“He perdido la cuenta de las amenazas que he recibido”: Diana López Zuleta

“Los peligros que me han acechado todos estos años, no concluyen con la condena (de “Kiko” Gómez). De hecho, ahora debo estar más alerta que nunca”, dice Diana López Zuleta.

Foto: Archivo Particular

La Corte Suprema acaba de ratificar la condena -después de una larguísima batalla judicial que usted lideró con muchos reveses-, de Juan Francisco “Kiko” Gómez, exgobernador de la Guajira, por el asesinato de su padre, Luis López Peralta, concejal del municipio guajiro de Barrancas. ¿A cuántos años en prisión fue condenado y cómo recibió usted la noticia de esta última y definitiva revisión judicial?

“Kiko” Gómez fue condenado a 31 años y seis meses de prisión por el asesinato de mi papá. Recibí la noticia embargada por una conmoción difícil de describir. Leí la notificación en el teléfono mientras estaba en una reunión de trabajo y, honestamente, como era pesimista, imaginaba lo peor, porque después de tantos años de lucha para que se hiciera justicia, una termina habituándose a pensar que las cosas tienden a salir mal para la víctima cuando el victimario es una persona muy poderosa, como en este caso. Las palpitaciones de mi corazón se aceleraron y las lágrimas me brotaron, incontenibles. Lo más extraño es que no sabía exactamente qué sentía: no sé si era felicidad, tristeza, incredulidad o una explosión de emociones contradictorias acumuladas después de batallar tanto. Han pasado los días, y todavía vuelvo al documento para confirmar que es cierto, que no estoy alucinando.

¿Por qué está tan impactada? Aparte, obviamente, de saber que, por fin, el asesino de su padre fue condenado después de tantos años, ¿no creía en la justicia?

No esperaba que hubiera una sentencia a favor de la verdad. Reitero: tantos años esperando que llegara la justicia, sin lograrlo, me llevaron a la incredulidad. Fueron 16 años para la apertura de la investigación; dos años más, para el inicio del juicio; otros dos, para la condena de primera instancia. Y, luego, el revés del tribunal en donde la revisión de segunda instancia estuvo 7 años sin moverse para, finalmente, revertir la condena. La casación, en la Corte Suprema, cuyo fallo acaba de conocerse, duró un año y medio más. Pero, ¡al fin, se hizo justicia!

Como lo relata, la corte revocó la sentencia del año 2024 del Tribunal Superior de Bogotá, en que se absolvía a Gómez Cerchar por el homicidio agravado perpetrado contra su padre; y en su lugar, la Suprema lo condena, como ya comentamos. Leyendo la decisión de la corte, queda la sensación de que la sala mayoritaria del tribunal que favoreció a “Kiko” Gómez, pudo incurrir en alguna irregularidad. ¿Usted tiene la misma impresión?

Estoy convencida de que hubo actuaciones aberrantemente irregulares. No me parece casual que la segunda instancia haya tardado más de siete años en revisar el caso ni que el proceso haya pasado por tantas manos. El primer magistrado alcanzó a presentar una ponencia condenatoria, pero lamentablemente falleció. Después, llegó otro que nunca impulsó el caso. Más adelante, una togada asumió, de manera provisional, el despacho en reemplazo de la magistrada Yenny Patricia García Otálora, quien se había apartado del cargo tras solicitar una licencia remunerada. La encargada presentó un proyecto condenatorio que obtuvo dos de los tres votos necesarios; es decir, hubo una decisión válida. Sin embargo, al regresar, Patricia García cambió el sentido del fallo de condena por uno absolutorio. En esa misma sala, la magistrada María Leonor Oviedo, quien salvó su voto por no estar de acuerdo con el fallo, señaló que se estaba revocando una decisión mayoritaria de la anterior sala que había hecho tránsito a cosa juzgada.

¿Fue cuando usted decidió acudir a la autoridad judicial penal máxima, la Corte Suprema?

