
Néstor Osuna, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
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Antes de que el Congreso eliminara de un tajo el Consejo Superior de la Judicatura, el hoy exmagistrado Néstor Osuna renunció a este alto tribunal en rechazo a la posibilidad de que a la Comisión de Disciplina Judicial, el órgano que va a reemplazar a la Judicatura, se le prohibiera conocer de tutelas. “No tiene sentido, al menos para mí, el ejercicio de una magistratura en la que uno tiene una prohibición explícita de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante la acción de tutela”, dijo. Ya retirado del Palacio de Justicia, Osuna se entrevistó con este diario y se refirió a la Ley de Equilibrio de Poderes, que, según él, no resuelve los problemas de la justicia y al ensañamiento que, en su criterio, ha habido en contra de la Judicatura. Sostuvo, además, que se va a dedicar a la academia y que no piensa ser fiscal.
¿Cuáles son los motivos de su renuncia?
En el proyecto de reforma constitucional de equilibrio de poderes se suprime el Consejo Superior de la Judicatura y esta sala, obviamente, también se suprime. Y, en cambio, se crea una Comisión de Disciplina Judicial que, en mi criterio, es bastante disminuida en su relieve constitucional respecto de la anterior. Especialmente porque se le prohíbe conocer acciones de tutela. Y, aunque yo puedo entender que haya argumentos por los cuales se haya tomado esa decisión, la verdad es que yo no concibo ser juez sin poder proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante la acción de tutela.
¿Cuáles son los argumentos de esta prohibición?
Es una cosa creo que coyuntural, tiene que ver con algunas acciones de tutela que se han considerado muy controversiales en el pasado. Creo también que la jurisdicción disciplinaria –tanto las primeras instancias, los Consejos Seccionales, como este Consejo Superior– a lo largo de 20 años abrió una importante línea jurisprudencial sobre la posibilidad de tutelas contra sentencias judiciales y eso no ha sido bien recibido por otros operadores jurídicos. Entonces ahí se cierra esa vía de protección para los ciudadanos.
¿Será que el CSJ ha terminado, un poco, como chivo expiatorio de un sistema que, quizás, no está funcionando del todo?
Mire, yo me voy con la convicción íntima de que, si a todos los organismos del Estado les hicieran un escrutinio de funcionamiento tan severo como al que le hacen a este Consejo Superior, de pronto nos tocaba cerrar todo el Estado y armar unas instituciones completamente nuevas. Este organismo no funciona de modo perfecto, pero sí, digamos, que ha habido una especie de ensañamiento, de mostrarlo como un órgano fallido, el poder judicial está funcionando, con dificultades, pero está funcionando. Y a la Sala Disciplinaria la han presentado como una entidad sórdida, cuando realmente es una Sala en la que se trabaja mucho, en la que se vigila con eficiencia a los jueces, a los abogados del país. Pero uno entiende que hay coyunturas políticas y armar un nuevo órgano, con nuevas personas, tiene una aceptación, una legitimidad de la que carecen los actuales y eso puede ser una buena noticia para el país.
¿Qué diría ante quienes creen que su salida es oportunista?
Yo lo vería desde otro punto de vista. No quisiera ser yo un obstáculo a la conformación de un nuevo tribunal. O sea, a mí me eligieron, en el acta de elección aparece que es para un período de 8 años, y yo quiero renunciar a cualquier pretensión, bueno, renuncié a cualquier pretensión de quedarme 8 años. Por el contrario, le abro el campo a la nueva institución para que pronto se pueda proceder a esos nombramientos de las nuevas personas.
Un momento en el que muchos han sido señalados de querer perpetuarse en sus cargos…
Pues, yo pienso que cuando el Congreso le indica a un órgano que lo quiere reemplazar, y cuando la opinión pública de un modo tan visible expresa su rechazo frente al Consejo Superior de la Judicatura, lo correcto es dar un paso al costado, independientemente del criterio que yo tenga sobre si lo que viene es mejor que lo actual. Pero, pues, que vengan otros. No hay misterio. Yo no tengo especial interés en mantenerme a contrapelo de una decisión del Congreso de la República.
¿Esta ley sí resuelve los problemas de la justicia?
Creo que no soluciona ninguno. El proyecto de Equilibrio de Poderes tiene una cosa maravillosa que es eliminar la reelección presidencial, eso hay que celebrarlo. En el capítulo de reforma a la justicia, yo, personalmente, creo que es una modificación bastante modesta para dejar unos órganos con unos nombres nuevos pero que son bastante parecidos a los actuales. Y entiendo digamos la idea del Tribunal de Aforados, a la que tanto relieve se le ha dado, como una situación transitoria hacia algo que ojalá en algún momento el constitucionalismo colombiano construya mejor que es la eliminación de los fueros.
¿Eliminar los fueros?
