Honrar la memoria del padre: detrás del crimen de Jorge Freytter Romero

El caso es mucho más profundo, pues más allá de esclarecer los hechos, también daría mayores luces sobre el fenómeno del paramilitarismo en el interior de las universidades públicas del Caribe y la manguala con las mismas administraciones universitarias y la clase política regional. El día en el que desapareció Freytter, su hijo Jorge tenía 15 años y aún no había culminado el bachillerato. La delicada situación de seguridad a la que pasó su familia tras la muerte de su padre obligó a su exilio en el País Vasco. Hasta allá llegó a través de la Comisión Internacional de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Su hermano mayor hizo lo propio en Canadá.

Lea: Revelaciones del crimen de Jorge Adolfo Freytter

Jorge Freytter Florián ha dedicado los último 17 años de su vida a presionar al Estado, con la esperanza de que se conozca la verdad en el caso de su padre y, desde finales de febrero hasta mediados de marzo, estuvo en Colombia, en compañía de una comisión del País Vasco, intentando destrabar la investigación. Decidió honrar la memoria de su padre, lograr que su crimen sea declarado de lesa humanidad y enmarcar los hechos dentro de las vulneraciones sistemáticas en contra de líderes sindicales en el Caribe.

“Nos vimos en la obligación de llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró la admisibilidad de la demanda en 2013. Desde ahí hemos presionando al Estado para que haya verdad, justicia y reparación. Este caso está dentro de la sistematicidad criminal que hay contra el movimiento sindical, líderes estudiantiles y profesores críticos en las universidades públicas de Colombia”, dice.

Según cuenta Freytter, en el período entre 1998 y 2007, las universidades públicas fueron utilizadas como parte de una estrategia de apoderamiento por parte de los grupos paramilitares. Una época en la que se compraban decanos y rectores, había nóminas paralelas y se hacía una campaña de seguimiento a los profesores críticos del establecimiento. “El paramilitarismo se tomó las universidades públicas a punta de sangre y en compañía de políticos”, comenta.

Luego de que la CIDH aceptara el caso, Freytter inició un proceso de solución amistosa con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en la que se solicitan varias medidas de reparación, como que se llegue al fondo de la investigación, se conozcan los motivos reales por los que se ordenó el asesinato del profesor y se determine qué relación tiene su muerte con las denuncias que realizaba en contra de las directivas universitarias por irregularidades en el manejo de los recursos que debían ser destinados a los trabajadores.

Existen registros académicos que señalan que, en efecto, el paramilitarismo llegó a las universidades estatales, sobre todo en el Caribe, y que sostiene que en muchas de estas los rectores y cuerpos directivos no fueron elegidos de manera democrática, sino por jefes paramilitares de la región. En el interior de las instituciones el fenómeno paramilitar realizó una purga, en donde profesores, estudiantes y trabajadores con tendencias de izquierda fueron eliminados.

Ahora, más allá de la búsqueda de la verdad en el caso de su padre, Freytter quiere que se abra el debate sobre la incursión del paramilitarismo en la universidad pública y el papel del alma máter como victimaria. “En esos gobiernos universitarios se permitió el ingreso del paramilitarismo. No hay una investigación judicial sobre eso ni sobre la relación entre los gobiernos universitarios y concejales, senadores y representantes que están vinculados con grupos paramilitares”, explica Freytter.

Lo que dice es apoyado por varias víctimas del paramilitarismo en las universidades con quien se entrevistó mientras estuvo en Colombia, quienes sostienen que aún es palpable la injerencia del paramilitarismo dentro de la universidad pública. Asimismo, hay un reclamo por parte de quienes han sufrido directamente el fenómeno y el manejo que ha tenido la reparación dentro del espacio universitario. Por ejemplo, es un sentir general que las víctimas no son el centro del debate y que los espacios en los que confluyen las entidades del Estado, como la Unidad de Víctimas, están llenos de burocracia.

“Hay silencio y miedo por parte de las víctimas para hablar. Dicen que puedn ser asesinadas o perseguidas. Entonces, no hay participación de profesores ni estudiantes en la actividad política”, apunta Freytter. Una de las propuestas de su intervención es que creen tribunales de verdad en el interior de las universidades, en los que participen las víctimas, y se elabore un diagnóstico propio de la situación en los centros académicos y que esto se pueda convertir en un aporte a la Comisión de la Verdad.

El caso, por cuenta de que Freytter tiene la nacionalidad española, ha tomado relevancia en el ámbito internacional. En la comisión de Derechos Humano del Parlamento Vasco se han presentado avances en la investigación en Colombia y se le hace seguimiento al proceso en la CIDH y, en general, al comportamiento de la violencia en el interior de las universidades públicas del país. Para Freytter, desde lo internacional, hay algo claro: “Colombia ya no está aislado. La comunidad europea está observando lo que sucede aquí. La Unión Europea (EU) destina recursos para la protección de los derechos humanos y es importante que sepan que ha habido sistematicidad, una política de aniquilar el pensamiento crítica, tanto en el periodo de la seguridad democrática como en el periodo del Nobel de Paz”.

