El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado, en primera instancia, por intentar torcer testigos a su favor en medio de un proceso en el que se le investigaba por su supuesta participación en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia en los años noventa. Esa decisión judicial, tomada este 28 de julio, toca a quien, según la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, fue el determinador de ese plan para sobornar a exparamilitares, quienes fueron presionados para cambiar su versión de los hechos ante la justicia. En lo que se conoce como el caso Uribe se sabe que hubo personas cercanas al exprimer mandatario que le ayudaron a cumplir su estrategia ilegal. Y que, además, tienen cuentas pendientes con la justicia.
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Diego Cadena y Juan José Salazar
El próximo 15 de agosto, el exabogado del expresidente, Diego Cadena, y su socio, Juan José Salazar, conocerán si son condenados en primera instancia por el caso Uribe. De acuerdo con la Fiscalía, los dos penalistas realizaron visitas a distintas cárceles del país y habrían entregado sumas de dinero a desmovilizados de las autodefensas para manipular sus testimonios y que estos señalaran al senador Iván Cepeda de haberles ofrecido dádivas a cambio de involucrar a la familia Uribe Vélez con el paramilitarismo. El ente investigador, quien los llamó a juicio en 2020, se centró en sus visitas con los paramilitares Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso.
En su defensa, el abogado Cadena explicó que le pidió a Vélez que escribiera su testimonio, pero que él se negó porque escribía muy despacio, por lo que le pidió a Cadena que se la escribiera y él firmaba la declaración como suya. Ante esa afirmación, el fiscal del caso ha dicho que su actuación fue irresponsable. El abogado Cadena ha insistido que tiene la trazabilidad de todos los pagos hechos a Vélez, y que todo se trató de una ayuda humanitaria. Sin embargo, para el ente investigador, esa versión no es creíble, pues Cadena habría ofrecido $200 millones y entregó $26 millones que distan de ser una “ayuda humanitaria” porque terminaron sirviendo para gastos corrientes y no viáticos.
Álvaro Hernán Prada, excongresista y magistrado del CNE
Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema avanza el juicio contra el excongresista del Centro Democrático y actual magistrado del Consejo Nacional Electora, Álvaro Hernán Prada, por su posible participación en una de las redes que intentó torcer testigos a favor del líder de su partido político. Prada es acusado por presuntamente buscar a Juan Guillermo Monsalve, a través de un hombre conocido con el alias “Caliche”. Ese contacto que habría buscado Prada, dice la Corte, era para ejercer presiones ante Monsalve con el fin de que se retractara de los señalamientos que había hecho en contra del expresidente y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez.
A juicio de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, “Prada habría instrumentalizado y aprovechado la condición de congresista para conservar su liderazgo político y también para abordar al testigo de la actuación penal a través de un intermediario, por lo cual se desviaron o se usaron de forma abusiva sus funciones como representante a la Cámara”. Según documentó la Fiscalía, alias “Caliche”, desde Neiva (Huila), le escribió a Monsalve para que grabara un video con su retractación sobre la familia Uribe. Todo, dice el ente investigador, por petición de Prada y de Uribe mismo. El magistrado ha dicho que jamás ejerció presiones indebidas y que nunca se le permitió ejercer su debida defensa por parte de la Corte Suprema.
“Durante más de tres años, el senador Iván Cepeda recorrió establecimientos carcelarios para entrar en contacto con delincuentes peligrosos en búsqueda de una acusación sin sustento contra el expresidente Uribe Vélez, con las consecuencias que conocemos ampliamente. Dentro de las cosas más absurdas de este proceso judicial es la forma como me involucran en el mismo. Lamentablemente, he tenido que vivir la vulneración de mis derechos fundamentales, como el de la defensa y el de la presunción de inocencia, lo cual no solo ha causado sufrimiento en mí, sino a toda mi familia”, ha señalado Álvaro Hernán Prada a lo largo del proceso.
Enrique Pardo Hasche y Samuel Arturo Sánchez
Desde noviembre de 2024, el condenado secuestrador Enrique Pardo Hasche y el abogado penalista Samuel Arturo Sánchez fueron llamados al banquillo de los acusados por la Fiscalía, que los acusa de ser miembros de la supuesta red que torcía testigos a favor de Uribe. Y de la mano de uno de los personajes claves que ya mencionamos en este artículo: Diego Cadena. El ente investigador afirma que Pardo le facilitó encuentros en la cárcel La Picota al exabogado de Uribe Vélez con el testigo Monsalve. El fiscal del caso, Daniel Hernández, afirmó que Pardo ejerció presión sobre Monsalve para que aceptara retractarse, incluso, alcanzó a describir a Uribe “casi como Dios”, hechos que quedaron grabados por Monsalve en un reloj espía.
Por su parte, de acuerdo con Fiscalía, en 2017, Samuel Sánchez, amigo del abogado Cadena, habría colaborado para que el paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, mantuviera un testimonio falso ante la Corte Suprema de Justicia. La intención habría sido la misma: modificar su versión original en beneficio del expresidente Álvaro Uribe. La Fiscalía también presentó una carta presuntamente escrita por Sánchez junto a alias “Víctor” y enviada a Cadena, destinada al equipo de defensa del entonces senador Uribe para presentar en el proceso contra el congresista Iván Cepeda, víctima reconocida del proceso.
El fallo de este 28 de julio marca un hito sin precedentes en este extenso proceso. Pero la historia judicial del caso Uribe no termina aquí. En los próximos meses se esperan decisiones clave en varios de estos procesos de quienes habrían sido los presuntos colaboradores del expresidente. El futuro de Uribe Vélez, de sus aliados judiciales y políticos, y de su legado, sigue dependiendo de lo que determinen los estrados. Por ahora solo queda esperar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