Sí. Frente a semejante atropello, acudí a la tutela, con el respaldo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y de la abogada Ana Bejarano, que presentaron coadyuvancias. Ese trámite prolongado y confuso tuvo consecuencias muy graves, porque otros dos homicidios imputados a ‘Kiko’ Gómez, prescribieron. Significa que ganó la impunidad. Finalmente, como acaba de conocerse, la Corte Suprema decidió casar la sentencia en el caso de mi padre. Y, como se sabe, revocó el fallo absolutorio del tribunal para, en cambio, ratificar la condena del juzgado de primera instancia por el crimen del que fue víctima mi papá.

Cuando el Tribunal de Bogotá absolvió a Gómez Cerchar, su batalla ante la justicia ya llevaba muchos años, como contó. La frustración ante esa inesperada situación, ¿la hizo pensar en rendirse aunque quedara impune, también, el homicidio contra su padre?

Desde el principio, el acceso a la justicia fue difícil: intentos de iniciar la investigación penal en el Cesar y La Guajira no prosperaron, básicamente por corrupción. De hecho, algunos funcionarios judiciales terminaron presos y condenados. Finalmente, un fiscal delegado ante la corte, en Bogotá, asumió seriamente el proceso. Para el momento en que el tribunal echó por tierra la condena del juzgado en contra de “Kiko” Gómez, yo ya llevaba más de dos décadas esperando a que se hiciera justicia. Aun así, nunca pensé en bajar los brazos. Siempre he estado dispuesta a seguir defendiendo esta causa hasta cuando sea necesario.

¿Cuántos funcionarios de la justicia terminaron en la cárcel por corrupción en el curso del proceso y antes de establecer quién era el responsable del crimen?

Varios. Pero recuerdo, ahora, el caso del fiscal Alcides Pimienta, asignado a la Guajira, que fue condenado, en 2017, por favorecer –contra la ley- a “Kiko” Gómez y al jefe de sicarios, Marcos Figueroa. Después, ellos dos fueron recluidos en la Picota y, desde allí, aparecieron, en unas fotos, tomando licor. También fue condenado el juez de Barranquilla Abelardo Andrade, que le otorgó la libertad a Gómez Cerchar al decidir, de manera irregular, un recurso de habeas corpus.

¿Por qué su padre, el concejal López, llegó a ser objetivo de “Kiko” Gómez y sus sicarios?

Mi papá había denunciado el incendio ocurrido en la oficina jurídica de la alcaldía de Barrancas (municipio guajiro), que él le atribuía, directamente, al entonces alcalde ‘Kiko’ Gómez, quien lo habría iniciado con el objeto de encubrir actos de corrupción que estaban sucediendo allí. Además, mi padre aspiraba a reemplazar a Gómez Cerchar en ese despacho, por lo que también era su contendor político. Fue asesinado el 22 de febrero de 1997. Estaba en su oficina con dos de mis hermanas cuando llegaron dos sicarios y le dispararon. No hubo ambulancia ni atención inmediata, sino que fue trasladado en el carro del propio ‘Kiko’ Gómez, hoy condenado por su asesinato. Llevaron a mi padre de un pueblo a otro buscando atención médica, hasta cuando llegó a Valledupar en estado crítico y desangrado. Siempre me ha causado profundo escozor que Gómez Cerchar tuviera la costumbre de asistir a los actos funerarios de sus víctimas. Daba el pésame y se sentaba a tomar café. Al parecer, lo hacía para tener la satisfacción de ver culminada su obra. Además, ese acto de desafío producía un profundo miedo en la comunidad. Era una manera de manifestar el nivel de poder y de protección que tenía, y su capacidad de actuar impunemente.

¿Cuántos años tenía usted en ese momento y qué pasó con su futuro?

Tenía diez años y quedé sumida en un duelo muy profundo. Era una época extremadamente violenta; a varios compañeros también les habían asesinado a sus padres, así que la violencia era cotidiana. Desde muy niña empecé a escuchar el nombre de ‘Kiko’ Gómez en mi entorno. Pocos meses después, me dijeron que él había sido quien había ordenado el asesinato de mi papá, y yo trataba de encontrar explicaciones. Puedo decir que dejé de ser la niña que era; y que, al perder a mi padre, desapareció el gran apoyo que le daba firmeza y sentido a mi vida. El tiempo dejó de ser el mismo. Las fechas especiales, las celebraciones, los momentos de dicha que pasaba con él, incluso mis actividades y rutinas diarias, pasaron a ser recordatorios de su ausencia. Mi vida se convirtió en un continuo duelo. Mi futuro también quedó marcado porque lo único que me quedaba era emprender acciones encaminadas a que la muerte de mi padre no quedara impune.

