¿Por qué se constituyeron víctimas del narcotráfico? ¿En el marco de qué proceso?
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El sector se declara víctima porque el acoso por el tema del narcotráfico es constante. En el municipio de Zona Bananera (Magdalena), se produce la mayor parte del banano del departamento y de la Costa Norte (de 15.000 hectáreas, 10.000 están allí), y de allí se mueven la mayoría de los contenedores que van al puerto (de Santa Marta). Las bandas narcotraficantes han encontrado en el tema de la carga la manera de permear y están asediando constantemente para contaminar los contenedores. Esto afecta directamente al banano, respecto a su reputación a nivel internacional, pero también al empleado que está en la finca pues hay un peligro de asedio y ya el tema se vuelve insostenible. Nosotros como bananeros tenemos comunicación permanente con todas las autoridades, pero creemos que en la zona está haciendo falta presencia y actos contundentes contra las bandas delincuenciales que están enquistadas en Zona Bananera y que están generando este tema de tráfico de estupefacientes.
¿A cuántas empresas agremian?
Nosotros en el Magdalena, Cesar y Guajira calculamos que hay 15.000 hectáreas de banano sembradas. De esas, tenemos afiliadas cerca de 10.000.
¿De esos departamentos cuál es el más afectado?
En temas de seguridad, Zona Bananera porque es donde hay más tráfico de carga. Pero también sabemos que en Santa Marta hay banano en la zona norte, que pega con La Guajira, ahí también hay presión.
Ustedes afirman que los operativos de autoridades, especialmente de la Policía Antinarcóticos, los está afectando. ¿Cómo?
Tengo que ser enfático en que tenemos una comunicación fluida y la mejor de las relaciones con la Policía Antinarcóticos porque son nuestros aliados en esto. ¿Qué pasa? A nosotros nos cuesta custodiar la carga. ¿En qué sentido? Toda la que sale de Zona Bananera va monitoreada con GPS, con centros de control. Se monitorea si el camión para o no. Cuando llega a puerto, el camión pasa por un escáner y, muchas veces, se perfila un camión con un estándar de policía y lo abren. Eso genera costos.
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¿De cuánto hablamos?
Calculamos que, al año, entre costos de celaduría en cada una de las fincas, de monitoreo de la carga que tenemos (con circuito cerrado de televisión), el sector invierte cerca de $USD 3.5 millones. Adicional, tenemos una alta tasa de contendores que abren una vez pasan por el escáner de la Sociedad Portuaria. Eso nos cuesta, por contenedor, $USD 185. Esos 185 dólares, el año pasado, se multiplicaron por 2.200 contendores que se inspeccionaron.
¿Esa carga se pierde?
No se pierde, pero la fruta sufre porque se pierde la cadena de frío. Hay casos en que la fruta se maltrata al abrir el contendor y, por tema de calidad, no es recibida en puerto de destino. Si el tema pudiera ser mejorar la tecnología del escáner, ese sería un punto. Pero para atender el problema hay que tener acciones. Zona Bananera está muy cerca del puerto de Santa Marta y el único corredor es la Troncal del Caribe. Es decir, no hay trochas, no hay vías terciarias. Los bananos salen a la troncal y el 95 % del traslado se hace por ahí. Los esfuerzos tienen que ir encaminados al tema de prevención, de blindar a la gente, las fincas, de tener la presencia suficiente para contrarrestar los actores delincuenciales que están ahí.
¿En qué etapa del transporte se da la infiltración del narcotráfico?
Yo siempre pregunto lo mismo. Las autoridades deben determinar en donde se está filtrando. Nosotros cumplimos con hacer monitoreo y reportar, minuto a minuto, qué pasa con un contenedor. Y la trazabilidad la tenemos. Es milimétrico. Los jefes de seguridad tienen las alertas y las reportan.
¿De qué forma esas organizaciones ilegales los han afectado puntualmente?
Hay ocasiones en las bandas criminales llegan a las fincas, hacen un apagón de luz y amedrantan empleados. Incluso, a veces lo hacen en sus propias casas. Cuando este tipo de cosas pasan, las empresas grandes tienen la facilidad de rotar a una persona de una finca a otra. Eso es lo que pasan. Paran al conductor, o al dueño del común.
¿De qué grupos estamos hablando? ¿Clan del Golfo?
Lo que queremos evidenciar es el problema y que sean las autoridades las que definan quiénes son los que están actuando allá. Para mí, si son guerrilla o paramilitares, es indiferente, lo importante es lo que está pasando.
Si se están constituyendo como víctimas es porque hay un proceso andando en la Fiscalía…
No queremos dar nombres, pero ya hay una empresa constituida como víctima ante la Fiscalía y se está llevando un proceso. Lo hicieron porque se sienten muy afectados.
¿Eso es por denuncia de las empresas o por los procesos judiciales derivados de los operativos de la Policía?
Normalmente cuando hay incautaciones, la Fiscalía abre sus líneas de investigación. La Fiscalía debería dar sus resultados.
¿Qué prácticas empresariales se toman para evitar que el narcotráfico los permee?
El sector genera mucho empleo formal, el salario es superior al mínimo. Lo que logramos hacer con las empresas grandes, que son las que más se afectan, es rotar a la gente cuando el empleador denuncia. Hay otros que no lo hacen y renuncian. Pero, en la mayoría de los casos, cuando se presentan (las intimidaciones), las compañías logran hacer las reubicaciones para salvaguardar vidas. Pero el riesgo sigue.
¿Cómo más se expresa ese riesgo?
Lo que más se comenta, de manera informal, es que la presión es muy latente. Y la gente en este tema no le gusta hablar, le da miedo.
¿Qué llamado hace a las autoridades?
A reforzar presencia en la Zona. Ese es el sentir del mensaje. No queremos nada distinto a que se garantice la normal operación de un negocio que representa bastantes ingresos para el país, que representa gente trabajadora y que genera alta empleabilidad en un departamento como el Magdalena y La Guajira.
Por Redacción Judicial
