'Hacker' Andrés Fernando Sepúlveda no seguirá colaborando con la Fiscalía

El inesperado traslado del 'hacker' Andrés Fernando Sepúlveda Ardila a la cárcel Picaleña de Ibagué puso fin a su proceso de colaboración con la Fiscalía General en el marco de las investigaciones que se adelantan por las interceptaciones ilegales adelantadas a los negociadores de la guerrilla de las Farc en el proceso de paz con el Gobierno en La Habana (Cuba).

Así lo manifestó el abogado Carlos Toro quien asegura que el traslado pone en riesgo la vida e integridad del experto en informática quien fue condenado a 10 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en los delitos de en los delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, espionaje, concierto para delinquir y violación de datos personales. 

Debido a este riesgo personal se solicitarán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En la solicitud se citarán las amenazas que ha recibido Sepúlveda Ardila así como los ataques en contra de su integridad personal después que iniciará su proceso de colaboración con las autoridaddes judiciales.

Toro recordó que estando privado de su libertad en centro carcelario Sepúlveda Ardila “estuvo a punto de ser asesinado”. Situación que obligó a trasladarlo a una celda en el edificio del antiguo DAS y luego a los calabozos del búnker de la Fiscalía.

“Fiscalía utiliza imputados y luego los abandona a su suerte. ¿Vale la pena colaborar con ente acusador? Sepulveda no seguirá declarando”, precisó el abogado al señalar que sin justificación alguna su cliente fue trasladado a un centro carcelario que no ofrece medidas de seguridad.

Desde la firma de un preacuerdo en septiembre de 2014 el ‘hacker’ se comprometió a entregar información sobre las otras personas que estuvieron detrás del plan para obtener y publicar información privilegiada del proceso de paz para crear una campaña de desprestigio.

En sus declaraciones hizo señalamientos directos al excandidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga -quien fungió como gerente de la compañía presidencial- y al senador Álvaro Uribe Vélez de tener conocimiento de las actividades ilegales.

Su declaración fue la base en la imputación de cargos contra el exasesor espiritual de la campaña de Zuluaga, Luis Fernando Hoyos Aristizábal. Sepúlveda aseguró que dio órdenes para obtener información precisa, además le entregó el dinero para la financiación del plan.