'Hay que proteger a Alarcón'

Hoy más que nunca la Fiscalía tiene la certeza de que el lugar en que el joven Diego Felipe Becerra fue asesinado el 19 de agosto de 2011, un punto entre la Avenida Boyacá y la calle 117 (noroccidente de Bogotá), fue manipulado con el fin de proteger al patrullero Wílmer Alarcón Vargas, quien le disparó a Becerra. Ayer, en la audiencia de imputación de cargos contra los coroneles de la Policía Nelson de Jesús Arévalo y José Javier Vivas Báez, y contra Nubia Mahecha Melo, la Fiscalía reveló que tenía como testigos a dos uniformados que estuvieron en la escena del crimen y presenciaron las maniobras que se habrían cometido para tratar de encubrir lo ocurrido.

Uno de ellos es el patrullero Freddy Schneider Navarrete Rodríguez. A él, que formaba parte del grupo que estaba bajo el mando del subintendente Juan Carlos Leal —también llamado a juicio por estos hechos—, el pasado 12 de abril la Fiscalía le imputó los delitos de favorecimiento en homicidio, fraude procesal, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, atenuación y supresión de elementos materiales probatorios y falsedad ideológica en documento público. Navarrete fue enviado a la cárcel Modelo como medida preventiva. Luego empezó a colaborar con la justicia señalando, por ejemplo, que el coronel José Javier Vivas, entonces subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, estaba en la escena del crimen al tanto de todo.

Navarrete llegó a ese lugar porque el grupo del subintendente Leal fue el primero en ser llamado para reaccionar. Al arribar los demás uniformados y empezar a planear cómo maquillar el asesinato, Navarrete declaró que le había dicho a Leal: “Embálese solo, yo no me voy al hueco por Alarcón”. A lo que le respondieron: “Usted no sirve para un culo”. Según Navarrete, el coronel Nelson Arévalo, entonces comandante de la estación de Policía de Suba, fue quien ordenó traer una pistola para plantarla en la escena del crimen e incluso le habría dicho al patrullero Alarcón que se lavara las manos con orina para contaminar el rastro de pólvora en sus manos.

Según continuó revelando la Fiscalía, el coronel Arévalo habría manifestado que la razón para alterar la escena del crimen era “porque Alarcón era un buen policía y el otro, un delincuente”. Luego habría sido llamado el abogado Héctor Hernando Ruiz Echavarría —llamado a juicio por este caso el pasado 21 de junio—. “Ruiz dijo que nadie podía irse para atrás porque si lo hacía le iba mal, que esto ya le había pasado antes y que le fue peor al que habló que al condenado, que el que hablara se moría”, le aseguró Navarrete a la justicia, agregando que el coronel Arévalo le había pedido a él conseguir “cartón y cordón para guardar el arma de Alarcón”.

El otro testigo clave de la Fiscalía resultó ser el teniente de la Policía Rósemberg Madrid Orozco, llamado a juicio por estos hechos el pasado 24 de enero. Este oficial declaró que la escena del crimen del joven grafitero nunca estuvo acordonada, es decir, que no se protegió para que las evidencias permanecieran intactas. Según Navarrete, la escena del crimen estuvo a cargo de los uniformados durante unas cinco horas, tiempo en que, afirmó la Fiscalía, los coroneles Arévalo y Vivas ordenaron comprar un arma en el centro de Bogotá para plantarla en el sitio. La Fiscalía sostuvo que, además, este par de coroneles avalaron un informe falso que presentó el subintendente Leal cinco horas después de los hechos, dando fe de que esa noche hubo cruce de disparos y que ahí había resultado herido Becerra.

Con base en esas evidencias, la Fiscalía oficializó que los coroneles Nelson Arévalo —quien hasta la semana pasada fungía de agregado de la Policía en Honduras— y José Javier Vivas —quien se encontraba en Londres— están siendo investigados por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, por falsedad ideológica agravada en documento público, por fraude procesal, por favorecimiento en homicidio y por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. También se le imputaron cargos ayer a Nubia Mahecha Melo, esposa de Jorge Eliécer Narváez, el conductor de la buseta que atestiguó que Becerra lo había asaltado momentos antes del supuesto tiroteo con la Policía. Mahecha apoyó ante la Fiscalía esa declaración.

A lo largo de este proceso, la Fiscalía ha encontrado que mientras Narváez declaró que Becerra había usado un arma negra de juguete para asaltarlo, en la escena del crimen se halló un arma cromada que no era de juguete, pero que tampoco servía. Pruebas técnicas confirmaron que Diego Felipe Becerra no disparó un arma esa noche. Lo más grave, este diario conoció que hace poco unas personas fueron a la casa del fiscal del caso para amenazarlo, lo que ya fue denunciado. Es por eso que los padres de la víctima reclaman lo mismo que el fiscal general aseguró hace unas semanas en el Congreso: que el caso de Diego Felipe Becerra es un falso positivo urbano.