Yo estoy absolutamente convencido, siempre lo he dicho, que por simples razones de igualdad ante la ley, todos los ciudadanos debemos ser juzgados por los mismos jueces, independientemente de que seamos funcionarios públicos o no lo seamos, de que las decisiones que tomemos sean difíciles o fáciles o tengan efectos económicos o políticos. Si un ciudadano que no ejerce funciones públicas tiene que confiar en las virtudes de la justicia ordinaria, del juez penal del Tribunal, o del circuito, pues ¿por qué los funcionarios o los altos funcionarios del Estado no? Entonces si el Tribunal de Aforados es una transición hacia un sistema sin fueros, pues me parece una buena idea. Si es simplemente cambiarle el nombre a la Comisión de Acusaciones y reducir su número de integrantes a tres, pues bueno, puede tener algún efecto simbólico de parecer más eficiente y puede llegar a ser más eficiente, no lo niego, pero tampoco me parece que sea un gran invento.
La Rama Judicial sigue siendo la cenicienta del Estado…
Toda la vida. Pese a lo cual, mire, Colombia se distingue frente a los países vecinos y cercanos por haber tenido un Estado de Derecho sólido y eso tiene que ver con un poder judicial independiente. Aquí hemos tenido jueces que se han atrevido a detener los abusos del poder desde toda la vida. Eso forma parte de la historia de Colombia y eso nos distingue de nuestros vecinos. Un poder judicial que no se deja doblegar, un poder judicial que no le teme a los otros poderes, tanto públicos como privados.
¿Qué explica el momento actual de la Rama? Digamos, escándalos como estos no se presentaban hace 20 años y las condiciones de elección, por ejemplo, eran las mismas…
No, no lo había pensado así como para tener una respuesta concreta. Creo que puede haber varias cosas. Una, de vez en cuando se necesita algún movimiento telúrico para eliminar algunas costumbres perniciosas que se van afincando por endogamia judicial. De eso el poder judicial está dolido y negarlo sería absurdo. También pienso que hemos tenido unos medios de comunicación muy judicializados; es decir, las noticias judiciales se han vuelto la primera plana de los noticieros. Y entonces eso ha llevado a que se presente una imagen de la justicia buscando solo como un eficientismo a toda costa. Y como la justicia no es eso, la justicia no es rapidez sino justicia, debe ser pronta, pero es oír a las partes, es mirar quién tiene más razón que otro y normalmente los procesos no son tan sencillos como un titular de prensa y pues probablemente eso haya mostrado una imagen de eso, de lentitud, de morosidad, de descuido, de negligencia.
Pero ¿casos como el de Jorge Pretelt se hubieran presentado hace 15 años?
Mire, no sabría decirle porque forma parte de la historia de este país lo de tapen, tapen. Puede que haya habido muchos casos parecidos en los que simplemente no salió a la opinión pública porque hubo, o sea, era más fácil que se ocultara. Pero también su pregunta me hace recordar de cuanto yo era estudiante que había un libro maravilloso que se llamaba como El parlamento en pijama, una cosa así, y se decía ‘mire, siempre los colombianos hemos dicho que el parlamento actual es absolutamente terrible y fatal’, por oposición al de hace 10, 20, 30 años, pero si miramos las noticias de hace 30 años, decían que el parlamento de ese momento era lo peor del mundo y que nada como el de hace 60 años; es decir, como que siempre ha habido un mito de que en el pasado la gente sí era correcta, era sabia, sí era virtuosa y que ahora estamos en un mundo fatal. Pero, a lo mejor, si esta conversación la hubiéramos tenido hace 15 años, estaríamos ante otro escándalo que ya no recordamos pero que, igualmente, habría hecho sospechar de la idoneidad intelectual y moral de algunos personajes del poder judicial.
Bueno, y por el caso Pretelt, algunos han salido a decir que hay que reformar la tutela.
Imagínese. La tutela es el mejor invento de la cultura jurídica colombiana. Eso es así de claro, Y sí, ahí, en esos malos momentos, pues sí se pueden tomar decisiones equivocadas. Creo que por fortuna la acción de tutela ya goza de tanta fortaleza y de tanta aceptación que no es modificable. Habrá gente que aprovecha el momento para proponerlo pero la tutela ya está tan robustecida que no va a flaquear por un escándalo.
¿Cómo ve el tránsito del sector público al privado? El caso de magistrados que luego salen a litigar. Un tema en boga por lo ocurrido con el exsuperministro Néstor Humberto Martínez.
Es indebido que una persona aproveche lo que obtuvo en el cargo para un puesto privado posterior. Eso lo entiendo. Sin embargo, todas las personas tienen que trabajar. El ejercicio de la judicatura, por lo menos en las altas cortes, no es permanente, es por periodos. Y pues todos tienen que trabajar, todos tienen que derivar su sustento. Entonces, digamos que, desde que haya unos parámetros de corrección, es decir, de no ponerse a litigar frente a sus antiguos compañeros de sala, cosas por ese estilo, no utilizar información privilegiada que tuvo como funcionario para después hacerla valer como consultor privado, pues yo creo que es inevitable que si los periodos judiciales terminan y la gente sigue activa después, pues tiene que trabajar, en otro cargo público o en el sector privado.
¿Entonces qué va a hacer?
Yo vuelvo a la Universidad Externado, ya hablé con el rector, me van a contratar. Yo toda la vida fui profesor del Externado, incluso en estos meses de magistratura, conservé unas poquitas horas de clase. Y luego reabriré mi oficina. Y ahí veremos.
¿No quiere ser fiscal?
Ni que estuviera loco.
Por Redacción Judicial
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