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En septiembre de 2019, la Contraloría dejó un dato que refleja la emergencia padecida en el proyecto hidroeléctrico más ambicioso en Colombia: Hidroituango, que proveerá el 17 % de la energía del país, tardaría alrededor de 35 años en ser rentable. Una casa de máquinas destruida, las proyecciones de un posible colapso total y miles de pobladores desplazados son los elementos que rodearon la crisis. La Procuraduría radicó ese año una acción popular para proteger y resarcir a los afectados. Luego de superar trabas procedimentales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió, por fin, la demanda contra los privados y entidades públicas responsables de la megaobra.
Hidroituango ha sido un dolor de cabeza para Empresas Públicas de Medellín (EPM), que en 2010 se comprometió a construir, operar y explotar comercialmente, junto a un contratista, la hidroeléctrica que se prevé este año inicie funciones sobre el río Cauca, en Antioquia. Según la Procuraduría, alrededor de 113.000 habitantes resultaron desplazados desde 2018, cuando se taponaron los túneles auxiliares de desviación, tras desprendimientos continuos de grandes cantidades de tierra. Estuvo latente la posibilidad del derrumbe total, crisis subsanada con maniobras críticas que afectaron el cauce del río.