Físicamente, usted también fue gravemente impactada, según ha escrito…

Sí. La pérdida de mi papá también tuvo afectaciones en mi salud: durante años sufrí episodios de desmayos y un impacto físico muy fuerte asociado al estrés y al duelo prolongado. En términos de futuro, nada de lo que llegó después fue una decisión completamente normal. La búsqueda de justicia influyó de manera directa en que me acercara al periodismo y a la escritura. No fue una elección en abstracto, sino una forma de darle sentido a lo vivido. Mi vida profesional y personal quedó atravesada por esa experiencia.

¿Cuánto tiempo después del crimen decidió tomar las riendas de la investigación para encontrar al determinador del asesinato de su padre?

Durante muchos años fue muy difícil que los procesos prosperaran porque el contexto en el Cesar y La Guajira era de miedo. Incluso en los juicios, las propias víctimas, en ocasiones, cambiaban sus versiones ya fuera por amenazas o por dinero. Por eso, empecé a involucrarme de manera más directa, en Bogotá, cuando conocí el trabajo del periodista Gonzalo Guillén, que venía investigando los hechos y había radicado un memorial en la fiscalía con una relación de 131 homicidios atribuidos a ‘Kiko’ Gómez. Él fue clave, no solo por la investigación sino porque me puso en contacto con investigadores y con el abogado Carlos Toro López quien me representó como parte civil y cuya labor fue fundamental para que esto saliera adelante. En ese momento habían pasado alrededor de 16 años desde el asesinato de mi papá. Yo era profundamente temerosa, con muchas dificultades incluso para hablar del tema. No me reconozco en la persona que ahora soy puesto que he cambiado radicalmente.

En su libro “Lo que no borró el desierto”, publicado en 2020, usted no solo relata su historia y la de su padre, sino que enmarca las condiciones sociales y políticas de La Guajira y del inmenso poder mafioso de Gómez Cerchar. ¿Por qué ese sujeto logró acumular tanto dominio regional? Y, ¿cómo logró llevar, simultáneamente, una vida política avalada por Cambio Radical?

Su nivel de poder no se explica solo por la violencia sino por la forma en que logró insertarse en la vida política y social de la región. No era únicamente un actor criminal escondido, sino alguien que acumuló poder político e institucional al mismo tiempo que tenía dominio en la ilegalidad. En el mundo delictivo, sus principales alianzas fueron con estructuras paramilitares como Mancuso y Jorge 40, y con el grupo de Marcos Figueroa. Pero lo más grave es que no actuaba de manera aislada sino como parte de una red criminal articulada con capacidad de operar como un poder paralelo al poder político y, en gran medida, al poder del Estado. Eso le permitió no solo delinquir, sino también proyectarse como dirigente político dentro de un partido como Cambio Radical. Logró, así, una apariencia de legitimidad mientras mantenía el control basado en la violencia y la intimidación. No era solo poder criminal, era poder criminal dentro de la institucionalidad local del Estado.

¿Por cuántos asesinatos, además del de su padre, ha sido condenado Gómez Cerchar?

Tiene otra condena en firme por tres homicidios: el de Yandra Brito, la principal testigo en el crimen de mi padre, asesinada 15 años después de mi papá; el del esposo de Yandra, Henry Uscariz y el de su escolta, Wilfredo Fonseca. Por estos crímenes, debe pagar 55 años de prisión. Hay más procesos vigentes por homicidios que han avanzado con lentitud pero, en la práctica, están paralizados. Además, otros hechos delictivos nunca llegaron a la justicia. Algunos procesos se cerraron y otros ni siquiera fueron denunciados por el miedo que existía en la región. Sin embargo, esas historias fueron relatadas por familiares de las víctimas, en ocasiones, en el anonimato y en medio del temor, durante la investigación para mi libro.

Es decir, ¿los 131 asesinatos que, según las investigaciones del periodista Gonzalo Guillén, habría cometido Kiko Gómez, ¿pueden ser ciertos aunque no hayan culminado las investigaciones en condenas?

