Historias de terror del frente 47

En un documento conocido por El Espectador, la Fiscalía se adentra en algunos de los delitos más atroces que cometió el frente 47 de las Farc durante su reinado del terror en el oriente de Caldas. El ente investigador se prepara para imputarles cargos a 14 exintegrantes de esta estructura guerrillera, que por años estuvo bajo el mando de una de las criminales más sanguinarias que ha conocido el país: Elda Neyis Mosquera, alias Karina.

Durante años el frente 47 de las Farc —también conocido como frente Noroccidental— fue el amo y señor del oriente de Caldas. En 2002 llegó a haber en esa región del país más guerrilleros que policías y militares. Desde 2003, la Fuerza Pública hizo hasta lo imposible por obligar a esta estructura guerrillera a replegarse. Sin embargo, fue un golpe desde adentro el que dio al traste con el frente 47 y decretó el inicio de su final. Sucedió el 3 de marzo de 2008.

Ese día, Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, en ese entonces miembro del frente 47 y encargado de la seguridad del miembro del secretariado de las Farc, alias Iván Ríos, a quien asesinó y como prueba de ello anduvo con su mano hasta que se entregó a las autoridades. Ahí empezó a resquebrajarse el frente 47. Había soportado el embate del Ejército y los paramilitares, pero la muerte de Ríos desencadenó la caída uno tras otro de sus jefes, hasta que el 18 de mayo de 2008 su comandante, alias Karina se entregó a las autoridades.

Entre los crímenes por los que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía investiga al frente 47 están los homicidios de varios líderes de la región, hostigamientos, secuestros y desapariciones forzadas. Uno de los primeros que se han documentado es la masacre de tres personas en Samaná, el 11 de enero de 2002. Uno de los exguerrilleros que será imputado, Darío García Muñoz, recordó al respecto que “había una política de que a quien fuera forastero había que matarlo, eso había que consultárselo a los jefes supremos, pero era la política”. José Norbey Arias, José Edwin Pérez y Alexánder Quiceno Cárdenas, las víctimas de ese día, fueron asesinados sencillamente por ser unos desconocidos en esa, por entonces, tierra de las Farc.

Ese mismo mes, cinco días después, la organización guerrillera secuestró a la inspectora de Policía de Samaná. Uno de los imputados, Iovany García García, recordó el cinismo con el que se cometió ese delito. “Haciendo un retén en Rancho Largo detuvimos una flota y nos subimos a ella y entonces esa señora nos reconoció. Hicimos bajar a todas las personas del bus, pero ella no quiso descender, entonces nos la llevamos con todo y bus”. La mujer fue liberada ocho días después por presión de sus familiares.

Entre los crímenes también se encuentra el asesinato de la exalcaldesa de Marquetalia, Rubiela Hoyos Loaiza. Al respecto, los mismos exguerrilleros aseguraron que el 10 de febrero de 2002, cuando la líder se dirigía a una reunión política en la vereda El Vergel, del municipio de Marquetalia, cerca a la escuela la secuestraron junto a su hija, quien fue liberada posteriormente.

Mientras se movilizaban con ella, entraron en conflicto con los paramilitares, quienes al no poder vencerlos, “mataron unas personas y saquearon un negocio”. Luego la mataron. Sin embargo, las Farc supieron que había delegados dando plata para liberarla, por lo que un tal alias Moncholo “dijo que había que ver cómo se escondía [el crimen]”.

Los exguerrilleros también confesaron su participación en los homicidios de Israel Trujillo Cardona, José Nicolás Montoya, Nelson de Jesús Orozco Valencia —por no pagar vacunas o por, presuntamente, apoderarse de dineros que la guerrilla consideraba suyos— y hostigamientos a Pueblo Nuevo y Samaná. Incluso comentaron que el segundo de estos ataques lo realizaron como cortina de humo para que mientras la Policía repelía el ataque, ellos tuvieran tiempo de asesinar en plena plaza principal a un señor que identificaron como “el de las papas” y atentar contra la vida de Javier Bedoya García, un comerciante que se negó a pagar las vacunas que esa organización guerrillera le exigía y que se salvó de morir porque las granadas que los delincuentes lanzaron sobre su casa no explotaron.

Estos son apenas unos de los crímenes que se le endilgan a este frente, que convirtió al oriente de Caldas en su santuario, su “zona de distensión”, que lideró una de las mujeres más sanguinarias que se hayan conocido, que se desmoronó producto de una traición y que hoy es recordado con horror por quienes tuvieron que vivir su violencia.

