La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenó la práctica de inspecciones en cárceles a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), así como en centros de detención transitoria del país. El propósito de estas diligencias es verificar “las condiciones de privación de la libertad y la garantía efectiva de los derechos de las personas privadas de la libertad”.
Los primeros departamentos en los que se realizó la revisión fueron La Guajira, Santander y Cesar y, durante los próximos días, continuará en Boyacá y Bogotá. La inspección inició en el centro de detención transitoria conocido como el antiguo “CAIMEG”, en Riohacha (La Guajira).
La Sala verificó problemas relacionados con hacinamiento y limitaciones en infraestructura y atención en salud. Según detalló la Corte, al momento de la diligencia el centro de detención registraba cerca de 280 personas privadas de la libertad, pese a contar con una capacidad cercana a 130 cupos.
Lea: Recuperan en Medellín dos inmuebles vinculados a la “Viuda Negra” y “El Chatarrero”
Además, el tribunal constató la existencia de patios diseñados para albergar entre 12 y 15 personas que actualmente concentran a más de 50 internos. Por otro lado, la Sala verificó el avance de las obras en el nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional de Riohacha y las condiciones para la entrada en funcionamiento del centro.
Según un comunicado público de la Corte, “el establecimiento tendrá una capacidad total para 1.722 personas privadas de la libertad, incluyendo un pabellón con capacidad para 152 mujeres, un espacio destinado a población indígena Wayúu con 218 cupos, áreas de talleres, sanidad y alimentación, así como un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para mujeres gestantes, lactantes y sus hijos”.
En La Guajira también se realizó una inspección en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Riohacha. La Sala señaló que el establecimiento carcelario no cuenta con suministro continuo de agua potable, “por lo que el abastecimiento debe realizarse mediante carrotanques y el almacenamiento de agua en recipientes plásticos al interior del centro penitenciario”.
Le puede interesar: Masacre de Bojayá: víctimas piden “que el Estado no llegue después que la muerte”
En Bucaramanga (Santander), la Corte inspeccionó la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, donde confirmó condiciones críticas de hacinamiento y permanencia prolongada de las personas privadas de la libertad en un espacio destinado a detenciones transitorias.
“Al momento de la diligencia, en el establecimiento permanecían 154 personas privadas de la libertad —153 sindicadas y una condenada—, pese a que las instalaciones cuentan con una capacidad aproximada para entre 15 y 20 personas”, aseguró la Sala Especial.
En la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Girón, la Corte señaló que el centro albergaba aproximadamente a 2.600 personas privadas de la libertad y registraba un índice de hacinamiento cercano al 7 %. Aunque durante el recorrido la Sala constató la existencia de espacios para educación, trabajo y resocialización, también reportó dificultades relacionadas con el suministro y la disponibilidad de medicamentos.
Más noticias judiciales: Defensoría pide acciones urgentes ante posible llegada del fenómeno de El Niño
En cuanto al departamento de Cesar, las autoridades inspeccionaron el Centro de Detención Transitoria “La Permanente” de Valledupar. Al momento de la diligencia, en el establecimiento permanecían 349 personas privadas de la libertad, pese a contar con una capacidad aproximada para 70 personas.
Sobre este centro, en particular, la Corte señaló que se constató que la Nueva EPS no realizaba entrega de medicamentos desde el 20 de diciembre de 2025, “situación que, según lo reportado, habría impactado la continuidad de tratamientos médicos de las personas privadas de la libertad”.
En el Establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, “La Tramacúa”, la Sala recibió múltiples manifestaciones de las personas privadas de la libertad sobre el impacto del calor al interior de los patios y pabellones. Frente a esto, durante la revisión, las directivas señalaron que se han instalado polisombras en algunos sectores.
Le recomendamos: Extraditan a integrante del Tren de Aragua y otros tres hombres por terrorismo y homicidio
Las próximas inspecciones continuarán durante las siguientes semanas. En particular, la Sala Especial ordenó inspeccionar el pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, La Picota. Esta diligencia quedó programada para el próximo 25 de mayo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
