Desde la mañana de este miércoles 17 de diciembre, se adelantaron las audiencias concentradas en contra de un militar y dos funcionarios del Ministerio de Defensa capturados por las presuntas irregularidades en el contrato firmado por esa cartera con una empresa estadounidense para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17. Estos hombres, según la Fiscalía, habrían incurrido en los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.
Se trata del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera, Diego Alejandro Manrique Cabezas. Los tres fueron capturados en distintas diligencias adelantadas el pasado 16 de diciembre y en la mañana de este miércoles se legalizó su captura.
Posteriormente, ante la jueza 131 penal de Bogotá, el ente investigador señaló que los tres hombres habrían incurrido en los delitos en las etapas de tramitación y celebración del contrato. La Fiscalía señaló que todos los hechos ocurrieron en Bogotá, y que en el caso “hay un propósito criminal y estas personas buscan un beneficio en el acuerdo”. La Fiscalía dijo que hubo una coautoría de los tres hombres “por división de trabajo e interdependencia funcional”.
Según señaló el ente investigador, los tres imputados “no cumplían cualquier función, cumplían funciones trascendentales para que se fueran cumpliendo estos actos y superar una etapa precontractual que debía tener unos estudios previos”. Asimismo, el fiscal del caso manifestó que también eran fundamentales en la evaluación de los oferentes, habiendo, en este caso, solo una empresa concursando por el contrato.
De acuerdo con la Fiscalía, durante el proceso que terminó en el contrato con la empresa estadounidense Vertol Systems, hubo inobservancias por parte del militar y los funcionarios del Ministerio de Defensa. Además, enfatizó en que hubo “falsedades, cosas que son ajenas a la realidad para darle apariencia de legalidad y tratar de ocultar un poco esa inobservancia”.
Por otra parte, a Mora Tamayo la Fiscalía le imputó el delito de tráfico de influencias. El ente investigador sostuvo que “durante los dos primeros meses de 2025 el contratista no allegó las pólizas y en repetidas ocasiones empezó a solicitar prórrogas y cambios en la forma de pago para obtener liquidez. A raíz de esa situación, el 21 de febrero de 2025, el teniente coronel Oscar Isaac Olarte Ortega, comandante del Batallón de mantenimiento de aviación número 3 MI-17, supervisor del contrato, informó a la dirección de contratación estatal del Ministerio de Defensa, a cargo de Hugo Mora Tamayo, para que se diera inicio al proceso sancionatorio y en dado caso a la caducidad”.
Según la Fiscalía, Mora Tamayo y el general Rincón “procedieron en esa misma fecha a solicitarle al supervisor que moderara y revisara la viabilidad de tramitar esas solicitudes, logrando influenciarlo para conceptuar y lograr una nueva modificación al plazo”. De igual manera, el fiscal del caso sostuvo que emitió conceptos jurídicos que señalaban como viable distintas formas de pago al contratista, terminaron “induciendo en error al ordenador del gasto que era el secretario general, que firmó esa modificación autorizando el pago”.
“Un acto lleva al siguiente y así sucesivamente”, dijo el fiscal en la audiencia de imputación, señalando que los conceptos emitidos por Mora Tamayo llevaron a que se le diera el dinero a la empresa sin que hubiera cumplido con los acuerdos firmados. Las pruebas, dice el ente investigador, demuestran que “se engancha cada una de estas personas y se empiezan a adherir al propósito criminal de direccionar esa contratación para que se la llevara esta empresa norteamericana que no cumplía los requisitos, y posteriormente favorecerla con recursos públicos”.
De la misma manera, el fiscal del caso manifestó que los conceptos emitidos por Mora Tamayo fueron contrarios a la ley y que iban en contravía del estudio que habían hecho del contratista que, supuestamente, sí tenía el músculo financiero para llevar a cabo el contrato. A pesar de eso, dice el ente investigador, ese concepto fue “el medio fraudulento para inducir al error” y aprobar las modificaciones en relación con el contrato de mantenimiento de las aeronaves.
El investigador agregó que aunque el coronel Rincón no era un experto en contratación, se apartó de sus obligaciones y del beneficio del Ministerio de Defensa y del país, y se enfocó en beneficiar a la empresa estadounidense.
Concretamente, la Fiscalía imputó al militar por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública, fraude procesal y prevaricato por acción. A Hugo Mora le imputaron contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, peculado por apropiación y prevaricato por acción. Finalmente, a Diego Manrique le fueron imputados contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
Ninguno de los tres hombres aceptó los cargos imputados.
Sus capturas y la imputación a cada uno están relacionadas con un contrato suscrito con la empresa estadounidense Vertol Systems, encargada del mantenimiento de ocho helicópteros MI-17 del Ejército. Por este caso, el Ministerio de Defensa impuso una sanción a la compañía el pasado 11 de noviembre.
Según la sanción, la empresa habría ejecutado solo el 8 % de lo pactado, a pesar de haber recibido el 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de USD 16 millones, es decir, cerca de COP 60.000 millones. El Ministerio de Defensa, indicó en su momento que por el incumplimiento en los plazos y las obligaciones contractuales, se impuso a la compañía una sanción de más de USD 8 millones, equivalentes a unos COP 33.700 millones.
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