó un cruce de oficios en el que la Procuraduría y la Fiscalía dejan ver su posición frente a este caso: mientras que para el Ministerio Público el denunciante está usando “marrullerías” en el proceso, para el ente acusador, está haciendo todo lo que la ley le permite como víctima.