Esa historia es real. Durante años han seguido apareciendo relatos, denuncias y testimonios de distintas personas que hablan de más hechos violentos, incluso ordenados desde la cárcel. Es decir, no es un tema cerrado, sino algo que ha persistido en el tiempo, y que, por lo visto, continúa vivo. He recibido mensajes de víctimas y de personas cercanas a esos casos que hablan de nuevas violencias que no han llegado a la justicia. Por eso, más allá de las condenas existentes, hay todavía un universo de sucesos que no ha sido judicializado. Si pudiera, impulsaría una iniciativa para acompañar a esas víctimas en su búsqueda de justicia y memoria.

En su propósito de investigar el crimen que se cometió contra la vida de su padre, usted ha puesto en riesgo su propia vida. ¿Cuántas amenazas ha recibido en estos años y con cuáles consecuencias?

He perdido la cuenta de las amenazas que he recibido a lo largo de estos años. Algunas fueron muy directas, incluido un sicario que me advirtió sobre planes en mi contra y que, posteriormente, declaró ante la fiscalía. Todas esas intimidaciones fueron denunciadas, aunque no tuvieron ninguna investigación. Se me ha informado, en varios momentos, sobre riesgos reales contra mi vida lo que me ha obligado a vivir en un estado permanente de alerta y con altas medidas de seguridad. Más allá del impacto personal, esto muestra que no se trata de casos del pasado.

¿Cómo vive ahora? ¿Cree que será más “normal” su vida diaria?

No, porque los peligros que me han acechado todos estos años, no concluyen con la condena. De hecho, ahora debo estar más alerta que nunca porque ese sujeto y su banda criminal deben pensar que ya no tienen nada que perder.

Aún encarcelado desde hace años, “Kiko” Gómez seguía conservando sus escandalosas riquezas, su poder político local y su influencia en el municipio de Barrancas y La Guajira. Hasta donde usted ha podido constatar, ¿él lidera, aún, la región y maneja las elecciones?

Su poder no ha desaparecido: se sostiene con el dinero que conserva y las redes de influencia que construyó. Sus hijos han tenido y tienen participación en escenarios políticos, lo que muestra la persistencia de ese capital político en la región. Sin embargo, también es cierto que ese poder ha empezado a reducirse, lo que se evidencia en hechos como la extinción de dominio de su mansión en Barrancas, una propiedad que contrastaba con la realidad del municipio y que hoy está destinada a programas sociales con un fuerte contenido simbólico.

Ahora que usted logró justicia para usted y para su padre, el concejal Luis López Peralta, ¿dará la vuelta a la página para dedicarse a un proyecto de vida diferente?

En términos de justicia, hay una decisión importante que cierra todo un capítulo largo en el tiempo e intrincado, y eso tiene un valor enorme. Pero en lo personal, uno nunca termina de cerrar algo como el asesinato de un padre ni puede olvidar que hay peligros que acechan. Tampoco puedo ignorar que debo ser previsiva y siempre estar alerta; no es una página que simplemente se pase.

“La falta de apoyo de mi familia fue un golpe muy duro”.

Usted ha enfrentado circunstancias difíciles y momentos peligrosos para su propia vida, pero analizada su lucha, ya casi en el pasado por la condena del asesino de su padre, ¿qué fue lo más complejo que tuvo que encarar?

Lo más difícil fue el comienzo: tomar la decisión de entrar en una pelea tan peligrosa, con miedo, con dudas y, a pesar de eso, con la convicción de que era lo correcto. La falta de apoyo de mis familiares fue un golpe muy duro, aunque ahora sé que, en cierta forma, tenían razón porque el riesgo era real: temían que yo fuera asesinada o que ellos, que estaban obligados a permanecer en la región, podrían estar en riesgo. Por eso, y por otras circunstancias, muchas de ellas amenazantes, este proceso ha sido profundamente extenuante. Han sido años de tensión, de incertidumbre y de tener que lidiar con una lucha que trasciende lo personal. El revés de 2024, en el tribunal, también deja un antecedente muy peligroso para la justicia en Colombia: la impresión de que decisiones colegiadas pueden ser revertidas en contextos en donde existan presiones e intereses indebidos.