El caso es mucho más profundo, pues más allá de esclarecer los hechos, también daría mayores luces sobre el fenómeno del paramilitarismo en el interior de las universidades públicas del Caribe y la manguala con las mismas administraciones universitarias y la clase política regional. El día en el que desapareció Freytter, su hijo Jorge tenía 15 años y aún no había culminado el bachillerato. La delicada situación de seguridad a la que pasó su familia tras la muerte de su padre obligó a su exilio en el País Vasco. Hasta allá llegó a través de la Comisión Internacional de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Su hermano mayor hizo lo propio en Canadá.

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Jorge Freytter Florián ha dedicado los último 17 años de su vida a presionar al Estado, con la esperanza de que se conozca la verdad en el caso de su padre y, desde finales de febrero hasta mediados de marzo, estuvo en Colombia, en compañía de una comisión del País Vasco, intentando destrabar la investigación. Decidió honrar la memoria de su padre, lograr que su crimen sea declarado de lesa humanidad y enmarcar los hechos dentro de las vulneraciones sistemáticas en contra de líderes sindicales en el Caribe.

“Nos vimos en la obligación de llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró la admisibilidad de la demanda en 2013. Desde ahí hemos presionando al Estado para que haya verdad, justicia y reparación. Este caso está dentro de la sistematicidad criminal que hay contra el movimiento sindical, líderes estudiantiles y profesores críticos en las universidades públicas de Colombia”, dice.

Según cuenta Freytter, en el período entre 1998 y 2007, las universidades públicas fueron utilizadas como parte de una estrategia de apoderamiento por parte de los grupos paramilitares. Una época en la que se compraban decanos y rectores, había nóminas paralelas y se hacía una campaña de seguimiento a los profesores críticos del establecimiento. “El paramilitarismo se tomó las universidades públicas a punta de sangre y en compañía de políticos”, comenta.

Luego de que la CIDH aceptara el caso, Freytter inició un proceso de solución amistosa con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en la que se solicitan varias medidas de reparación, como que se llegue al fondo de la investigación, se conozcan los motivos reales por los que se ordenó el asesinato del profesor y se determine qué relación tiene su muerte con las denuncias que realizaba en contra de las directivas universitarias por irregularidades en el manejo de los recursos que debían ser destinados a los trabajadores.

Existen registros académicos que señalan que, en efecto, el paramilitarismo llegó a las universidades estatales, sobre todo en el Caribe, y que sostiene que en muchas de estas los rectores y cuerpos directivos no fueron elegidos de manera democrática, sino por jefes paramilitares de la región. En el interior de las instituciones el fenómeno paramilitar realizó una purga, en donde profesores, estudiantes y trabajadores con tendencias de izquierda fueron eliminados.

Ahora, más allá de la búsqueda de la verdad en el caso de su padre, Freytter quiere que se abra el debate sobre la incursión del paramilitarismo en la universidad pública y el papel del alma máter como victimaria. “En esos gobiernos universitarios se permitió el ingreso del paramilitarismo. No hay una investigación judicial sobre eso ni sobre la relación entre los gobiernos universitarios y concejales, senadores y representantes que están vinculados con grupos paramilitares”, explica Freytter.

Lo que dice es apoyado por varias víctimas del paramilitarismo en las universidades con quien se entrevistó mientras estuvo en Colombia, quienes sostienen que aún es palpable la injerencia del paramilitarismo dentro de la universidad pública. Asimismo, hay un reclamo por parte de quienes han sufrido directamente el fenómeno y el manejo que ha tenido la reparación dentro del espacio universitario. Por ejemplo, es un sentir general que las víctimas no son el centro del debate y que los espacios en los que confluyen las entidades del Estado, como la Unidad de Víctimas, están llenos de burocracia.

“Hay silencio y miedo por parte de las víctimas para hablar. Dicen que puedn ser asesinadas o perseguidas. Entonces, no hay participación de profesores ni estudiantes en la actividad política”, apunta Freytter. Una de las propuestas de su intervención es que creen tribunales de verdad en el interior de las universidades, en los que participen las víctimas, y se elabore un diagnóstico propio de la situación en los centros académicos y que esto se pueda convertir en un aporte a la Comisión de la Verdad.

El caso, por cuenta de que Freytter tiene la nacionalidad española, ha tomado relevancia en el ámbito internacional. En la comisión de Derechos Humano del Parlamento Vasco se han presentado avances en la investigación en Colombia y se le hace seguimiento al proceso en la CIDH y, en general, al comportamiento de la violencia en el interior de las universidades públicas del país. Para Freytter, desde lo internacional, hay algo claro: “Colombia ya no está aislado. La comunidad europea está observando lo que sucede aquí. La Unión Europea (EU) destina recursos para la protección de los derechos humanos y es importante que sepan que ha habido sistematicidad, una política de aniquilar el pensamiento crítica, tanto en el periodo de la seguridad democrática como en el periodo del Nobel de Paz”.