Cristiano, empresario y condenado por intentar torcer un proceso judicial. Así es Helbert Otero Pacheco, un hombre de negocios que veía una carrera en ascenso hasta que en 2015 se vio inmerso en el escándalo que rodeó una tutela de Fidupetrol, caso por el que está también condenado el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Desde entonces, su nombre se hizo público y se conoció que había un dossier en la Fiscalía que daba cuenta de posibles malas prácticas cuando era el empleado estrella de Citibank. El Espectador conoció ese expediente, al que la Corte Suprema de Justicia le acaba de poner punto final.
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Otero Pacheco fue condenado en 2017 por el delito de tráfico de influencia a particular en concurso homogéneo y sucesivo, luego de que él mismo aceptara, mediante preacuerdo, el señalamiento de la Fiscalía: que determinó a los abogados Víctor Pacheco y Rodrigo Escobar Gil “para que influyeran en la selección (por parte de la Corte Constitucional) de una tutela interpuesta por Fidupetrol, contra un fallo de la Corte Suprema, el cual la obligaba a pagar cerca de 22 mil millones de pesos”, según detalló el ente investigador en ese momento. La tutela fue seleccionada, pero fallada en contra de la empresa.
Desde entonces, como contó este diario en medio de ese escándalo, se hablaba de un episodio que no estaba del todo claro en la vida de Otero Pacheco: cómo pasó de ser un empleado reconocido en Citibank a salir por la puerta de atrás denunciado por estafa y falsedad en documento público. El Espectador conoció la decisión de la Corte Suprema, hasta donde llegó este expediente, que declaró, casi dos décadas después, que los delitos habían prescrito y Helbert Otero ya no puede ser judicializado por estas andanzas que advirtió su otrora empleador, uno de los bancos más grandes del mundo.
Uno de los grandes clientes que manejaba Otero en el Citibank era la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la ciencia y la cultura (OEI). Por lo menos entre 2000 y 2002, fue él quien manejó las inversiones de esta organización multilateral para la compra y venta definitiva de títulos denominados en pesos y en dólares. Al parecer, Otero concertó con su cliente que realizaría compras a futuro de títulos, pero nunca le dijo al banco y registró las compras como títulos definitivos. Esto generó pérdidas para la entidad financiera por $12.652 millones del portafolio de dólares y $441.241 millones del portafolio pesos.
Es decir, “mediante la manipulación de los reportes, la generación de instrucciones para el cierre de operaciones y cartas de autorizaciones del cliente”, dice la Corte, Otero habría engañado a Citibank diciéndole que estaba haciendo una operación mucho menos riesgosa de la que realmente realizaba. Y perdió millones en el camino. La supuesta jugadita no solo le valió su salida del banco, sino también una denuncia de la entidad financiera en agosto de 2002. Lo que vino después fueron decisiones inconclusas de la Fiscalía que llevaron a que el posible delito terminara prescribiendo. En otras palabras: pasó el tiempo límite en el que se podía investigar.
Dos años después de recibir la denuncia, en 2004, la Fiscalía llamó a indagatoria a Helbert Otero, pero en 2006 optó por precluir la investigación. El banco apeló y logró que la investigación se reabriera en 2007, lo que llevó a que el caso durara en un limbo procesal por otros dos años, hasta que, en 2010, otro fiscal decidió, una vez más precluir. Con dos preclusiones encima, el Citibank no se rindió y pidió, una vez más, reabrir el proceso, algo que logró en 2011, cuando finalmente se llamó a juicio al entonces exitoso empresario por el delito de estafa agravada. En se momento también prescribió el segundo delito por el que lo investigaban: falsedad en documento público.
Una vez el proceso entró a juicio, en 2013, la defensa de Helbert Otero interpuso nulidad tras nulidad. Y, cada vez que una decisión les salió desfavorable, apelaron y agotaron todos los recursos posibles. El juicio se extendió por casi seis años y hasta cambiaron de juzgado. En uno de los recursos que interpusieron los abogados de Otero, en 2018, el Tribunal de Bogotá aclaró que el delito por el que estaba siendo procesado iba a prescribir el 30 de noviembre de 2020. Parecía que había tiempo. Y, de hecho, el hombre alcanzó a ser condenado.
El 5 de diciembre de 2019, fue sentenciado a 44 meses de prisión, a una millonaria multa y a pagar los daños sufridos por la parte civil del proceso: el banco que había defraudado. Pero este era apenas un fallo de primera instancia. Helbert Otero apeló y, siete meses más tarde, el Tribunal de Bogotá confirmó en su integridad la sentencia. Todavía quedaban seis meses antes de que llegara la tan anunciada prescripción, pero su defensa se jugó la última carta: presentó el caso ante la Corte Suprema para casación en septiembre de 2020, apenas dos meses antes de que venciera el plazo para que fuera juzgado.
El Tribunal envió el expediente a la Corte en diciembre de 2020, pero apenas lo recibieron allí el 18 de enero de este año. Con el tiempo en contra, el alto tribunal entró a estudiar el expediente y encontró que se había calculado mal la fecha de prescripción. “La acción penal prescribió el 29 de diciembre de 2020, fecha en la que el expediente permanecía en la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá en espera de ser enviado a esta Corporación, luego de que el Magistrado Ponente dispusiera el 2 de diciembre de 2020 remitir la actuación a la Corte para conocer de la demanda de casación instaurada por la defensa”, reza el documento conocido por este diario.
Así las cosas, pese a haber sido condenado en primera y segunda instancia, como la sentencia no quedaba en firme sin el pronunciamiento de la Corte, el hombre resultó bien librado. Al alto tribunal no le quedó más remedio que “declarar la extinción de la acción penal y civil, en las presentas diligencias adelantadas en contra de Helbert Eduardo Otero Pacheco”, pues, cuando llegó a su estudio el caso, la conducta ya no podía continuar siendo investigada. Salió bien librado.