En un documento conocido por El Espectador, la Fiscalía se adentra en algunos de los delitos más atroces que cometió el frente 47 de las Farc durante su reinado del terror en el oriente de Caldas. El ente investigador se prepara para imputarles cargos a 14 exintegrantes de esta estructura guerrillera, que por años estuvo bajo el mando de una de las criminales más sanguinarias que ha conocido el país: Elda Neyis Mosquera, alias Karina.

Durante años el frente 47 de las Farc —también conocido como frente Noroccidental— fue el amo y señor del oriente de Caldas. En 2002 llegó a haber en esa región del país más guerrilleros que policías y militares. Desde 2003, la Fuerza Pública hizo hasta lo imposible por obligar a esta estructura guerrillera a replegarse. Sin embargo, fue un golpe desde adentro el que dio al traste con el frente 47 y decretó el inicio de su final. Sucedió el 3 de marzo de 2008.

Ese día, Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, en ese entonces miembro del frente 47 y encargado de la seguridad del miembro del secretariado de las Farc, alias Iván Ríos, a quien asesinó y como prueba de ello anduvo con su mano hasta que se entregó a las autoridades. Ahí empezó a resquebrajarse el frente 47. Había soportado el embate del Ejército y los paramilitares, pero la muerte de Ríos desencadenó la caída uno tras otro de sus jefes, hasta que el 18 de mayo de 2008 su comandante, alias Karina se entregó a las autoridades.

Entre los crímenes por los que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía investiga al frente 47 están los homicidios de varios líderes de la región, hostigamientos, secuestros y desapariciones forzadas. Uno de los primeros que se han documentado es la masacre de tres personas en Samaná, el 11 de enero de 2002. Uno de los exguerrilleros que será imputado, Darío García Muñoz, recordó al respecto que “había una política de que a quien fuera forastero había que matarlo, eso había que consultárselo a los jefes supremos, pero era la política”. José Norbey Arias, José Edwin Pérez y Alexánder Quiceno Cárdenas, las víctimas de ese día, fueron asesinados sencillamente por ser unos desconocidos en esa, por entonces, tierra de las Farc.

Ese mismo mes, cinco días después, la organización guerrillera secuestró a la inspectora de Policía de Samaná. Uno de los imputados, Iovany García García, recordó el cinismo con el que se cometió ese delito. “Haciendo un retén en Rancho Largo detuvimos una flota y nos subimos a ella y entonces esa señora nos reconoció. Hicimos bajar a todas las personas del bus, pero ella no quiso descender, entonces nos la llevamos con todo y bus”. La mujer fue liberada ocho días después por presión de sus familiares.

Entre los crímenes también se encuentra el asesinato de la exalcaldesa de Marquetalia, Rubiela Hoyos Loaiza. Al respecto, los mismos exguerrilleros aseguraron que el 10 de febrero de 2002, cuando la líder se dirigía a una reunión política en la vereda El Vergel, del municipio de Marquetalia, cerca a la escuela la secuestraron junto a su hija, quien fue liberada posteriormente.

Mientras se movilizaban con ella, entraron en conflicto con los paramilitares, quienes al no poder vencerlos, “mataron unas personas y saquearon un negocio”. Luego la mataron. Sin embargo, las Farc supieron que había delegados dando plata para liberarla, por lo que un tal alias Moncholo “dijo que había que ver cómo se escondía [el crimen]”.

Los exguerrilleros también confesaron su participación en los homicidios de Israel Trujillo Cardona, José Nicolás Montoya, Nelson de Jesús Orozco Valencia —por no pagar vacunas o por, presuntamente, apoderarse de dineros que la guerrilla consideraba suyos— y hostigamientos a Pueblo Nuevo y Samaná. Incluso comentaron que el segundo de estos ataques lo realizaron como cortina de humo para que mientras la Policía repelía el ataque, ellos tuvieran tiempo de asesinar en plena plaza principal a un señor que identificaron como “el de las papas” y atentar contra la vida de Javier Bedoya García, un comerciante que se negó a pagar las vacunas que esa organización guerrillera le exigía y que se salvó de morir porque las granadas que los delincuentes lanzaron sobre su casa no explotaron.

Estos son apenas unos de los crímenes que se le endilgan a este frente, que convirtió al oriente de Caldas en su santuario, su “zona de distensión”, que lideró una de las mujeres más sanguinarias que se hayan conocido, que se desmoronó producto de una traición y que hoy es recordado con horror por quienes tuvieron que vivir su violencia.