Hoy más que nunca la Fiscalía tiene la certeza de que el lugar en que el joven Diego Felipe Becerra fue asesinado el 19 de agosto de 2011, un punto entre la Avenida Boyacá y la calle 117 (noroccidente de Bogotá), fue manipulado con el fin de proteger al patrullero Wílmer Alarcón Vargas, quien le disparó a Becerra. Ayer, en la audiencia de imputación de cargos contra los coroneles de la Policía Nelson de Jesús Arévalo y José Javier Vivas Báez, y contra Nubia Mahecha Melo, la Fiscalía reveló que tenía como testigos a dos uniformados que estuvieron en la escena del crimen y presenciaron las maniobras que se habrían cometido para tratar de encubrir lo ocurrido.

Uno de ellos es el patrullero Freddy Schneider Navarrete Rodríguez. A él, que formaba parte del grupo que estaba bajo el mando del subintendente Juan Carlos Leal —también llamado a juicio por estos hechos—, el pasado 12 de abril la Fiscalía le imputó los delitos de favorecimiento en homicidio, fraude procesal, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, atenuación y supresión de elementos materiales probatorios y falsedad ideológica en documento público. Navarrete fue enviado a la cárcel Modelo como medida preventiva. Luego empezó a colaborar con la justicia señalando, por ejemplo, que el coronel José Javier Vivas, entonces subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, estaba en la escena del crimen al tanto de todo.

Navarrete llegó a ese lugar porque el grupo del subintendente Leal fue el primero en ser llamado para reaccionar. Al arribar los demás uniformados y empezar a planear cómo maquillar el asesinato, Navarrete declaró que le había dicho a Leal: “Embálese solo, yo no me voy al hueco por Alarcón”. A lo que le respondieron: “Usted no sirve para un culo”. Según Navarrete, el coronel Nelson Arévalo, entonces comandante de la estación de Policía de Suba, fue quien ordenó traer una pistola para plantarla en la escena del crimen e incluso le habría dicho al patrullero Alarcón que se lavara las manos con orina para contaminar el rastro de pólvora en sus manos.

Según continuó revelando la Fiscalía, el coronel Arévalo habría manifestado que la razón para alterar la escena del crimen era “porque Alarcón era un buen policía y el otro, un delincuente”. Luego habría sido llamado el abogado Héctor Hernando Ruiz Echavarría —llamado a juicio por este caso el pasado 21 de junio—. “Ruiz dijo que nadie podía irse para atrás porque si lo hacía le iba mal, que esto ya le había pasado antes y que le fue peor al que habló que al condenado, que el que hablara se moría”, le aseguró Navarrete a la justicia, agregando que el coronel Arévalo le había pedido a él conseguir “cartón y cordón para guardar el arma de Alarcón”.

El otro testigo clave de la Fiscalía resultó ser el teniente de la Policía Rósemberg Madrid Orozco, llamado a juicio por estos hechos el pasado 24 de enero. Este oficial declaró que la escena del crimen del joven grafitero nunca estuvo acordonada, es decir, que no se protegió para que las evidencias permanecieran intactas. Según Navarrete, la escena del crimen estuvo a cargo de los uniformados durante unas cinco horas, tiempo en que, afirmó la Fiscalía, los coroneles Arévalo y Vivas ordenaron comprar un arma en el centro de Bogotá para plantarla en el sitio. La Fiscalía sostuvo que, además, este par de coroneles avalaron un informe falso que presentó el subintendente Leal cinco horas después de los hechos, dando fe de que esa noche hubo cruce de disparos y que ahí había resultado herido Becerra.

Con base en esas evidencias, la Fiscalía oficializó que los coroneles Nelson Arévalo —quien hasta la semana pasada fungía de agregado de la Policía en Honduras— y José Javier Vivas —quien se encontraba en Londres— están siendo investigados por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, por falsedad ideológica agravada en documento público, por fraude procesal, por favorecimiento en homicidio y por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. También se le imputaron cargos ayer a Nubia Mahecha Melo, esposa de Jorge Eliécer Narváez, el conductor de la buseta que atestiguó que Becerra lo había asaltado momentos antes del supuesto tiroteo con la Policía. Mahecha apoyó ante la Fiscalía esa declaración.

A lo largo de este proceso, la Fiscalía ha encontrado que mientras Narváez declaró que Becerra había usado un arma negra de juguete para asaltarlo, en la escena del crimen se halló un arma cromada que no era de juguete, pero que tampoco servía. Pruebas técnicas confirmaron que Diego Felipe Becerra no disparó un arma esa noche. Lo más grave, este diario conoció que hace poco unas personas fueron a la casa del fiscal del caso para amenazarlo, lo que ya fue denunciado. Es por eso que los padres de la víctima reclaman lo mismo que el fiscal general aseguró hace unas semanas en el Congreso: que el caso de Diego Felipe Becerra es un falso positivo urbano.