'Hoy es un día para repudiar a los victimarios, sin importar si fueron las FARC, el ELN, o las AUC": Procurador

La Procuraduría General aseguró que el Estado tiene la obligación de garantizarle el derecho a la reparación integral de las víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado interno. En este sentido se manifiesta que se debe garantizar el derecho sin importar el nombre del grupo armado ilegal que cometieron los ataques contra la población civil.

Para el órgano de control disciplinario, la marcha que se adelantara este jueves en todo el país debe ser además un repudio a los victimarios, sin importar si fueron las Farc, el ELN o las AUC, así como agentes del Estado. “El fin de la violencia, indistintamente de cuál sea la razón que se invoque para pretender justificar lo injustificable, debe ser la prioridad de la sociedad colombiana”.

Ante esto se señala que la mejor manera de homenajear la memoria de las víctimas es el reconocimiento de sus derechos y la búsqueda de la no impunidad, para lo cual es indispensable que los victimarios reconozcan su calidad y pidan perdón de manera pública por sus actos atroces. “El ‘negacionismo’ de los victimarios no permite la reconciliación. La Procuraduría insiste: no importa quién sea el victimario”.

Igualmente se le hizo un llamado a las instituciones del Estado responsables de la ejecución de la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) para que avancen de manera efectiva en la implementación de las medidas de reparación integral allí previstas en beneficio de los colombianos afectados por el conflicto armado.

Este organismo de control ha advertido en varias oportunidades sobre los riesgos de que un importante porcentaje de las víctimas queden al margen de los mínimos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición que el Estado debe asegurarle a esta población.

Igualmente se le solicitó a las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) en aras de acelerar los procesos y rutas para la implementación y materialización de las medidas que creó la Ley 1448 de 2011 y que reclaman superar la continua reformulación del diseño y planeación de la política pública.

La Procuraduría General aseguró que el Estado tiene la obligación de garantizarle el derecho a la reparación integral de las víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado interno. En este sentido se manifiesta que se debe garantizar el derecho sin importar el nombre del grupo armado ilegal que cometieron los ataques contra la población civil.

Para el órgano de control disciplinario, la marcha que se adelantara este jueves en todo el país debe ser además un repudio a los victimarios, sin importar si fueron las Farc, el ELN o las AUC, así como agentes del Estado. “El fin de la violencia, indistintamente de cuál sea la razón que se invoque para pretender justificar lo injustificable, debe ser la prioridad de la sociedad colombiana”.

Ante esto se señala que la mejor manera de homenajear la memoria de las víctimas es el reconocimiento de sus derechos y la búsqueda de la no impunidad, para lo cual es indispensable que los victimarios reconozcan su calidad y pidan perdón de manera pública por sus actos atroces. “El ‘negacionismo’ de los victimarios no permite la reconciliación. La Procuraduría insiste: no importa quién sea el victimario”.

Igualmente se le hizo un llamado a las instituciones del Estado responsables de la ejecución de la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) para que avancen de manera efectiva en la implementación de las medidas de reparación integral allí previstas en beneficio de los colombianos afectados por el conflicto armado.

Este organismo de control ha advertido en varias oportunidades sobre los riesgos de que un importante porcentaje de las víctimas queden al margen de los mínimos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición que el Estado debe asegurarle a esta población.

Igualmente se le solicitó a las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) en aras de acelerar los procesos y rutas para la implementación y materialización de las medidas que creó la Ley 1448 de 2011 y que reclaman superar la continua reformulación del diseño y planeación de la política pública.